Al caos inherente a la pandemia del coronavirus se sumó el actuar de algunos exfuncionarios de la Cofepris que permitieron que entraran al país y se comercializaran equipos de detección rápida del SARS-CoV-2 que no pasaron por las pruebas protocolarias para medir su efectividad. A esa falta desde la autoridad se ha sumado el crimen organizado, que aprovechó la oportunidad de ingresar al mercado negro de los medicamentos, incluidos los experimentales para el tratamiento de la enfermedad.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- La Secretaría de Salud investiga a exfuncionarios de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que autorizaron la importación y comercialización de 72 pruebas rápidas para la detección de anticuerpos contra el SARS-CoV-2, sin que se hicieran los estudios necesarios para evaluar su eficacia, como marca la ley.

La emergencia sanitaria por el covid-19, además, ha dado pie a un mercado negro de medicamentos, vacunas, pruebas y equipos de protección que grupos delictivos como el Cártel de Jalisco Nueva Generación y La Familia Michoacana estarían aprovechando para extender sus actividades ilícitas, afirma el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).

Se trata de dos caras de la emergencia sanitaria que involucra a “empresarios oportunistas” y a grupos delictivos en el aprovechamiento de la pandemia, un mercado negro que la Cámara Nacional de la Industria Farmaceútica (Canifarma) estima en alrededor de 8 mil millones de pesos al año, sólo en lo que se refiere a las falsificaciones.

A esta cifra se suman las pérdidas que sufren las distribuidoras de medicamentos y cadenas de farmacias por el robo anual de 2 mil millones de pesos.

Falsas detecciones

El subsecretario de Salud Hugo López-Gatell revela que tanto la Secretaría de Salud federal como la propia Cofepris dieron vista al Órgano Interno de Control (OIC) de esa dependencia, a cargo de Gibrán Ernesto Silva Basso, acerca de las 72 autorizaciones que se otorgaron durante la pandemia para la importación y comercialización de las pruebas serológicas o pruebas rápidas que detectan las infecciones de covid-19 mediante los anticuerpos en la sangre.

En entrevista, López-Gatell informa que la investigación en curso busca esclarecer por qué los permisos para importar y vender las llamadas pruebas rápidas se entregaron sin cumplir con todos los requisitos legales, entre ellos las evaluaciones de confiabilidad que debía realizar el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos.

“Dimos vista a la nueva titular del Órgano Interno de Control. Ya tomó conocimiento de las 72 pruebas. Por su parte la nueva comisionada de Autorización Sanitaria, América Orellana, está revisando la información, los expedientes que pudieran estar en la institución. Si son apropiados y completos, no hay de qué preocuparse; pero si resulta que no, pues el OIC tendrá que tomar cartas en el asunto para ver la responsabilidad de hecho”, sentencia.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2304 cuya versión digital puedes adquirir aquí.