Feminicidio
Bloqueo a la Alerta de Género en Nayarit: Investigan a juez por obstrucción de la justicia
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó que el juez Ivar Langle Gómez sea investigado por obstrucción de la justicia, al otorgar prórrogas para evitar sanciones al gobierno de Nayarit y siete alcaldías por no acatar la Alerta de Violencia de Género.
Tras cinco años de solicitar la declaración de Alerta de Género contra las Mujeres en Nayarit, la representante de la asociación civil Uka Nuiwame, Mayela Ruiz Madrazo, está a punto de lograr que el Consejo de la Judicatura Federal sancione a las autoridades que obstruyeron su iniciativa, en particular al juez Ivar Langle Gómez. A esa decisión se suma el espaldarazo de la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, cuya titular, María Fabiola Alanís Sámano, envió a Ruiz Madrazo el acuerdo de admisibilidad de una segunda solicitud de alerta que ella promovió a mediados de septiembre pasado.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó que Ivar Langle Gómez –juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit– sea investigado por presunta obstrucción de la justicia, al otorgar de manera indebida “prórrogas” para evitar que el gobierno del estado y siete alcaldías sean sancionados por no acatar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), emitida desde octubre de 2016 por “violencia feminicida institucional”.
La investigación “oficiosa” que llevará la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del propio CJF marca un precedente, ya que si se prueba el incumplimiento por parte del juez se configura el delito de obstrucción de la justicia.
De ser así, el juez, el exgobernador Roberto Sandoval Castañeda y las autoridades omisas de las siete alcaldías podrían ser inhabilitados, considera Mayela Ruiz Madrazo, representante de la organización Uka Nuiwame, en Defensa de Mujeres Violentadas y sus Menores Hijos, quien promovió la AVGM.
A la orden de investigar a Langle le siguió que, el pasado 30 de septiembre, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres (Conavim), María Fabiola Alanís Sámano, envió a Ruiz Madrazo el acuerdo de admisibilidad de una segunda solicitud de AVGM que ella promovió el 17 de septiembre último.
Al aceptarla para trámite, Alanís Sámano consideró que “en Nayarit existe un contexto de violencia feminicida por desaparición de personas y en especial por desapariciones forzadas cometidas por el gobierno del estado, bajo el tenor de crímenes de lesa humanidad, narcotráfico, delincuencia organizada y terrorismo. Pudiendo ‘constatar’ que la solicitud describe tanto delitos del orden común como del orden federal”.
El 20 de junio de 2016 la abogada Ruiz Madrazo presentó ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la solicitud de declaratoria de AVGM para el gobierno del estado de Nayarit y los municipios de Ixtlán del Río, Jala, Santa María del Oro, Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tepic y Xalisco.
El 4 de agosto de 2017, a través de la Conavim, la Secretaría de Gobernación le notificó la declaratoria de la AVGM para los municipios de Acaponeta, Bahía de Banderas, Del Nayar, Ixtlán del Río, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tepic, así como acciones específicas para los Del Nayar, Huajicori y La Yesca, donde predomina la población indígena, además de una serie de “propuestas”.
Un mes después, el entonces gobernador Sandoval Castañeda –actualmente preso–, decidió acatar la alerta en el plazo establecido de seis meses a partir de la aceptación. La Conavim señala que no se identificó ningún pronunciamiento con respecto a los delitos del orden común vinculados a la desaparición de mujeres y niñas en el estado.
La solicitud no atendida
En su edición del 4 de agosto de 2016 Proceso publicó el reportaje “Las instituciones ejercen violencia feminicida”, en el que la abogada Ruiz Madrazo señaló que las malas prácticas de las autoridades judiciales en los casos de violencia contra las mujeres y feminicidio ha generado impunidad para los agresores, mayores trabas para que las víctimas tengan acceso a la justicia.
Y exigió castigo para los funcionarios que, mediante prácticas indebidas, atentan contra las víctimas.
Argumentó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 32% de las mexicanas ha padecido violencia sexual, que incluye intimidación, acoso y abuso. Según esas cifras, 63 de cada 100 mujeres han sido víctimas de al menos una agresión emocional, física, sexual, económica, patrimonial o de discriminación laboral. En esa época Nayarit ocupaba el sexto lugar nacional en delitos de violencia contra la mujer.
Tanto el gobierno del estado como los nueve municipios señalados en la AVGM tenían un plazo de seis meses para dar cumplimiento a las recomendaciones de Gobernación. No cumplieron, asegura la abogada.
Explica que la finalidad de solicitar la AVGM es erradicar la violencia contra las mujeres y sus hijos, generada de las omisiones y actuaciones negligentes de las autoridades que violentan sus derechos humanos al no aplicar las normas para protegerlos ni contar con protocolos de actuación que les garanticen una vida libre de violencia, así como salvaguardar su integridad física, social, económica y psicológica.
Por ello, dice, demandó el desafuero e inhabilitación del servidor público y autoridad que cometa violencia institucional y con ello genere violencia feminicida en agravio de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Los pendientes
La abogada Mayela Ruiz Madrazo proporciona a Proceso copia del expediente completo, en el cual aparece una lista de agentes ministeriales y jueces que han incurrido en violencia contra las mujeres en Nayarit.
En el expediente 1655/2014 del Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia en Tepic, Nayarit, consta que la juez Irma Leticia Bermúdez Cruz ordenó el 13 de mayo de 2016 que se suprimieran los nombres del padre y los abuelos paternos del acta de nacimiento de una menor, porque al realizar una prueba pericial de grafoscopía determinó que la firma del progenitor no correspondía; pero nunca se le ocurrió ordenar una prueba de adn para verificar su paternidad.
En la causa penal 344/2016 a Pedro Cervantes García, escolta del entonces fiscal general de Nayarit, Édgar Veytia, se le acusa del asesinato de la madre de un menor de tres años. Según Ruiz Madrazo, la madre de la víctima fue hostigada y amedrentada por los ministerios públicos Mario Heliodoro Villela Bonilla, adjunto al fiscal general, y por Cecilia Elizabeth Dávalos Alcalá y Daniel Pacheco Nava, ambos de la Unidad de Investigación de Homicidios y Secuestros del Sistema Penal Acusatorio.
La señora también fue presionada por el asesor jurídico Cristian Omar González Ochoa para que revocara a Ruiz Madrazo como su abogada defensora, en represalia porque la litigante señaló que el homicida estaba en la nómina de la fiscalía; por lo tanto, había conflicto de intereses.
Ruiz Madrazo denunció penalmente a Veytia y envió una carta al entonces presidente Peña Nieto, con copia a su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la que aseguró que sus colaboradores habían sido levantados y extorsionados por instrucciones de Veytia.
Gobernación envió 10 propuestas al gobernador Roberto Sandoval para eliminar los asesinatos de mujeres, pero, según la abogada, ni él ni su sucesor, Antonio Echevarría, las cumplieron. Hoy le toca al gobernador entrante, Miguel Ángel Navarro, responder a cada una, dice.
Omisiones gravosas
“Una cuestión que me parece muy grave y no fue contemplada en las propuestas de Gobernación es el delito de trata que, según las autoridades, no existe en el estado. Sin embargo, una asociación civil de indígenas asegura que las niñas son vendidas por 2 mil pesos; y no estamos hablando de usos y costumbres, sino de trata de personas”, afirma la representante de la organización Uka Nuiwame.
Desde el 12 de diciembre de 2016 ella solicitó al Congreso y al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) sancionar e inhabilitar a jueces y magistrados omisos ante la violencia de género, pero como no la ratificó en tiempo y forma fue desechada.
El 24 del mismo mes la presentó de nuevo. En esa ocasión pidió la inhabilitación del presidente del TSJE, el desafuero del gobernador Sandoval y la inhabilitación del fiscal Veytia. Y aunque esa vez sí la ratificó en tiempo y forma, su solicitud se archivó.
Después, ante la omisión de las autoridades para cumplir con la declaratoria de la AVGM y dar protección a las mujeres y sus hijos, la abogada se vio obligada a presentar el amparo 372/2018, por incumplimiento.
El 9 de noviembre de 2018, Rogelio Josué Martínez Jasso, juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Culiacán, Sinaloa, resolvió el amparo a favor de Uka Nuiwame, que obliga al gobierno del estado a garantizar a las mujeres y niñas bajo su jurisdicción el derecho de vivir una vida libre de violencia.
