Este 26 de septiembre de 2025 Francisco Garduño, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, ofrecerá una disculpa pública a las familias y sobrevivientes por el incendio ocurrido en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, el 27 de marzo de 2023, como parte de las medidas impuestas por el juez que estudia la causa penal, para concederle “la suspensión condicional del proceso” como imputado, con el fin de concluir la causa penal en su contra. 

La disculpa no la realiza como representante del Estado sino a título personal. 

Pero la organización y erogación de los gastos de este acto si lo cubre el Estado mediante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La manipulación de procesos que realiza el aparato de gobierno queda evidenciada vía este caso.

En esa tragedia murieron 40 migrantes, 27 resultaron con daños físicos y neurológicos irreversibles, y 15 mujeres sobrevivieron, todas bajo custodia del Estado mexicano. Este acto –parte del mecanismo de reparación integral previsto por la Ley General de Víctimas– representa un reconocimiento simbólico de responsabilidad estatal. Sin embargo, en un país donde el perdón suele sustituir a la justicia, el riesgo es que la disculpa se convierta en una ceremonia vacía: un acto de escenificación para clausurar un dolor aún abierto, sin modificar las estructuras que lo hicieron posible.

Las disculpas públicas tienen valor jurídico, simbólico y reparador. Son una forma de reconocer el daño causado y de comprometerse con la no repetición. Pero ese valor se anula si no se acompaña de acciones estructurales. En este caso los hechos siguen siendo alarmantes. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ninguna estación migratoria es apta para la detención de personas pues operan con graves deficiencias, incluyendo hacinamiento, negligencia médica, falta de personal capacitado y ausencia de protocolos de emergencia. En su informe especial sobre las estancias y estaciones migratorias, la CNDH documentó condiciones inhumanas en múltiples instalaciones, incluyendo la estación de Ciudad Juárez, antes y después del incendio.

A más de dos años de los hechos, el modelo migratorio mexicano sigue centrado en la detención como regla general. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, en el primer semestre de 2025 fueron privadas de la libertad más de 119 mil personas en estaciones migratorias, en contravención al principio de excepcionalidad previsto en la Ley de Migración. Las 

llamadas “alternativas a la detención” –como espacios de acogida digna– siguen siendo inexistentes en la práctica; y las 36 horas de detención administrativa, como tiempo máximo de detención, se volvieron una simulación. 

El Instituto Nacional de Migración (INM) contabiliza las 36 horas en cada estación migratoria de traslado y, peor aún, no se inicia un procedimiento administrativo migratorio, por lo que no queda registro del paradero de las personas desde su detención hasta su liberación, y tampoco existe información sobre su estatus migratorio actual.

El caso de Ciudad Juárez no fue un accidente: fue la consecuencia directa de un sistema que prioriza la contención sobre los derechos humanos. El incendio ocurrió después de que personas migrantes fueran encerradas en una celda con candado, sin acceso a agua, sin atención médica, y sin posibilidad de evacuación. 

Organizaciones de la sociedad civil han señalado que la omisión deliberada por parte de los agentes migratorios –captada en video– constituye una grave violación de derechos humanos y un incumplimiento del deber de custodia por parte del Estado. Una tragedia anunciada, pero que pudo ser prevenible.

Y pese a todo, la estructura institucional permanece prácticamente intacta. El excomisionado del INM Francisco Garduño, acusado de ejercicio indebido del servicio público, se mantuvo en funciones prácticamente dos años tras la tragedia, y pese a estar vinculado a proceso y su gravedad, ha conservado en todo momento la libertad personal. Mientras que otros funcionarios han evadido responsabilidad penal o han sido protegidos por redes institucionales, como llevar sus procesos en libertad o inclusive fugarse. Esta impunidad refleja la falta de voluntad política para asumir responsabilidades reales.

Lo más grave es que las condiciones que propiciaron el incendio no se han corregido: las estaciones migratorias siguen sin protocolos eficaces de protección civil, sin personal médico en turnos completos, y sin mecanismos transparentes de supervisión externa.

Después del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, más personas han muerto dentro de estaciones migratorias como en la Siglo XXI de Tapachula, Chiapas. La CNDH ha advertido, en diferentes recomendaciones e informes, que el modelo migratorio vigente reproduce lógicas de criminalización, castigo y encierro, contrarias a los compromisos internacionales asumidos por México.

En este contexto, una disculpa pública sin reformas profundas a la política migratoria corre el riesgo de ser una forma de control simbólico. El Estado y Garduño aparecen en escena, reconocen la tragedia, se muestran arrepentidos, y dan por cerrado el caso. Se convierte en una estrategia para neutralizar la exigencia social sin modificar las condiciones estructurales que originaron el daño. Esto no es una suposición sino una práctica reiterada que hemos visto en múltiples disculpas públicas previas. 

Las víctimas del incendio de Ciudad Juárez –y todas las personas migrantes que transitan o residen en México– no necesitan sólo palabras. Necesitan verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Necesitan que se desmantele un sistema migratorio que sigue violando derechos de forma cotidiana. 

Necesitan medidas concretas: cierre de estaciones migratorias que incumplen con estándares mínimos, fortalecimiento de alternativas a la detención, acceso efectivo al asilo, regularización migratoria sin condicionamientos, y mecanismos independientes de supervisión.

Porque sin derechos garantizados, las disculpas son sólo retórica hueca, un acto performativo que desactiva la protesta, no una acción que transforma la realidad, una medida usada para clausurar la conversación sobre el sistema migratorio mexicano, en lugar de abrirla. Y cuando el lenguaje del perdón no se acompaña de hechos, no repara, revictimiza.

*Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI).