De frente a sus declaratorias sobre el fin del neoliberalismo en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene en sus manos el futuro del imperio de telecomunicaciones de Carlos Slim. En marzo de 2023 deberá decidir si cancela o renueva hasta el año 2056 la concesión de Telmex, la joya de la corona de la fiebre privatizadora del expresidente Carlos Salinas, en el inicio de lo que para la 4T fue el “trágico periodo” de ese modelo económico.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Georgina Navarro Nava lleva dos años intentando abrir un pequeño negocio de materias primas, con un capital de 50 mil pesos, pero se ha enfrentado a un alud de trámites burocráticos que le han impedido echarlo a andar.

Como ella, miles de pequeños inversionistas forman parte de las estadísticas del informe Doing Business, del Banco Mundial, en el que se advierte que México es uno de los países más difíciles para emprender un negocio, pues se requiere realizar al menos 35 trámites que a una persona le pueden tomar hasta 500 días, además de que tiene que pagar las “mordidas” que los empleados públicos exigen para realizar el papeleo.

Sin embargo ese no fue el caso del empresario Carlos Slim Helú –uno de los hombres más ricos del mundo–, quien en 2016, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, realizó un trámite que le implicó menos de una semana para recibir la autorización de la renovación del Título de Concesión de Teléfonos de México, a cambio de un pago simbólico de 5 mil 482 pesos para explotar 30 años más los servicios telefónicos de Telmex, empresa con más de 21 millones de suscriptores con servicios de telefonía e internet.

Pero la entrega de la concesión no está concretada completamente; el empresario tiene hasta el 11 de marzo de 2023 para cumplir con todas las condiciones impuestas. Así, el presidente Andrés Manuel López Obrador tendría en sus manos la decisión de renovar o dar por concluida la concesión telefónica, si la compañía de Slim deja de seguir cumpliendo su papel preponderante.

En ese contexto, la renovación del Título de Concesión de Telmex le salió en un pago “simbólico”.

En medio de los escándalos de corrupción por el Caso Odebrecht y la Casa Blanca, que involucraron al gobierno de Peña Nieto, el empresario de las telecomunicaciones –que opera servicios telefónicos en 30 países– recibió la autorización de renovación de Telmex hasta el año 2056. En total, Slim tendría bajo su dominio la explotación comercial de Telmex durante 66 años.

Sólo en el primer año de la privatización de Telmex sus utilidades fueron cercanas a 8 billones de pesos. Con ese recurso, Slim pudo comprar los cinco principales bancos que operaban en México, pero él y sus socios decidieron capitalizar la compañía y a partir de ahí sentar las bases de lo que en menos de un decenio se convertiría en un imperio telefónico que, vía América Móvil, se desplegaría como portaaviones por América Latina, Europa y parte de Estados Unidos.

Las compañías telefónicas de Slim figuran entre las empresas que más ganancias generan en la economía mexicana.

La renovación de la concesión, otorgada en el gobierno de Peña Nieto, se hizo en los mismos términos en los cuales fue autorizada por el gobierno de Salinas de Gortari en 1990, cuando el neoliberalismo brillaba en todo su esplendor.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones fue el órgano que se encargó de realizar la transacción y condicionó la entrega del Título de Concesión al empresario Carlos Slim a cumplir, antes del 11 de marzo de 2023, con la disposición de que Telmex deje de operar como una entidad preponderante, algo que resulta complicado.

Desde 2014 Telmex emprendió una estrategia para compartir los servicios de banda ancha y telefonía fija, con el propósito de cumplir con la llamada “regulación asimétrica” y con ello obtener la renovación de la concesión.

Otra de las decisiones para no incurrir en la preponderancia fue dividir a Telmex, separarla de sus otras compañías (Telcel y América Móvil) en tanto se promovía que las empresas minoristas compartieran parte del pastel que Telmex había convertido en un monopolio.

De esa manera, en 2020, de los 20.4 millones de accesos a internet fijo, 48% correspondieron a Telmex; 25% a Grupo Televisa; 16% a Megacable; 10% a TotalPlay, y el resto, 10%, se encuentra repartido entre 15 operadores minoritarios.

Base de la riqueza

Salvo Jacques Rogozinski, el encargado de las privatizaciones durante el sexenio de Carlos Salinas, todo el mundo da por un hecho que Telmex fue la base de la riqueza de Slim.

Rogozinski ha insistido en que la privatización se hizo sin amiguismos y que no fue Slim, sino sus socios de Francia y Estados Unidos quienes mayormente se beneficiaron.

En 1990, cuando se hizo la subasta por Telmex, Slim y socios hicieron la oferta más alta: mil 734 millones de dólares. De esa cantidad, Slim y 14 socios aportaron 442.8 millones de dólares; el resto corrió por la cuenta de France Telecom y Souhtwestern Bell. Slim había llegado al límite de su capacidad financiera. La bonanza vendría después.

Gracias a las ganancias generadas por el monopolio de las telecomunicaciones, Slim ocupó durante cuatro años consecutivos (2010- 2014) el primer lugar de la revista Forbes como el hombre más rico del mundo, por encima de Bill Gates, icono de la riqueza a escala global.

Treinta años después y a seis años de que concluya la primera concesión, Slim ya tiene virtualmente asegurada la ampliación por otros 30 años.

Lucha de poderes

La relación entre el empresario Carlos Slim y el presidente López Obrador es un péndulo que va de los encuentros a los desencuentros.

Las primeras diferencias entre ambos ocurrieron cuando el tabasqueño despachaba como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, con el rescate del Centro Histórico. En esos años, el gobierno del presidente Vicente Fox y el empresario fueron los principales aportantes para el rescate. La relación entre el ahora mandatario y el dueño de Telmex se tensó cuando el político tabasqueño realizó el megaplantón sobre Paseo de la Reforma, en protesta contra los resultados oficiales de las elecciones presidenciales de 2006. En ese entonces, Slim dijo que era “kafkiano” que el entonces candidato del PRD tomara como rehén la ciudad que él había gobernado.

Años después, con el inicio del presente sexenio, vino el episodio de la cancelación del aeropuerto en Texcoco.

En el contexto del plan aeroportuario, Slim fue el mayor perdedor por la cancelación de la obra, cuyo proyecto costaría 13 mil millones de dólares. Entre las inversiones en esa construcción, Slim poseía mil 600 millones de dólares en Fibra E, una sociedad limitada y un fideicomiso de inversión en infraestructura.

En febrero de 2020, cuando López Obrador convocó a los cien empresarios más importantes de México a la cena de tamales y atole en Palacio Nacional, Slim fue uno de los que menos aportaron, algo que incomodó al tabasqueño.

Semanas después de la famosa cena del “pase de charola” para la rifa del avión presidencial –herencia del gobierno de Peña Nieto–, López Obrador solicitó a las autoridades del Sistema de Administración Tributaria la lista de los empresarios que mantenían adeudos con el fisco, y uno de ellos fue Slim, quien de inmediato cubrió sus pendientes y adelantó un pago como “muestra de solidaridad” ante las condiciones que enfrentaba el país por la pandemia por covid-19.

Sin embargo, antes del inicio del gobierno de la autoproclamada Cuarta Transformación, la administración de Peña Nieto le condonó a las empresas de Slim millones de pesos en impuestos.

En 2016, Banco Inbursa fue condonado por 14 millones 794 mil pesos; a América Móvil, el titán de las comunicaciones del imperio Slim, se le condonaron 57 millones en 2017; a Seguros Inbursa, 7 millones, e Inversora Carso obtuvo en 2018 una condonación de impuestos por 126 millones de pesos.

Para limar asperezas, Slim fue invitado a participar en las obras del Tren Maya, pero cuando las cosas marchaban para mejorar las relaciones con el gobierno, ocurrió la tragedia de la Línea 12 del Metro, cuyo peritaje responsabilizó a la constructora del empresario por la pésima calidad de los materiales del tramo siniestrado, y Slim se comprometió a reparar. Hasta el momento no ha habido sanciones para los responsables de la tragedia.

Concesión envenenada

En 1990 Carlos Salinas de Gortari le otorgó al empresario Carlos Slim y a sus socios la concesión de Teléfonos de México, que incluía toda la infraestructura de la compañía que usufructúa bienes del dominio de la nación.

Slim aún no cumplía 50 años cuando recibió la concesión. El nuevo dueño de Telmex era conocido en los círculos empresariales, pero desconocido para el resto de los mexicanos. A partir de que le fue asignado el control de la telefónica comenzó la leyenda que lo convirtió en uno de los personajes más populares y mediáticos de México y en uno de los hombres más ricos del mundo.

Cuando Slim resultó beneficiado con la política de privatizaciones de Salinas, Cuauhtémoc Cárdenas, líder de la izquierda mexicana, presentó ante la Cámara de Diputados una demanda de “juicio político” contra el entonces presidente Salinas y miembros de su gabinete por haberse “confabulado” en la venta de la empresa más importante del Estado; la demanda también exigía castigos penales contra los funcionarios que intervinieron en la privatización y aquellos que participaron en la negociación, como fue el caso del ingeniero Slim.

La denuncia fue presentada ante las más altas instancias del gobierno, a quienes se demandó la “declaración de nulidad absoluta” de la privatización.

La demanda presentada por el entonces líder del PRD –quien dos años antes contendió junto con Salinas por la Presidencia de la República– tuvo el respaldo de los legisladores de su partido, lo mismo de la nomenclatura del PRD, incluido el ahora presidente López Obrador.

El escándalo de la privatización de la telefónica ha perdurado a lo largo de los años. El encargado de implementar la política de las privatizaciones, Jacques Rogozinski, ha escrito artículos periodísticos, e incluso un libro, en el cual señala a la prensa de actuar de mala fe y de estar manipulada por intereses empresariales que se vieron afectados.

