Acusado de la desaparición forzada de Miguel Ángel Hernández Valerio, en 1977, Esteban Guzmán Salgado es el único ejecutor del terrorismo de Estado durante la Guerra Sucia que ha recibido una sanción penal en México; el caso también representa el único triunfo de la extinta Femospp. Proceso expone el viacrucis legal que se inició con una denuncia de la familia y terminó 32 años después con una modesta sentencia de prisión.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En diciembre de 2006 el agente del Ministerio Público Federal Roberto Enrique Terrón Sánchez consignó una averiguación previa por desaparición forzada ante el Juzgado Noveno de Distrito en Sinaloa.
Los días de Terrón en este tipo de investigaciones estaban contados, pues la oficina de la Procuraduría General de la República de la que formó parte muy pronto fue disuelta y sus miembros despedidos o dispersados. El folio del expediente es PGR/FEMOSPP/018/2004. El nombre del acusado es Esteban Guzmán Salgado, exagente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), quien en 2009 fue hallado responsable de la desaparición forzada de Miguel Ángel Hernández Valerio, ocurrida en 1977.
Guzmán es el único ejecutor del terrorismo de Estado durante la Guerra Sucia que ha recibido una sanción penal en México; también es el único triunfo de la
Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). Ésta, creada y disuelta por Vicente Fox, debía investigar y llevar ante la justicia a los perpetradores de las matanzas de 1968 y 1971, de las desapariciones forzadas de la Guerra Sucia y de los numerosos homicidios políticos.
Pero de su modesto éxito en el juicio contra Guzmán no se enteraron, siquiera, los integrantes de la Femospp. Lo desconocen, incluso, los estudiosos de su trabajo.
En la más reciente investigación al respecto, escrita por Ezequiel González, profesor de la Universidad de Oxford, se afirma que: “(La Femospp) preparó y consignó numerosas acusaciones contra oficiales militares de alto perfil y un expresidente, pero sus esfuerzos fueron en vano (…) Ninguno de los casos llevados ante las cortes penales resultaron en condenas. De hecho, ninguno de ellos alcanzó la etapa de juicio”.
Pero no fue así. Los documentos que los perpetradores atesoraban en su archivo de inteligencia, el testimonio de un hombre que sobrevivió a su desaparición forzada, la acusación final de una fiscalía agonizante y la curiosidad de un secretario en un juzgado federal lograron la primera y única sentencia contra un agente del Estado por una de las centenas de desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Sucia.
Desaparición
Miguel Ángel Hernández Valerio tenía 19 años en 1977, vivía en Mazatlán y estaba inscrito en la Preparatoria Rosales Nocturna de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Estudió allí gracias al apoyo de su familia en Veracruz y a la invitación de Maximiliano, un amigo de la infancia con quien compartía un cuarto en una casa de estudiantes. Miguel se mantenía gracias a lo que su hermana Concepción le enviaba vía giros telegráficos y de su trabajo en la librería de Melvin Cantarell, filósofo y profesor de la preparatoria.
A mediados de septiembre de 1977 Maximiliano huyó de Mazatlán, se vio con Concepción y le anotó dos nombres al reverso del último giro que ella le hizo a su hermano: “Manuel y José”. Ambos jóvenes junto con Miguel fueron secuestrados por la Policía Municipal de Mazatlán y la judicial de Sinaloa en la pensión.
A finales de septiembre aparecen Manuel, José y Rubén, este último es un amigo de José que entonces se supo también fue detenido y desaparecido con ellos.
Sin embargo, de Miguel Ángel Hernández Valerio nunca volvió a saberse nada. Él es una de las casi 800 personas cuya desaparición forzada investigó la Femospp y de los 942 desaparecidos durante la Guerra Sucia que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas incorporó en diciembre de 2019 al Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas.
Veintiocho años después de ver a Miguel Ángel por última vez, su amigo José declaró en 2005 frente al agente Terrón de la Femospp sobre la cadena de calabozos clandestinos en los que fue interrogado, así como su traspaso a las manos de agentes federales. Su testimonio fue recogido en tercera persona:
“En (la casa de estudiantes) son golpeados, amenazados de muerte e interrogados sobre la propaganda subversiva denominada ‘Madera’, acusándolos de pertenecer a la Liga Comunista 23 de Septiembre, diciéndoles que les iban a dar en su madre por rojillos y comunistas. A las pocas horas son trasladados a unas oficinas y es aquí donde los elementos policiacos municipales (los entregan) a una persona (…) que ahora sabe, ya que en este acto se le ponen a la vista sus fotografías, es (…) Esteban Guzmán Salgado.”
