Tamaulipas
Cabeza de Vaca: las operaciones sospechosas de sus socios y sus empresas
Las millonarias transacciones financieras de Baltazar Higinio Reséndez Cantú y Juan Francisco Tamez Arellano, socios del gobernador de Tamaulipas, forman parte de la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En diciembre de 2014 el nombre de Baltazar Higinio Reséndez Cantú apareció en “la lista Cisen” y en 2008 en “la lista Fincen” por actividades “sospechosas de lavado de dinero” y otras también “sospechosas” por un monto de 4 millones 315 mil 800 dólares.
Así lo señala la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en referencia a uno de los socios del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
En la denuncia que presentó a la FGR, la UIF señala que Reséndez Cantú realizó “operaciones inusuales en efectivo” entre 2002 y 2018 repartidas en siete depósitos por 6 millones 973 mil 441.38 pesos, y otros 23 envíos por 2 millones 144 mil 720 dólares; así como 23 operaciones de retiro por un monto de 718 mil 987.80 dólares y otras 17 operaciones por 21 millones 309 mil 42 pesos. De éstas, la denuncia destaca que “la operación más relevante se realizó el 30 de abril de 2018, cuando dispuso de 15 millones 53 mil 500 pesos de una sucursal ubicada en el municipio de Reynosa”.
Llama la atención que el apartado de esta persona ocupa 28 de las 155 fojas de la denuncia, contra poco menos de 18 dedicadas al expediente del gobernador.
Por su parte, Juan Francisco Tamez Arellano, otro socio del exgobernador, depositó en 2019 vía su empresa T Seis Doce, SA de CV, 33 millones 400 mil pesos al gobernador repartidos en cuatro SPEI, pero también le giró un cheque en diciembre de ese mismo año por 5 millones 252 mil 231 pesos, “desconociéndose el motivo de esas transacciones financieras”, apunta la UIF.
El organismo considera “relevante” que Tamez Arellano reciba recursos de Baltazar Higinio Reséndez por 33.5 millones de pesos.
En cuanto a las empresas denunciadas por la UIF, a la Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, SPR de RL, se le detectaron facturas que “opera con personas físicas y morales destacadas por diversas irregularidades, que van desde el rápido movimiento de fondos, recibir recursos de una casa de bolsa para expedirlos a personas físicas sin actividad económica relacionada y retirarlos en efectivo”, entre otras modalidades.
Detalla que a través de SPEI se conoce que esta empresa recibió entre abril de 2014 y noviembre de 2019 más de 99 millones de pesos, “lo que llama sobremanera la atención, al tratarse de una sociedad de producción rural”.
La UIF destaca una factura enviada a Bluelimit Comercial, SA de CV, por 12.8 millones de pesos. Esa empresa declara como actividad la compraventa de acero, que no cuenta con maquinaria y que sólo tiene un trabajador que se dedica a contestar llamadas.
En cuanto a operaciones notariales, la UIF localizó que de septiembre de 2017 a junio de 2018 registró ocho movimientos por adquisición de inmuebles por 63 millones 479 mil 299 pesos, siendo que en sus declaraciones anuales manifestó ingresos en el periodo 2015-2019 por 42.1 millones de pesos.
De acuerdo con la UIF, la anterior transacción “aparenta incongruencia entre lo que gasta y declara ante la autoridad fiscal, lo que sin duda es un dato más que nos permite presumir la participación en el delito de recursos de procedencia ilícita”.
Respecto a otra empresa denunciada, Inmobiliaria RC de Tamaulipas, SA de CV, la UIF considera como “primer dato relevante” que sus accionistas sean Baltazar Higinio Reséndez Cantú y su esposa Nancy Carolina Treviño Vega, aunque el administrador único es Reséndez Cantú.
El domicilio fiscal y/o teléfono de Inmobiliaria RC de Tamaulipas coincide con otras tres compañías controladas por su esposa y otras cinco de las que no se identifica la relación que tiene con sus propietarios. Esta empresa, de acuerdo con la UIF, registró retiros en efectivo por 14 millones 76 mil 373 pesos. Las operaciones se realizaron de forma estructurada, destacando 10 operaciones por 200 mil pesos, cuatro por 250 mil y otras cuatro por 300 mil pesos.
La UIF señala que el manejo de efectivo “es susceptible en la participación de posibles hechos calificados por la ley como delito de recursos de procedencia ilícita”.
