Hay un dicho entre los reporteros que empezamos a cubrir hace años la colusión de narcos y políticos que nos ayudaba a definir esta asociación delictuosa. “Los políticos corrompieron a los narcos” decíamos entre broma y en serio. Hoy esa mofa es una realidad, al menos eso es lo que se ve con las acusaciones que llegan desde Washington en contra de gobernantes mexicanos.

La pérdida de votos en las elecciones del año entrante, a raíz de las acusaciones de Donald Trump, es una de las principales preocupaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ya acusó a la Casa Blanca de querer influir en el proceso electoral a través de las acusaciones en contra de miembros de Morena.

Estas acusaciones y las que se prevé habrá en contra de un número de miembros de Morena que tiene un historial negro, le ha producido un agudo dolor de cabeza a la presidenta Sheinbaum.

Muchos de estos personajes miembros destacados de Morena –gobernadores, diputados, senadores, militares, presidentes municipales y funcionarios– creían o siguen creyendo que son intocables por la hegemonía política y de gobierno que tiene el movimiento creado por Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, la decisión del gobierno de Trump de calificar como terroristas a los narcotraficantes mexicanos –incluyendo a los metidos en la política y en el gobierno– y combatirlos dentro del territorio nacional ha generado una sensación de fragilidad en muchos de estos personajes a los que se les ha retirado su visa estadunidense.

Envuelta en la bandera de defensa de la soberanía, la presidenta ha interpuesto la protección a miembros de Morena que el gobierno de Estados Unidos acusa de tener vínculos con grupos del crimen organizado. Ha exigido pruebas en los casos del gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, y que no intervengan en la política nacional, como a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal.

Se trata en de un acto desesperado de la presidenta Sheinbaum por detener la ola de acusaciones y peticiones de que acudan estos personajes ante los tribunales de Estados Unidos.

Pero esta defensa política y de gobierno tiene un efecto contrario. Funciona como un globo lleno de aire o de gas, que ante el aumento de la presión revienta tarde o temprano.

La decisión de la presidenta de no actuar en contra de quienes se tienen pruebas de tener vínculos con organizaciones criminales ya ha comenzado a tener los efectos negativos, pues se trata de un enorme agujero negro por el que se está yendo el dominio político y electoral que Morena consiguió en 2018 y que creció en 2024.

Si con el PAN en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón fue la incompetencia para llevar a cabo la transición a la democracia y el fiasco de la guerra contra el narco lo que los llevó a la derrota y con el PRI de Enrique Peña Nieto fue la corrupción, para Morena la colusión con el narcotráfico es el derrotero previsible en el horizonte.

Con la amenaza en ciernes de la destrucción de su proyecto transexenal llamado Cuarta Transformación, López Obrador salió con una carta pública manifestando el deseo que de Donald Trump cambie de actitud frente a México.

Y aunque dio un espaldarazo a la presidenta Claudia Sheinbaum, su desasosiego es que Morena ya no repita el aplastante triunfo de las elecciones pasadas, y con ello venga construyéndose la senda de una derrota con tintes de venganza de la oposición.

La narcopolítica no es exclusiva de este gobierno de Morena, tanto el PAN como el PRI en el gobierno tuvieron graves casos de colusión de funcionarios, gobernadores y legisladores. Pero el problema para el movimiento de la Cuarta Transformación es que la narcopolítica se convierte en el sello que la identifique y que así se refleje en las urnas y en las páginas de la historia.

Es decir, que sea su agujero negro por el que se vaya todo lo logrado.