Estados Unidos
Una ciudad blindada espera la investidura de Biden
La ciudad de Washington da la impresión de vivir bajo toque de queda. Las calles semivacías, vigiladas por miles de efectivos de la Guardia Nacional y cientos de policías, darán la bienvenida al nuevo presidente.
A raíz de los hechos violentos ocurridos el miércoles 6 en el Capitolio estadunidense, la ciudad de Washington da la impresión de vivir bajo toque de queda. Las calles semivacías, vigiladas por miles de efectivos de la Guardia Nacional y cientos de policías, darán la bienvenida al nuevo presidente, Joe Biden, mientras las agencias federales siguen deteniendo a los líderes de los grupos supremacistas, de quienes se teme que protagonicen actos violentos en los congresos estatales. Mientras tanto, la petición de juicio político contra Donald Trump avanza lentamente…
WASHINGTON (Proceso).– En un ambiente de zozobra ante posibles brotes de violencia y de alivio por el fin del régimen de Donald Trump, al mediodía de este miércoles 20 en esta ciudad, enfundada como trinchera de guerra, Joe Biden será investido como el presidente constitucional número 46 de Estados Unidos.
“Con frecuencia digo que si lo hacemos juntos, no hay nada que no podamos hacer, y nunca como ahora ha sido tan crítico estar unidos como nación”, sentenció Biden en el preámbulo de su asunción al poder.
Una semana después de que Trump fuera acusado formalmente por la Cámara de Representantes del Congreso federal de su país del delito de “incitación a la insurrección” –por lo que será enjuiciado en el Senado–, Biden hereda una nación dividida con olor a violencia y sedición.
Las galas de insignia democrática que solían vestir a la capital estadunidense en la inauguración del mandato de un nuevo presidente, por Trump fueron reemplazadas con vallas de acero, cámaras de videograbación sobre árboles y postes, francotiradores en azoteas más 21 mil efectivos de la Guardia Nacional y cientos de policías y agentes en las calles.
Desangelado también por la pandemia de covid-19, el Estados Unidos que gobernará Biden dejó de ser tierra de libertades absolutas y ahora privan en ella el ostracismo y el racismo que son parte del legado de Trump.
Irónicamente el ambiente de angustia y temor a los actos de sedición de grupos de anglosajones supremacistas, extremistas y de terrorismo doméstico –como el propio Biden los llama– es la antítesis de la democracia y libertad que ahora ensombrece a la Casa Blanca.
“Cada movimiento tiene un margen lunático, la supresión de la libertad de expresión no es una respuesta; hacerlos responsables de sus acciones es la solución”, así pintó Tom McClintock, legislador republicano por California, la realidad y amenaza del trumpismo.
Segundo juicio
El miércoles 13 fue un capitulo negro en la historia estadunidense: 222 legisladores demócratas de la Cámara de Representantes y 10 republicanos condenaron a Trump a un segundo juicio político, acusándolo de ser autor intelectual del asalto al Capitolio.
El cargo de “incitación a la insurrección” que 197 legisladores republicanos no pudieron anular, condena y marca a Trump como el primer presidente de Estados Unidos sometido dos veces a juicio político por traición a principios elementales de la Constitución.
Los ataques vandálicos al Capitolio, el miércoles 6, los alentó y provocó Trump con sus palabras incendiarias de “luchar como el demonio”, que dirigió a miles de sus fanáticos y seguidores que infructuosamente intentaron detener la certificación en el Congreso del triunfo de Biden.
“Ese ataque criminal fue planeado y coordinado, se llevó a cabo por extremistas políticos y terroristas domésticos que fueron incitados a la violencia por el presidente Trump”, decretó Biden en una declaración escrita horas después de la aprobación del nuevo juicio a su antecesor.
“El presidente debe ser enjuiciado y creo que el Senado debe declararlo culpable”, fue lo que proclamó Nancy Pelosi, líder de la mayoría demócrata y presidenta de la Cámara de Representantes, en la antesala de la imputación del delito que ahora pesa sobre Trump.
Y de esta manera matizó Pelosi su demanda al Senado para declarar culpable a Trump: “Es un remedio constitucional que garantizará que la república queda libre de este hombre que está determinado a desgarrar las cosas que tanto amamos y que nos unen”.
Donald J. Trump, el presidente número 45 de Estados Unidos, magnate multimillonario, hoy siente el efecto dominó: poco a poco y aunque a cuentagotas, está siendo despreciado y abandonado por los republicanos que lo adoraron mientras les convino.
Fieles le siguen siendo a Trump muchos de los más de 74 millones de estadunidenses que votaron a favor de su reelección en los comicios del 3 de noviembre 2020, y son los que ahora prometen esparcir la anarquía.
“La violencia y el vandalismo no tienen lugar en nuestro país, ni lugar en nuestro movimiento de hacer grande a América otra vez y que siempre favorece la aplicación de la ley”, clamó a sus feligreses del ostracismo un Trump irreconocible por medio de un mensaje videograbado y emitido por la Casa Blanca la tarde del miércoles 13.
Agencias federales, como el FBI; la CIA; el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Administración Antidrogas (DEA), entre otras, intentan apagar la chispa de un incendio que se viene.
En el preámbulo de la toma de posesión presidencial de Biden sobre las escalinatas del Capitolio, el gobierno federal, en colaboración con los estatales, ha detenido a decenas de vándalos que atacaron el Capitolio y a otras decenas más pertenecientes a grupos supremacistas y del terrorismo doméstico que con violencia prometen lealtad a Trump.
En las redes sociales –Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat, TikTok, de entre muchas otras de las que ha sido vetado de por vida Trump para evitar que promueva el odio e incite a la violencia– los supremacistas blancos y terroristas domésticos convocan a la sedición.