El autor mismo dice que aportó “dinero de sus bolsillos” para defender con sus abogados algunos juicios ante tribunales por las campañas de “difamación” que pusieron en duda la “transparencia” en la privatización de Telmex y su honorabilidad como funcionario.

Dos académicos estadunidenses que cuestionaron la venta de la telefónica y el enriquecimiento desmedido de Slim fueron censurados y demandados por Rogozinski, por publicar señalamientos en el sentido de que la oferta del ingeniero por la telefónica no había sido la “más alta” y por considerar que éste se enriqueció gracias a sus contactos políticos.

El propio Slim mostró su malestar por la publicación del libro: Why nations fail? The origins of Power, Prosperity and Poverty (Por qué fracasan los países. Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza), donde lo cuestionan los académicos Daron Acemoglu, profesor de economía en el MIT, y James A. Robinson, profesor de economía de la Universidad de Harvard. La obra recibió elogios de los más sobresalientes economistas, entre otros, de tres premios Nobel de Economía: George Akerlof, Kenneth J. Arrow y Robert Solow.

Ahora mismo Slim está en el centro del debate porque se acerca la fecha de la renovación de la concesión de Telmex, que va a coincidir con el último tramo del gobierno del presidente López Obrador, en el que habrán de tomarse decisiones de carácter histórico.

Cuando la izquierda encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, respaldado por López Obrador y toda la dirigencia del PRD y sus legisladores, demandó que se cancelara la concesión de Slim sobre Telmex, expusieron, entre otras demandas, que las cosas vuelvan al estado en el cual se encontraban antes de la privatización, que las partes se restituyan mutuamente lo que se hubieran entregado en la misma forma, condiciones y términos, incluyendo acciones, pagos y todo lo que por hecho y derecho le corresponde a Teléfonos de México, y que Teléfonos de México reintegre al erario las utilidades e intereses que se causaron y se siguen causando desde el 1 de enero de 1990 hasta el cumplimiento de esta resolución del presente procedimiento administrativo, y de la misma forma se solicita la inaceptabilidad absoluta del artículo 2º Transitorio del Reglamento de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de octubre de 1990.

Cambios a la ley

Aunque el Instituto Federal de Telecomunicaciones actúa con una política de transparencia para la consulta de información, en el gobierno del presidente Peña Nieto se cambiaron las reglas al modificar las leyes que regulan las acciones y alcances de ese instituto.

La presión de los poderosos dueños de las concesiones de telecomunicaciones llevó a cambiar las reglas del juego y a apartar al Ejecutivo de la autorización de las concesiones respectivas y, en este caso, la responsabilidad recayó en el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

La renovación de las concesiones de Telmex y de las televisoras (Televisa y TV Azteca) en 2016 se dio en el contexto de los escándalos de la Casa Blanca y Odebrecht, que llevaron al presidente Peña Nieto al nivel más bajo de aprobación popular, como no ocurrió con otros mandatarios en las últimas décadas.

La corrupción en el sexenio de Peña Nieto llevó al PRI a su derrota más aplastante, al punto de dejarlo en la inanición política. Esos escándalos beneficiaron las pretensiones de López Obrador, que asumió la bandera de la lucha anticorrupción como su principal estandarte de campaña.

Desde las elecciones intermedias de 2016 el PRI perdió la mayoría de las gubernaturas en disputa (siete de 12), en tanto las encuestas demoscópicas advertían el crecimiento de la popularidad de López Obrador, como augurio de lo que ocurriría dos años después.

Para anticiparse a los resultados de 2018, los empresarios de las telecomunicaciones se adelantaron a renovar sus concesiones en previsión de cualquier contingencia.

Al ver como una amenaza el inminente triunfo de López Obrador, las televisoras (Televisa y TV Azteca) se apresuraron a solicitar la renovación y ampliación de sus concesiones 20 años más, pagando por la contraprestación de las renovaciones de sus títulos de concesión un monto fijado con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Por ampliar sus concesiones 20 años más, Televisa pagó 5 mil 666 millones de pesos; TV Azteca, 3 mil 880 millones de pesos. América Móvil pagó en 2017 la cantidad de 5 mil 305 millones de pesos por el espectro que antes usufructuaba MVS, y que América Móvil adquirió para usarlo en la red 4.5G, para aumentar la velocidad de los usuarios.

Y Slim pagó por Telmex 5 mil 742 pesos por renovar 30 años más su concesión, la cual entraría en vigor a partir de 2026 y hasta 2056.

Pero en una cláusula se subraya que el título de concesión se otorgará definitivamente el 11 de marzo de 2023, siempre y cuando se demuestre que Telmex no es preponderante.

Aunque se haya otorgado la concesión sacando al presidente de la República de la jugada de la toma de decisiones, López Obrador puede invocar el veto presidencial para decidir el destino de la telefónica, una empresa que surgió como privada en el gobierno de Salinas de Gortari. 

Este reportaje fue publicado en la edición 2344 del semanario Proceso