CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-  La Fiscalía General de la República (FGR) exoneró al general retirado Salvador Cienfuegos sin investigar si dentro del Ejército mexicano hay o ha existido protección al narcotráfico, como lo presume Estados Unidos. 

Peor aun, dicen especialistas consultados por Proceso, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, quedó comprometido en una defensa política que comenzó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora su gestión como fiscal en este caso puede ser sometida a impugnaciones legales. 

“No hay duda de que el grupo Beltrán Leyva tenía contactos con el Ejército, porque los mensajes (contenidos en el expediente del gobierno de Estados Unidos publicado por la cancillería mexicana) dan cuenta de que los grupos criminales tienen contacto y colusión no sólo con policías municipales, sino con actores políticos de gobiernos estatales y federales. Esto también tendría que estar investigando la FGR, pero no está ocurriendo.”

Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Pro), hace este análisis y señala que difiere de López Obrador, quien acusó a la DEA de “fabricar” la acusación de narcotráfico contra Cienfuegos. 

El director del Centro Pro coincide con el investigador de El Colegio de México Sergio Aguayo, quien sostiene que no hay fundamento legal ni instancia internacional para que el fiscal interponga alguna acción contra el gobierno de Estados Unidos por la “fabricación” del caso. Por el contrario, las víctimas del cártel de Los Beltrán Leyva pueden recurrir al artículo 4 de la Ley General de Víctimas para demandar a Gertz y a López Obrador por exonerar a Cienfuegos. 

En entrevista, Aguirre expone: “Lo que decimos sobre la exoneración del general Cienfuegos es que goza de presunción de inocencia, esa misma presunción de inocencia que durante su gestión al frente de la Sedena –en la administración de Enrique Peña Nieto– se negó a víctimas de casos como Tlatlaya y Ayotzinapa, en donde la Sedena contribuyó a criminalizarlas”.

Desde la perspectiva y experiencia del Centro Pro, la investigación conducida por la FGR concluyó en un plazo excesivamente breve y en condiciones que no se han brindado a personas civiles cuando se les imputa delincuencia organizada.

Considera que si los documentos publicados por la Cancillería eran las únicas evidencias con que contaban las autoridades estadunidenses, la acusación genera muchas preguntas. Sin embargo, “eso no excluía la responsabilidad de la fiscalía de conducir una investigación objetiva y exhaustiva, ni de pedir la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera para indagar patrimonialmente, a fondo, a Cienfuegos”.

Respecto al expediente de la FGR que esa dependencia hizo público el sábado 16, Aguirre dice que no puede hablar mucho del caso porque está excesivamente testado. Parecería que esa investigación a fondo no se realizó, porque eso difícilmente ocurre en 72 días:

“La exoneración del general ocurre en un contexto que no podemos ignorar, de profundización de la militarización y preeminencia del Ejército en la vida pública nacional y de una historia de condescendencia de la fiscalía cuando se trata de investigar violaciones a los derechos humanos que constituyen delitos cometidos por elementos castrenses o de la Marina.”

Del expediente que hace publico la Cancillería hay menciones de alguien que podría ser o no el general Cienfuegos y de servidores públicos, como el exsecretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, un exgobernador de Sinaloa, otro del Estado de México, de fiscales estatales, de comandantes de la Ministerial, de la exprocuradora Arely Gómez. En su opinión, eso es lo que la FGR tenía que investigar.

“Para nosotros eso da cuenta de que en México la línea entre delincuencia organizada y Estado es muy borrosa, y lo que tenemos son redes criminales amplias que no se desar­ticulan por la caída de un capo o por una alternancia política en los gobiernos estatales o federal. Penosamente, no tenemos instituciones en México capaces de desarticular esas redes. Esta es, creo, una de las grandes tragedias que deja el caso Cienfuegos”, lamenta.

Fiscal “fuera de tono”

Acerca del interés del presidente de exculpar a Cienfuegos, expone: “La actuación presidencial ha sido desafortunada, porque la vocería del caso jurídico le corresponde a la fiscalía en el contexto de la autonomía, y no al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Sin embargo, a petición del presidente dio la explicación jurídica de la exoneración. Entramos en un terreno de especulación pero, como lo publicó Proceso, muchos presumimos que Estados Unidos tiene evidencia que desconocemos”.

“También porque la afirmación de la Presidencia de que fue un caso fabricado por la DEA no contribuye a un buen entendimiento de lo sucedido, porque en México una fabricación de un delito se entiende como que el expediente tiene pruebas falsas y evidencias sembradas, y lo que conocemos del expediente de Estados Unidos no refleja eso. Genera preguntas sobre si el mando militar al que aluden esos mensajes era o no el titular de la Sedena, porque queda la duda, pero en el expediente no hay evidencia de que esos mensajes se hayan fabricado ni de que hayan sembrado pruebas”, asegura.

Explica que es un expediente que pasó por varios controles en Estados Unidos, una investigación que hace la DEA, que pasa el filtro de un equipo de fiscales, después la revisa un gran jurado, luego es sometida a una revisión judicial no exhaustiva pero sí incipiente. En todos estos filtros no se advirtieron serias irregularidades.

–¿Cómo interpreta que el fiscal quiera demandar a Estados Unidos ante instancias internacionales?

–En la forma, vimos a un fiscal fuera de tono, con expresiones lamentables, como sugerir que quienes hacen crítica de la labor de la fiscalía son linchadores o lo hacen por financiamientos oscuros. En el fondo es una posición equívoca porque jurídicamente no encontramos nosotros ni causa ni foro, es decir una instancia facultada para un planteamiento en el que la fiscalía se asuma como agraviada por una investigación conducida en otro país en los términos en que se dio este caso.

Añade: “En todo caso creo que es muy importante que se reitere que el fiscal y la fiscalía no son los agraviados. De la fiscalía se espera una actuación exhaustiva y objetiva. Y si el general es inocente o no, eso debe determinarse adecuadamente con una argumentación pública, clara, robusta y contundente, pero lo que vimos es una actuación precipitada, que con los elementos que se han hecho públicos parece que no fue exhaustiva ni consistente. Dentro de una historia de encubrimiento de crímenes militares y un contexto de militarización del país, que se genere una respuesta tan fuera de tono como la que vimos por parte del fiscal es preocupante”.

–¿Quien tendría que demandar sería el agraviado, Cienfuegos?

–Totalmente. No soy perito en leyes estadunidenses, pero imagino que si el general se doliera de algún perjuicio por la detención, podría reclamar ante una corte estadunidense; pero pensar que la fiscalía fue agraviada por la investigación que condujo la DEA, es un mal entendimiento del problema.

“Cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró los cargos por causas políticas y no por falta de mérito en la evidencia, la posición que sostuvo fue que se reservaba su derecho de reiniciar las acciones legales en Estados Unidos, sugiriendo que si México no avanzaba, ellos podían proseguir. Eso podría suceder en los siguientes meses. Claro, en Estados Unidos hay una nueva administración, hay que ver qué posición adopta en el caso. No creo que escale hacia un conflicto entre ambos.”

Insiste: “Más allá de la condición jurídica del general Salvador Cienfuegos, en los mensajes de BlackBerry hay indicios de una red criminal muy amplia que involucra a personas que también deberían de indagarse y no parece que eso se haya hecho”.

Sobre este punto, Sergio Aguayo, cuestiona: “¿Por qué el presidente hizo a un lado y sacrificó la autonomía de la fiscalía en una mañanera en cadena nacional? ¿Por qué abofeteó los protocolos diplomáticos y ofendió a Estados Unidos? Para mí, la razón es electoral. Más allá de los resentimientos personales del presidente y de sus fobias, quiere ganar las elecciones y piensa que invocando al enemigo externo que es Estados Unidos va a ganar la simpatía del sector antiestadunidense que hay en México. Vamos a ver lo que dicen las encuestas”.

Comenta que la asociación civil Desarma México –la cual desde 2014 pide justicia sobre el caso Rápido y Furioso, en cuanto a la responsabilidad de funcionarios mexicanos y estadunidenses- está considerando interponer una demanda porque esta exoneración es preocupante.

“Legalmente, cuando hay víctimas, en el sentido del artículo 4 de la Ley General de Víctimas, se tienen 15 días hábiles para que organizaciones y personas físicas pidamos audiencia a un juez de control y seguir un amparo indirecto contra el no ejercicio de la acción penal que se dictó al general.

“Desde hace seis años, junto con el abogado Gonzalo Aguilar Zínser, Desarma México interpuso ante la entonces Procuraduría una demanda que sigue vigente y que se reactivó con este gobierno. Pedimos que llamen a declarar al exprocurador Eduardo Medina Mora y a una serie de funcionarios estadunidenses involucrados en el caso de Rápido y Furioso”, recuerda.

Entonces se ampararon con base en la Ley General de Víctimas argumentando que eran víctimas potenciales porque había armas de Rápido y Furioso circulando por el país, por tanto, cualquiera podía ser víctima. La procuraduría de Peña Nieto aceptó el argumento y la demanda sigue vigente. 

“Ahora en el caso Cienfuegos podemos impugnar, refutar el no ejercicio de la acción penal. Aunque es una hipótesis, porque como organización civil tenemos pocos recursos y tendríamos que evaluar lo que costaría interponer esta acción jurídica, lo menciono para demostrar que existen caminos legales para impugnar la decisión de Gertz Manero de exonerar a Cienfuegos.

“Digamos que los padres de los estudiantes de Ayotzinapa y los familiares de las víctimas de Tlatlaya, así como las víctimas del Cártel de los H, en teoría podrían impugnar invocando el artículo 4 de la Ley General de Víctimas”, sostiene Aguayo. 

Reportaje publicado en el número 2308 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 24 de enero de 2021.