El agente Guzmán trabaja en la DFS, una de las dependencias federales encargadas del espionaje político, es decir, de la articulación de una vasta red cuyo trabajo consiste en seguir a los opositores, asistir a todo evento que oliera a subversión y reportar “a la superioridad”. La DFS también es artífice de la política contrainsurgente y dispone de sus propias cárceles clandestinas y torturadores.
Esto es lo que José recordó también de su prolongada estancia en instalaciones militares: “De este lugar son trasladados en una camioneta por elementos armados a un lugar el cual presume se trataba de la Novena Zona Militar de Culiacán, Sinaloa. En el trayecto se percata por última vez de la presencia de Miguel Ángel. En esta zona militar referida se encontró aproximadamente un mes o mes y medio y recuerda que en una ocasión al dirigirse hacia el baño, un militar le da una bofetada diciéndole ‘pinche mocoso comunista’, y a consecuencia de este golpe cae rodando por unas escaleras.
“Al levantarse es nuevamente golpeado, pero ahora por muchos militares, insultándolo grotescamente. Son subidos a un vehículo militar y en la carretera de Culiacán a Mazatlán son bajados del mismo, encontrándose completamente desnudos y profundamente golpeados. El de la voz nunca vuelve a saber nada de Miguel Ángel.”
A 42 años de su calvario, José –de 59 años– relata en entrevista que en septiembre de 1977 estaba de paso por Sinaloa para recoger su certificado de preparatoria, y que para acompañarlo en el viaje reclutó a su compadre Rubén.
Explica que nunca tuvo vínculos con la guerrilla, menos todavía Rubén, a quien la tortura le dejó secuelas por las que se siente responsable. Él mismo aún padece dolores por los tormentos a los que fue sometido y tiembla al recordar el episodio.
José, a quien su familia prohibió hablar sobre su desaparición por miedo a represalias, actualmente preside una asociación llamada Derechos Humanos Tonal. A su desobediencia México debe la primera sentencia condenatoria por las atrocidades de la Guerra Sucia. La única.
“Madera”
En 1973 distintos grupos guerrilleros decidieron unirse y formar la Liga Comunista 23 de Septiembre. El nombre de la organización es tomado de la fecha del frustrado asalto al cuartel de Ciudad Madera, Chihuahua, en 1965. El título del periódico de la Liga, Madera, tiene idéntico origen.
Madera es lo que Miguel Ángel repartía en Mazatlán en 1977. Era una publicación propagandística: se esperaba de los simpatizantes y militantes de la organización que la distribuyeran para politizar a obreros, estudiantes y campesinos.
El año en que Miguel fue desaparecido (1977) marcó el clímax represivo en Sinaloa, fue uno de los 27 detenidos-desaparecidos permanentes en el estado contabilizados por la Femospp en ese año, contra 10 en 1976 y tres casos más en 1978.
La carrera del agente Guzmán en las labores de seguridad y espionaje, que comenzó en el Servicio Secreto de la Jefatura de Policía del Distrito Federal a finales de los cincuenta, continuó en los Servicios Especiales de la Presidencia; alcanzó su punto más alto como jefe de grupo de la DFS en Jalisco y tuvo su ocaso en la Policía Judicial de la Procuraduría capitalina.
Documento clave
Pedro, tío de Miguel Ángel, rellenó un formulario del Comité Pro-Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México (conocido más tarde como Comité Eureka), la primera organización nacional que agrupó a familiares de personas desaparecidas en la exigencia de su presentación. Pedro asienta escuetamente que su sobrino, estudiante, fue sacado por la fuerza de su domicilio en Mazatlán en 1977 por la “Policía Judicial del estado y agentes federales” y que sus compañeros sobrevivientes dan testimonio de una “cárcel clandestina que no pueden ubicar”.
Ese formulario se abrió camino. Una copia del documento va a parar a la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en 1989 y luego a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), específicamente a su Programa Especial sobre Presuntos Desaparecidos, detonando una investigación que no lleva a ningún lado hasta que en 2001, tras el triunfo presidencial de Fox en el año 2000, el programa sale de hibernación y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional acepta que los visitadores de la CNDH revisen los expedientes de su antecesora, la DFS.
