Varios estudiosos pronostican una crisis hídrica en México para 2040, especialmente del centro al norte del país, por la disminución nacional de agua renovable per cápita. A su vez, especialistas sobre el tema consultados por Proceso critican a la Comisión Nacional del Agua por la entrega indiscriminada de concesiones a firmas cerveceras, mineras y refresqueras. Las entrevistadas Elena Burns y GloriaTobón proponen crear la defensoría del recurso, y otorgarle facultades para sancionar a quien desperdicie o contamine el líquido, y destinar éste a actividades agrícolas y ambientales. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Al menos 354 personas y 657 empresas poseen concesiones hídricas superiores al millón de metros cúbicos (m3) de agua subterránea, muchas se localizan en zonas que enfrentan escasez del líquido, según el Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Compañías inmobiliarias, turísticas, hoteleras, mineras, energéticas, acereras, papeleras, agrícolas y alimenticias concentran para sus operaciones esos volúmenes vigentes por más de 1 mil 100 millones de m3, muchos de los cuales están en acuíferos sobreexplotados. Los concesionarios individuales, por su parte, acumulan 449 millones de m3. Ambos tipos representan 3% del agua disponible anualmente en el país. El colectivo Agua para Todos, integrado por académicos, organizaciones promotoras del derecho al líquido, consumidores y defensores del recurso, calcula que cada gran usuario tiene 3.5 concesiones. Por ley, la Conagua debe entregar los volúmenes a quien los solicita primero. Al inicio el organismo otorgaba las concesiones por 50 años, pero recientemente redujo el periodo a 30. Expertas consultadas por el reportero resaltan que ese sistema conlleva efectos negativos, pues, dicen, se aparta agua para destinos no prioritarios, fomenta la especulación y agudiza la extracción insostenible en zonas donde la escasez ya es un problema grave. Para Elena Burns, directora del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa, de la Universidad Autónoma Metropolitana plantel Azcapotzalco, el origen del fenómeno estriba en que la Conagua no puede negar asignaciones. “La gente vio que podía registrar tomas de agua y así apoderarse de una concesión. Todo se encaminó a mercados de agua, de intercambio de concesiones. Hay concentración en ciertas áreas geográficas”, explica Burns, coordinadora nacional de Agua para Todos. De los 653 acuíferos nacionales, 105 están sobrexplotados, 32 presentan sedimentos salinos y agua salobre, mientras 18 sufren intrusión del mar, según las Estadísticas del agua en México 2018, elaboradas por la Conagua. De acuerdo con esos datos, docenas de concesiones se centran en acuíferos menguantes y suponen un riesgo para el aprovisionamiento del líquido en esas regiones. En 2017 México tuvo agua renovable por 451 mil 585 millones de m3. La disponibilidad media del recurso cayó de 18 mil 35 m3 anuales por habitante, en 1950 a 3 mil 656 en el año citado, mientras personas físicas y morales acumulan millones de m3. Gloria Tobón, presidenta de la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo, indica a Proceso que la Conagua sabe que las asignaciones implican una sustracción insostenible. “Hay personas que han hecho de esto un negocio. Obtienen concesiones y luego las rentan o las venden. Hay terrenos que valen poco y lo que vale es el agua. El problema es que (Conagua) sigue entregando (concesiones)”, denuncia la experta. Usuarios conflictivos Entre las asignaciones resaltan tres entregadas el 14 de noviembre de 1994 a Inversiones Mallorca en el municipio de Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, propietaria de GRE Hansa Baja Investments, por 4 millones 500 mil m3. Esta firma pertenece a la española Hansa Urbana y es responsable del complejo turístico Cabo Cortés en el sur de la Península de Baja California –en amenaza directa al Parque Nacional Cabo Pulmo– y en estado de suspensión. Otras beneficiarias son las cerveceras. Entre ellas, la Compañía Cervecera del Trópico, subsidiaria de Grupo Modelo-AB Inbev, que se agenció cuatro concesiones el 12 de junio de 2003 por 6 millones 400 mil m3 en Tuxtepec, Oaxaca; Cervecería Modelo obtuvo el 17 de mayo de 1996 dos entregas en la entonces delegación Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México, por 4 millones 750 mil m3. El 10 de abril de 2018 Conagua también concedió a la Compañía Cervecera de Obregón, propiedad de la estadunidense Constellation Brands, dos volúmenes por 2 millones 500 mil m3 en Cajeme, Sonora. Otra filial de esa corporación, Compañía Cervecera de Coahuila, goza de cinco concesiones obtenidas el 18 de agosto de 2005 por 20 millones de m3 en Zaragoza, Coahuila. En Mexicali, Constellation ha suscitado desde 2016 oposición local por la construcción de un acueducto que surtirá de agua a su planta en esa ciudad. Desde mayo pasado, el Colectivo Plebiscito por la Defensa del Agua en Baja California ha pedido la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para investigar el conflicto. Por último, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, de Heineken International, consiguió el 1 de julio de 1994 un bloque por 2 millones 210 mil m3 en Monterrey. Las mineras también han recibido su rebanada del pastel hídrico para sus operaciones. Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, recibió el 12 de febrero de 2003 tres títulos por 3 millones 960 mil m3 en Cananea, Sonora. El derrame de 40 mil m3 de lixiviados de sulfato de cobre acidulado sobre el arroyo Tinajas contaminó los ríos Bacanuchi y Sonora. El ecocidio sigue impune. Además, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales investiga al corporativo del empresario Germán Larrea por accidentes ecológicos ocurridos en años recientes. Asimismo, Industrial Minera México, filial de Grupo México, obtuvo el 11 de abril de 2014 una concesión por 2 millones de m3 en Chalchihuites, Zacatecas. Altos Hornos de México, del empresario Alonso Ancira –quien se encuentra preso en España y espera su extradición a México, donde se le acusa de lavado de dinero– también acumula títulos hídricos en Coahuila, pues recibió seis el 30 de septiembre de 1998 por 12 millones 940 mil m3; ellos se ubican en Monclova y dos en Frontera. En ese mismo estado, su filial Minera del Norte obtuvo el 1 de julio de 2013 una concesión por 1 millón 4 mil m3 en Sierra Mojada. A otro de sus brazos, Compañía Carbonera La Sauceda, la Conagua le entregó 1 millón 460 mil m3 el 12 de noviembre de 1999 en Múzquiz, Coahuila. Por su parte, Minera Peñasquito acaparó 12 asignaciones en Zacatecas –ocho en Mazapil y cuatro en Melchor Ocampo– entre diciembre de 2010 y julio de 2014 por 16 millones 460 mil m3. El informe La situación de los derechos humanos y la minera Peñasquito en Mazapil, divulgado el lunes 5 por la Red Solidaria Década Contra la Impunidad y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, halló daños ambientales y sanitarios como agua con cianuro, aire contaminado con partículas y enfermedades alérgicas y epidérmicas entre la población cercana a la mina. A su vez, Desarrollos Mineros San Luis, subsidiaria de la estadunidense Newmont-Goldcorp, controla desde el 10 de julio de 2008 un volumen de 4 millones 10 mil m3 en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero. En ese mismo estado, Media Luna, de la canadiense Torex Gold Resources, se agenció el 20 de marzo de 2012 cuatro concesiones y otra más el 18 de septiembre de 2017 por 5 millones 50 mil m3 en Cocula, también en Guerrero, una zona controlada por grupos criminales. El Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, copropiedad de las acereras Ternium –rama del argentino Grupo Techint– y ArcelorMittal, de Luxemburgo, se ha hecho de cuatro títulos desde el 18 de octubre de 1995 y otra más el 6 de abril de 2018 por 6 millones 41 mil m3 en Minatitlán, Colima. En Sonora, Minera Penmont, filial de Fresnillo, recibió el 4 de octubre de 2012 una concesión por 2 millones 400 mil m3 en Caborca y Minera Santa Rita, de la canadiense Álamos Gold, obtuvo otra el 6 de diciembre de 1999 por 1 millón 540 mil m3 en Altar. Finalmente, Cobre del Mayo acogió el 21 de julio de 2006 un volumen de 1 millón 110 mil m3 en Álamos, donde opera la mina cuprífera Piedras Verdes, la tercera mayor del país. Cierra la lista Minera Real del Oro, de la canadiense Argonaut Gold Inc., que recibió el 11 de septiembre de 2018 una concesión por 1 millón de m3 en San Juan del Río, Durango. Además, Tubos de Acero de México –TenarisTamsa, del Grupo Techint– posee desde el 26 de julio de 1994 dos títulos por 2 millones 340 mil m3 y cuatro desde el 27 de diciembre de 1999 por 5 millones 600 mil en Veracruz. Su hermana Ternium goza de un volumen de 1 millón 350 mil m3 desde el 3 de octubre de 1994 en San Nicolás, Nuevo León. Embotelladoras y bancos No sólo de dinero, las embotelladoras también son “millonarias” del líquido. Bebidas Purificadas, filial de Pepsico, por ejemplo, recibió 1 millón 110 mil m3 el 7 de mayo de 2013 en Guadalupe, Nuevo León. La Conagua también benefició a otra de sus subsidiarias, Productos Gatorade de México, a la que dio 1 millón de m3 el 24 de enero de 2000 en Ixtlahuacán, Jalisco. Pero su competencia, Coca Cola, también recibió agua: pues su rama Bebidas Mundiales consiguió una asignación el 19 de octubre de 1995 por 1 millón 80 mil m3 en Tecomán, Colima, y otra el 2 de diciembre de 2013 por 1 millón 200 mil m3 en Matamoros, Tamaulipas. La estadunidense Niagara Bottling, la más grande del mundo, se hizo el 9 de febrero de 2018 de dos títulos por 2 millones 860 mil m3 con su filial Embotelladora Niágara de México, que Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, inauguró apenas el 2 de abril último en Soyaniquilpan. La lista incluye también concesiones llamativas, como las 18 de Geotérmica para el Desarrollo, perteneciente al Grupo Dragón –de Ricardo Salinas Pliego–, obtenidas el 13 de octubre de 2015 por 43 millones 740 mil m3 para el emprendimiento Campo Domo de San Pedro, Nayarit. O las 19 del Aeropuerto de Cancún (Grupo Aeroportuario del Sureste) –11 del 29 de enero de 2008 por casi 24 millones de m3 y ocho del 16 de enero último por 17 millones 920 mil– en Benito Juárez, Quintana Roo. Los bancos también disfrutan del banquete, pues Banco Azteca posee dos en Huixquilucan desde 2017 por 2 millones 200 mil m3 e Invex, una desde 2006 por 1 millón en La Paz, Baja California Sur, destinadas a uso agrícola; su intención sería venderlas a precio altísimo. El país vive una paradoja hídrica, pues las regiones del sureste tienen siete veces más agua disponible que el resto del territorio. En zonas como la Península de Baja California, la del Río Bravo, la franja centro-occidental y el Valle de México, el nivel del agua renovable per cápita es “preocupantemente bajo”, según la Conagua. Coahuila tiene agua renovable anual por 3 mil 457 millones de m3, pero la disponibilidad per cápita asciende a 1 mil 53 m3, lo que es sinónimo de escasez. De sus 28 acuíferos, sólo 11 no enfrentan sobreexplotación. Zacatecas padece una situación similar, con 15 de 34 mantos sobreconcesionados, y Sonora, con 25 de 60. Uno de los sitios más afectados es la Ciudad de México, que cuenta con 644 millones de m3 renovables y una disponibilidad de apenas 55 m3. El ente regulador prevé la disminución nacional de agua renovable per cápita para 2030, comparada con el aumento del volumen concesionado por habitante y el grado de presión sobre el recurso, cuando el Valle de México mantenga la escasez y la Península de Baja California y la zona del Río Bravo caigan en esa condición. Varias instituciones como el World Resources Institute (WRI, Instituto de Recursos Mundiales), la UNAM y organismos civiles como el colectivo Agua para Todos, pronostican una crisis hídrica en México para 2040, especialmente del centro al norte del país. Ante ello, las entrevistadas Burns y Tobón recomiendan la revisión y cancelación de asignaciones. “Tenemos un enorme problema que corregir. Hay razones para la extinción de concesiones, como vicio, dolo, error, información falsa. Si los concesionarios no extraen agua, Conagua tiene obligación de quitarles esos volúmenes, pero no quiere tocar a los grandes usuarios”, plantea Burns. Tobón, por su parte, señala que “cuando un asignatario esté desperdiciando mucha agua, antes de extender la concesión, se le debe exigir que reduzca fugas, que trate aguas residuales. Necesitamos que no se use más de la que se recarga, pero parece que Conagua tiene que entregar toda el agua disponible y no guardar nada”. Desde 2013 México debió aprobar una ley hídrica para cumplir con la reforma constitucional que garantiza el derecho humano al agua. La solución recae, según las especialistas, en la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, elaborada desde 2014 por organizaciones de la sociedad civil, académicos, comunidades y pueblos indígenas. Esa propuesta promueve la abolición de la Conagua y su sustitución por un Consejo Nacional de Aguas integrado por Consejos de Cuencas Regionales. Además, crea la defensoría del recurso, facultada para sancionar a quien lo desperdicie o contamine,  destina el líquido a actividades agrícolas y ambientales. Mientras la Conagua organiza actualmente seminarios regionales para construir la nueva ley, Agua Para Todos y la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados preparan foros similares para el segundo semestre de este año. Así, los diputados recibirían una iniciativa de Ley General de Aguas de la comisión respectiva, el proyecto ciudadano y posiblemente otro de la Conagua y de la bancada de Morena. Para 2030 México se comprometió a alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados en 2017 por la ONU, y de los cuales el sexto trata de agua limpia y saneamiento universal. Este reportaje se publicó el 8 de septiembre de 2019 en la edición 2236 de la revista Proceso