Violencia anunciada
Este miércoles 20 habrá manifestaciones de miles de seguidores de Trump frente a las sedes de los 50 Congresos estatales, y en éstos no habrá tanta protección de militares y agentes civiles como en el Capitolio de Washington.
Enervados por la mentira de Trump que tanto propagó en las redes sociales sobre un supuesto fraude que nunca pudo comprobar en las elecciones que perdió ante Biden, sus fanáticos están dispuesto a todo.
Hay miedo –no a contenerlos con las fuerzas de seguridad por lo menos en la capital estadunidense– a que sus acciones de repudio a Biden generen muerte y devastación por el hecho de que legalmente poseen y portan armas de todo tipo, que podrían usar para defender su causa.
El jueves 14 el FBI reportó que había indicios de que el asalto al Capitolio fue un acto bien planeado y orquestado por grupos extremistas y supremacistas, incitados por políticos alineados con Trump.
La semana pasada las agencias de inteligencia llevaron a cabo redadas en todo Estados Unidos y capturarón a líderes y miembros de esos grupos, que amenazan con encender la mecha de la violencia el día en que Biden entre a la Casa Blanca por la puerta de enfrente y Trump salga por la de atrás en dirección al banquillo de los acusados en el Senado.
En 1869 Andrew Johnson fue el primer presidente de Estados Unidos en ser enjuiciado por el Congreso federal. En 1973 le tocaba a Richard Nixon, quien libró el proceso renunciando a su puesto; y William Jefferson Clinton en 1998 fue el segundo mandatario enjuiciado.
Con su nuevo encausamiento judicial en el Senado, Trump abarca 50% de los juicios políticos a presidentes al encarar dos procesos criminales, el primero en 2019 –del que fue exonerado por gracia de los republicanos– y ahora éste, en el que le puede esperar otro destino.
Mitch McConnell, senador por Kentucky, aún líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta y otrora aliado incondicional de la Presidencia de Trump, habla de usar el segundo y nuevo juicio político contra el presidente para purgar a su partido de la plaga.
La urgencia de Pelosi de enjuiciar a Trump antes del miércoles 20 no tiene reciprocidad con McConnell. El republicano, aunque harto del presidente en desgracia, opta por iniciar los procedimientos judiciales un día antes del ungimiento de Biden.
Las labores legislativas del Senado se reiniciarán el martes 19; tres días después, el viernes 22, los demócratas Raphael Warnock y Jon Ossoff tomarán juramento como senadores federales por Georgia, con lo que se pone fin al control republicano y de McConnell en esa Cámara.
Con el reacomodo de poder y encumbramiento demócrata, los republicanos se quedan con 50 de las 100 curules del Senado y se relega a McConnell como jefe de la minoría al designarse como líder de la mayoría a Charles Schumer, senador por Nueva York.
Aunque el juicio político a Trump se inicie el martes 19, el proceso y fallo se dará en su etapa de expresidente, lo que lo hace más vulnerable sin la investidura ejecutiva y ante la posibilidad de que lo repudien más republicanos si hay incidentes de violencia por parte de sus fanáticos.
La constitución política de Estados Unidos manda que para declarar culpable del delito o delitos que le impute la Cámara de Representantes a un presidente o expresidente se requieren dos tercios de los 100 votos emitidos por los senadores, que asumen el papel de jurado en un juicio.
Schumer, como líder de la mayoría demócrata en el Senado, tendrá que hacer una gran labor de cabildeo con McConnell y otros republicanos desencantados y ahora enemigos de Trump; para poder conseguir los 17 votos y juntar los 67 necesarios para condenar al acusado.
John Roberts, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, debe ser el juez del proceso senatorial contra Trump –como lo fue en el primer juicio–, pero hasta el cierre de esta edición el ministro no había dado a conocer la posición sobre su deber constitucional.
La negativa de Roberts implicaría que Kamala Harris –quien el miércoles 20 se convertirá en vicepresidenta de Estados Unidos y en la primera mujer y afroamericana en ocupar ese puesto del Poder Ejecutivo–, como presidenta del Senado, asuma el papel de juez en el juicio a Trump.
Pelosi y Schumer han dicho que el objetivo de enjuiciar y declarar culpable a Trump como presidente o expresidente es responsabilizarlo del asalto al Capitolio e inhabilitarlo de por vida para que no pueda volver a competir por la Presidencia u otro puesto de elección popular.
Si Trump es declarado culpable de “incitación a la insurrección” en el Senado, constitucionalmente se debe enseguida someter a votación del pleno de la Cámara Alta una resolución de inhabilitación electoral y política del acusado.
Para borrar del esquema y mapa político de Estados Unidos a Trump ya no se requieren 67 sufragios de los 100 senadores; con 51 basta.
En un panorama en el que los 50 republicanos se negaran a vetar por siempre a Trump de la vida electoral y política, Harris volvería a ser la clave para la condena al magnate millonario ya que, como demócrata y presidenta del Senado, con su voto su partido lograría los 51.
Por la pandemia y el asalto al Capitolio, Washington es una ciudad que parece vivir constantemente bajo una especie de toque de queda, lo cual se percibirá todavía más este miércoles 20.
La situación de emergencia por el miedo a las amenazas de las huestes trumpistas, violentas y extremistas, provocará que muy pocos estadunidenses desafíen el riesgo de contagio de covid-19 y de posibles choques armados por presenciar la ceremonia de Biden y Harris.
Guardar la sana distancia al trumpismo y al covid-19 es el pragmatismo cívico que el mismo gobierno federal y Biden recomiendan a sus conciudadanos.
