La organización Prisoners Defenders presentó desde 2019, y amplió en agosto pasado, una denuncia ante la ONU y la Corte Penal Internacional contra el gobierno cubano por violar los derechos humanos de los médicos que envía en misiones de asistencia sanitaria a decenas de países. Aunque no hubo tiempo de incluir el caso de la misión que ayudó a combatir la pandemia de coronavirus en México, la agrupación humanitaria afirma que también aquí ocurrieron tales violaciones por la “negligencia” del gobierno de López Obrador.
MADRID (Proceso).- Los integrantes de la misión internacional de médicos cubanos que ayudó a México a enfrentar la pandemia del coronavirus sufrieron la misma situación de “esclavitud, persecución y actos inhumanos” que padecen otras misiones cubanas de profesionales de la salud alrededor del mundo, denuncia Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders.
Esta organización europea obtuvo testimonios y documentación de muchos de los 585 médicos que componían la misión que estuvo en México entre abril y julio pasados, los cuales evidencian las políticas represivas que les impone el régimen cubano.
“Hemos obtenido la documentación y los testimonios de la misión de México. Hubo varias deserciones, conocemos la circunstancia y también les digo que esos testimonios están esperando”, explica en rueda de prensa virtual el martes 22 para anunciar que su organización amplió el 24 de agosto la denuncia que presentó en 2019 ante la Corte Penal Internacional (CPI) y en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra el gobierno de Cuba.
Esas pruebas de México, sin embargo, no están incluidas en el proceso de ampliación penal denominado “622 Cuban doctors vs. Cuban Government”, que incluye el testimonio de 622 profesionales de la medicina cubanos en otros 29 países.
“No hay ninguno de los testimonios en esta querella de los que participaron en la brigada de México, porque no nos dio tiempo de incluirlos. Aunque son exactamente las mismas circunstancias tan terribles que se han vivido en otros países y que están en la ampliación de la demanda”, dice.
“En México”, prosigue, “se dio una circunstancia particularmente dolorosa y es que el gobierno mexicano gastó aproximadamente 10 mil 700 dólares por médico en los tres meses, pero los médicos recibieron solamente 220 dólares al mes”, ya que el resto lo retuvo el régimen cubano.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador informó en abril pasado sobre el
acuerdo con Cuba para esa misión de apoyo al sistema de salud mexicano para enfrentar la pandemia. La presencia de esta brigada se extendió hasta julio. Su arribo a México no estuvo exento de controversia, porque la mayoría eran médicos generales, no epidemiólogos, denunciaron los colegios de médicos en México.
Larrondo explica que “algunos de ellos lograron escapar. Es una desgracia hablar con ese verbo, escapar, pero es la realidad. Pero debo aclarar una cosa: que AMLO conociera o no conociera estas circunstancias, yo no me atrevo a decirlo. Pero lo que sí me atrevo a decir es que lo debería conocer, porque si una brigada médica (cubana) entra en su país, todas las estructuras médicas y de controles institucionales tienen que actuar.
“Y en ese sentido, si (el presidente) no lo conoce, tiene un problema de negligencia, y si lo conoce, pues ya es más grave. Lo que sí es que en varios estamentos del gobierno mexicano sí hubo una negligencia que ha permitido que se vuelva a reproducir esa situación. Es una negligencia que tampoco quiero atribuir al propio AMLO, y por eso estamos haciendo un llamado para que las naciones eviten esa negligencia”, enfatiza.
Explica que ese llamado es porque más de 50 mil profesionales de la salud cubanos cada año sufren la confiscación de 85% de sus salarios en el exterior, con unos beneficios anuales de 8 mil 500 millones de dólares, tres veces los ingresos que Cuba recibe por el turismo.
En la actualidad hay entre 5 y 10 mil profesionales de la medicina cubanos imposibilitados de volver a su país para reunirse con sus familias porque, al haber desertado, se les considera “traidores a la patria” y se les impide regresar a la isla al menos durante ocho años, sostiene Larrondo.
La acusación
El 8 de mayo de 2019, Prisoners Defenders denunció las misiones médicas de Cuba por esclavitud, persecución y otros actos inhumanos ante la ONU y la CPI, con base en hallazgos publicados en 2010, cuando el British Medical Journal publicó las condiciones de esclavitud de la misión en Portugal, denunciadas por el Colegio de Médicos de este país.
Otro antecedente fue del Estudio Periódico Universal de Cuba, publicado en 2018 por la ONU, en el que se documentan los mecanismos coercitivos que se imponen a estas misiones.
En respuesta a la denuncia de la organización, la ONU emitió el 6 de noviembre una Carta de Comunicación Acusatoria por esclavitud y trabajos forzados a Cuba. Posteriormente, el 16 de julio de este año, Human Right Foundation liberó un informe que califica esas misiones como “esclavitud moderna” y describe otros hechos perturbadores.
El 23 de julio Human Rights Watch emitió otro informe que destapa la restrictiva legislación oficial que Cuba aplica a dichas misiones.
La ampliación de la denuncia desglosa pormenores de este entramado legal y también presenta pruebas de que estas prácticas han hecho que 50% de la balanza exterior de Cuba provenga de la retención de los sueldos de esas misiones, lo que representa tres veces el turismo por medio de la apropiación de una media de 85% de los salarios de los profesionales cubanos que pagan los países receptores.
Destaca el caso de países que hacen importantes aportaciones económicas, como Noruega, que subvenciona a Cuba en la misión de Haití; Luxemburgo, que paga la totalidad de la misión en Cabo Verde, o Portugal, que paga la misión de Guinea Bissau a través de fondos de la Unión Europea.
Prisoners Defenders critica que, aparte de la subvención para esas misiones, no hay control o evaluación de las condiciones de los profesionales.
La lista de esas misiones que analiza la organización abarca 29 países, ocho en África más Arabia Saudita y 14 Estados latinoamericanos, entre ellos Venezuela, Brasil, Ecuador y Bolivia.
Entre las pruebas aportadas está la flagrante violación de los derechos humanos de esos trabajadores, a los que el gobierno cubano les impide portar su pasaporte o su título académico.
Entre los convenios presentados en la denuncia destaca el firmado con Guatemala, que impide trabajar a cualquier médico cubano que se haya desligado de cualquier misión cubana, durante o después de la vigencia del acuerdo en territorio guatemalteco. Pero también la legislación cubana los coloca bajo duras restricciones en su vida económica, personal, social, íntima –no se pueden vincular con una pareja del país al que asisten– e incluso marital de esos trabajadores.
https://www.proceso.com.mx/624950/medicos-cubanos-solo-haran-recomendaciones
“Traidores a la patria”
Prisoners Defenders sostiene que los trabajadores de las misiones que desertan viven una separación forzosa de sus hijos, provocando una ruptura del círculo familiar. Hasta ahora tiene documentado que hay entre 5 mil y 10 mil padres cubanos que sufren esta separación de hasta ocho años; sin embargo, esta circunstancia la han enfrentado más de 40 mil familias cubanas.
El código penal cubano impone una pena de ocho años de prisión para el funcionario o empleado destinado a una misión en el extranjero que la abandone o que la cumpla pero que no vuelva a la isla. Pero cuando no pueden ejecutar la pena, el Consejo de Estado los cataloga como “traidor a la patria” e “indeseable” por al menos ocho años prorrogables. La legislación migratoria define a los indeseables como “inadmisibles”, lo que supone el impedimento para entrar al país y a sus familiares para poder salir, sostiene la denuncia, a la que este medio tuvo acceso.
Es el caso de Manoreys Rojas, licenciado en traumatología y ortopedia, que formó parte de la misión en Ecuador entre julio de 2014 y noviembre de 2015, tras de lo cual se desligó de la misma y no regresó a la isla. Fue considerado “traidor a la patria” y no se le permite la entrada a pesar de los múltiples esfuerzos que ha hecho.
