En opinión de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República es una ­aberración. Se le quiere sacar, dicen, del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y quitarle toda obligación de colaborar en las búsquedas, además de impedirle participar en la Junta del Gobierno del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas, entre otras cosas. Incluso Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, tuiteó que “representa un retroceso que rompe con el entramado institucional para la defensa, garantía y protección de los derechos humanos y favorece la impunidad”.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- “Llevamos años tratando de transformar nuestro sistema e instituciones de justicia, así como impulsando a las comisiones de búsqueda para que den resultados y encontrar a las más de 79 mil 600 personas desaparecidas en el país. Hemos puesto mucho esfuerzo para que esto funcione, pero ahora nos damos cuenta de que todo era una farsa, un engaño, porque los integrantes de Morena trabajaron con nosotros la actual Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y ahora, sin ninguna explicación, la quieren abrogar”, señalan organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Ciudadanos y representantes de numerosos organismos de la sociedad civil, así como el secretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas –quien en Twitter escribió: “La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la FGR representa un retroceso que rompe con el entramado institucional para la defensa, garantía y protección de los derechos humanos, y favorece la impunidad”–, y el representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández-Maldonado Castro, coinciden en que las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (LOFGR) son un revés para el sistema de justicia mexicano.

“La nueva propuesta demuestra su total desconocimiento de la realidad que viven las víctimas en México. Pareciera que no se han dado cuenta de que no tenemos resultados en términos de investigaciones de gran corrupción, macrocriminalidad y graves violaciones a los derechos humanos. No se han dado cuenta de que la fiscalía general no sabe investigar, pero además que sus servidores públicos tampoco tienen idea de lo que se requiere para ello”, señala Ana Lorena Delgadillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.

Todos coinciden en que la iniciativa de Morena pretende regresar a un esquema del pasado que claramente no ha funcionado. Pretenden eliminar los mecanismos de control ciudadano.

“Les pedimos hablar con las víctimas y con las organizaciones que las acompañan para que tengan claridad de lo que quieren aprobar. Las víctimas, las organizaciones no gubernamentales y la Comisión Nacional de Búsqueda han denunciado que no hay colaboración con las fiscalías para la búsqueda en vida y entre restos y, a pesar de ello, los senadores de Morena quieren contribuir a que ahora la FGR tenga un pretexto legal para esto”, indican organizaciones de la sociedad civil.

“Quieren sacar a la fiscalía del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y quitarle toda obligación de colaborar en la búsqueda. Quieren que la FGR no sea integrante de la Junta del Gobierno del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas, que no participe de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del propio Mecanismo, y también eliminarla del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

“¿Hacia dónde nos quieren llevar? ¿Por qué quieren una fiscalía sin controles y sin participación ciudadana?”, preguntan los representantes de las organizaciones de la sociedad civil (OSC).

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2302 del semanario Proceso cuya versión digital puedes adquirir aquí.