Ahí localizaron un papel que no les permiten fotocopiar, pero que reseñan, lo cual facilita que la recién creada Femospp lo ubique tras su transferencia al Archivo General de la Nación.
Se trata de un informe rendido por el propio agente Guzmán a sus superiores en la DFS, el 12 de septiembre de 1977, en el que notifica que la policía mazatleca solicita apoyo para interrogar a cuatro miembros de la Liga Comunista: José, Manuel, Rubén y Miguel.
La averiguación previa del caso de Miguel Ángel contiene el expediente de la CNDH, papeles del archivo histórico, declaraciones recabadas en Puebla, Tabasco, Jalisco, Distrito Federal, Sinaloa, Quintana Roo, Veracruz y Estado de México, contestaciones de todo tipo de agencias informando no tener registros sobre Miguel Ángel, historiales laborales de espías y represores, así como notas de prensa.
La captura
Terrón consignó la averiguación previa el 7 de diciembre de 2006. Pasaron 29 años desde que los jóvenes fueron capturados en la casa de estudiantes en Mazatlán y una semana desde que el procurador Daniel Cabeza de Vaca firmó el acuerdo A/317/06, la sentencia de muerte de la Fiscalía Especial.
Al día siguiente, el Juzgado Noveno de Distrito en Sinaloa libró una orden de aprehensión contra Guzmán, entonces jubilado. Para el momento en que la Agencia Federal de Investigaciones la ejecuta, el 17 de marzo de 2007, la Femospp había dejado de existir.
Así, tocó a los agentes adscritos al juzgado darle seguimiento al juicio y ofrecer pruebas complementarias, cosa que hacen con el mínimo esfuerzo, pues sólo reciclan los argumentos de la Femospp en la consignación y proponen la ampliación de declaraciones de testigos. Si la fiscalía no hizo gran cosa durante el juicio, la defensa tampoco.
Guzmán, detenido en el Estado de México, permaneció en prisión preventiva en Mazatlán desde 2007 hasta el dictado de la sentencia, en septiembre de 2009. Su representación legal corrió a cargo de defensores de oficio, quienes, en vano, intentan excarcelarlo con dictámenes médicos (Guzmán tiene 68 años en ese entonces) y con impugnaciones al auto de formal prisión.
Sigue desaparecido
Guzmán fue sentenciado a una pena mínima: cinco años de cárcel –a los que había que restarle los dos y medio que llevaba en prisión preventiva– y un año de inhabilitación para ocupar empleos públicos.
La juez Elenisse Leyva decidió, sin embargo, que su edad y salud ameritaban la sustitución de la prisión con vigilancia de la autoridad. Con esto, Guzmán, de 70 años, regresó a su casa.
La investigación de la Femospp no fue perfecta, pero tiene méritos. Por el lado de las deficiencias dejó cabos sueltos sobre un agente más de la DFS, Jaime Alcalá Ruvalcaba, que, según consta en los papeles de archivo, también intervino en la desaparición.
La gran ausente en la investigación son las Fuerzas Armadas, en cuyo cuartel en Culiacán estuvieron cautivos los jóvenes. Cabe aclarar que hasta 2014 el Código de Justicia Militar definía como delitos contra la disciplina militar todos los cometidos por soldados en servicio. Esto implicó que la Femospp no pudiera acusar a soldados, pero en principio nada le impedía hurgar en sus archivos o llamarlos a declarar.
Sobre el hecho de que aún se desconoce qué fue de Miguel Ángel, su hermano dice sin ambages: “Actualmente no estoy investigando lo relativo a la desaparición de mi hermano, sólo quiero que, mediante la investigación efectuada por las autoridades, se me informe del lugar donde quedó mi hermano, si vive o no vive o en su caso el lugar donde se encuentran sus restos…”.
*Javier Yankelevich es historiador por la UNAM y maestro en ciencias sociales por la Flacso México. Es miembro del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad. Entre 2016 y 2019 desarrolló una investigación sobre las conexiones entre jueces y la desaparición de personas en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia. Autor de Antropología del Poder Constituyente de la Ciudad de México (2018), actualmente es el titular de la Unidad de Búsqueda de las Personas Desaparecidas Víctimas del Terrorismo Contrainsurgente durante la Guerra Sucia, en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
Este texto se publicó el 26 de enero de 2020 en la edición 2256 de la revista Proceso