En febrero de 2018 Rojas viajó a la isla de forma apresurada al ser informado que su hija había intentado suicidarse. “Viajé a La Habana, pero en el aeropuerto me aislaron durante 10 horas y no me permitieron entrar por haber abandonado la misión ni me permitieron hacer una llamada telefónica ni tener contacto con mi familia”, dice en su relato.
Contó que el diagnóstico de su hija es que sufre un transtorno de la personalidad histriónica, derivado de la ausencia parental. “Yo no estoy ausente de la vida de mis hijos y mis padres por voluntad propia, sino porque no me permiten que los visite ni que ellos salgan”, señala.
Cuando Rojas viajó a Ecuador lo mandaron como profesional en un programa de rehabilitación para el cual no estaba preparado, “pero era la única vía de escape de Cuba y de tener una salida económica”.
Al igual que 75% de los profesionales incluidos en la ampliación de la demanda, a este médico lo enviaron antes del viaje a tomar un curso del Partido Comunista para reforzar los principios de la revolución. “También nos piden que hagamos trabajo político en los países a donde vamos. Por ejemplo, a mi misión se nos exigía apoyar al gobierno de Rafael Correa”. En el caso de Venezuela, según otros testimonios, incluso los instruyen a tomar las armas en apoyo al gobierno bolivariano en caso necesario.
Desde que abandonó la misión ha gestionado dos visas humanitarias para reunirse con sus familiares, pero se las han negado sin mayor explicación.
El gobierno cubano, dice, “ha amenazado a mi madre porque yo sigo denunciando mi situación y presiono a través de las redes sociales”. Asegura que el gobierno de la isla obligó a la doctora que atiende a su hija a “mentir en el resumen del historial clínico que se presentó para solicitar la visa humanitaria”.
El caso de Leonel Rodríguez, profesor universitario y médico internista, está entre los 622 testimonios que incluye la ampliación de la denuncia. Él estuvo en Guatemala entre 2010 y 2012, y posteriormente en Ecuador entre 2015 y 2018.
Relató que, llegando a la misión, el gobierno le confiscó su pasaporte como al resto de la delegación, “lo que nos significaba muchas dificultades para la movilidad, incluso en el sitio donde vivíamos.
“El convenio entre Cuba y Guatemala”, dice, “estaba diseñado para recibir un pago de 11 mil quetzales, de los cuales nosotros sólo recibíamos 3 mil, pero de éstos nos quitaban otros mil 340 y solamente nos dejaban mil 660 para sostenernos. En Ecuador fue igual, el convenio pagaba 3 mil 800 dólares y nosotros sólo recibíamos 800. Y si había alguna eventualidad para volver a la isla, lo teníamos que pagar de nuestro bolsillo”, describe.
Relata que el régimen cubano incluye “a miembros de la Seguridad del Estado en las misiones como si fueran profesionales de la salud, que van para controlar a los integrantes de la delegación. Nos teníamos que encerrar a las seis de la tarde. Y entre los compañeros vigilándose unos a otros, estábamos obligados a informar de cualquier actividad sospechosa de otros compañeros, so pena de ser sancionados nosotros mismos”.
Rodríguez explica lo mismo que describe la denuncia: que por la legislación cubana están obligados a expresar su “repudio” contra quienes se saltan las normas. Describe la incomodidad de que “a quien violara lo que estaba establecido, se le tenía que hacer un repudio abierta y públicamente, a veces a amigos, y todo mundo tenía que hacerlo con el dolor del alma; era por fuerza, si no, había represalias”.
Al igual que Rojas y la mayoría de los enviados, afirma que se les obliga a llevar a cabo actividades de proselitismo político a favor de Cuba y de los gobiernos de países amigos, como Venezuela.
“Yo deserté porque había sido muy crítico con el manejo de la misión, en especial con la alteración de estadísticas –tema que se repite en los testimonios–. Yo lo critiqué mucho, me oponía y me amenazaban con regresarme a Cuba, recibía agresiones verbales”, describió el médico internista, quien desde entonces está separado de sus cuatro hijos, incluida la menor de 16 años, con retraso mental y a quien le afecta mucho la ausencia paterna.
Reportaje publicado en el número 2291 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 27 de septiembre de 2020.