La sentencia ganada por Ruiz Madrazo incluyó acciones para dar cumplimiento a las medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación.
El gobierno de Nayarit presentó el recurso de revisión 142/2019 en contra del amparo concedido por el juez Martínez Jasso.
El 29 de agosto de 2019, el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito en Tepic, Nayarit, resolvió el recurso de revisión 142/2019 a favor de Ruiz Madrazo. Consideró que los motivos de las autoridades responsables resultan inoperantes e infundados. Por ello, confirmó el amparo 372/2018.
El Tribunal Colegiado de Circuito advirtió que se incurrió en dos imprecisiones, por lo que modificó la sentencia y ordenó a los magistrados Carlos Alberto Martínez Hernández y Fernando Rochin García, así como Ricardo Armando Aguilar Sánchez, secretario en funciones de magistrado en Circuito, cumplir en un plazo de tres días a partir de ser notificados.
De no hacerlo, añadió, se harían acreedores a una multa y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la SCJN, según el caso, para seguir el trámite de inejecución de sentencia que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
El 14 de abril de 2020, la representante de Uka Nuiwame se inconformó jurídicamente contra el juez Langle debido a que desacató la resolución del Tribunal Colegiado, al retardar la aplicación de la justicia.
El juez multó a la abogada por señalarlo como “omiso” al no dar cumplimiento a la ejecutoria 142/2019 para que las autoridades responsables fueran sancionadas. En enero pasado Ruiz Madrazo promovió el recurso de queja número 526/2021 que fue acordado hasta el 31 de agosto último porque el juez Langle lo turnó al Tribunal Colegiado siete meses después para su resolución.
El acuerdo de la Conavim
La nueva solicitud de AVGN aceptada por Gobernación-Conavim para los 20 municipios de Nayarit se sumará a la presión que el CJF ejerce sobre Langle.
En el acuerdo de admisibilidad, la titular de la Conavim, Fabiola Alanís Sámano, señala: “La narración de hechos remitida (por la representante de Uka Nuiwame) describe un contexto de violencia feminicida por desaparición de personas y en especial por desapariciones forzadas cometidas por el gobierno del estado de Nayarit, bajo el tenor de crímenes de lesa humanidad, narcotráfico, delincuencia organizada y terrorismo”.
Se refiere a que desde 2012 los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial tienen amenazadas a mujeres, adolescentes, niñas y niños, así como a las personas que se han acercado a Uka Nuiwame a denunciar actos de tortura, secuestro, asesinatos y levantones perpetrados por las autoridades.
En Nayarit todas las corporaciones policiacas del estado han sido penetradas por los sicarios de los cárteles de la droga que operan en la región; la propia Fiscalía General del Estado ha sido señalada por fungir como presunta intermediaria entre los delincuentes y el gobierno.
El 7 de septiembre de 2015 incluso se presentó una querella ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del entonces fiscal Veytia por violaciones a los derechos humanos y detenciones arbitrarias “que realiza por conducto de la Policía Nayarit”. De manera simultánea se presentaron denuncias ante la Secretaría de Gobernación, la 13 Zona Militar y la Sexta Zona Naval; ninguna actuó”, lamenta Ruiz Madrazo.
Asegura que los elementos de la Policía Nayarit, al estar encapuchados, sin placa ni número de identificación del personal ni vehículos, infiltra a los grupos delictivos armados disfrazados de policías, quienes se pasean por las poblaciones intimidando, cometiendo ilícitos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y asesinato. Eso sucede, dice, porque el fiscal Petronilo Díaz Ponce dio de alta a sicarios.
Los uniformados portan armas para uso exclusivo del Ejército, pues la Secretaría de la Defensa Nacional les otorgó la licencia correspondiente. Y la violencia no cede. De junio de 2017 al 23 de septiembre último se han registrado más de mil 800 desaparecidos en Nayarit, pese a que el exfiscal Veytia se encuentra preso en Estados Unidos, apunta Ruiz Madrazo en la solicitud de la AVGM presentada a la Conavim.
