Concluyó el proceso electoral extraordinario por el cual se eligió democráticamente al Poder Judicial de México. Este ciclo inició con la publicación de la reforma constitucional a este Poder el 15 de septiembre de 2024 y ha terminado, casi un año después, con la toma de protesta de las personas electas ante el Senado de la República el pasado 1º de septiembre de 2025.

Hay que decir que en estas históricas elecciones hubo luces y sombras. En cuanto a sus luces, destaca la propia democratización del Poder Judicial. La participación del pueblo para elegir de manera directa a sus integrantes le dota de una legitimación democrática sin precedentes y resulta sobresaliente en términos históricos y comparativos.

Asimismo, las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, han demostrado, una vez más, sus capacidades profesionales y técnicas para resolver los medios de impugnación a su cargo. Se trató de una prueba altamente complicada por lo inédito, la magnitud y lo complejo de estas elecciones.

Lo cierto es que, con el sistema anterior del Poder Judicial, el pueblo no se sentía representado. Era un sistema muy controvertido y había necesidad social de buscar otras vías de legitimación de las personas juzgadoras.

Sin embargo, no todo en torno a estas elecciones fueron positivas. Es necesaria una mirada crítica a los acontecimientos.

En efecto, las inconsistencias y errores que existieron durante el proceso deben ser motivo de reflexión, que permita hacer propuestas para mejorar el sistema de cara a las elecciones del 2027, que están a la vuelta de la esquina.

Debe repensarse el sistema completo, pero destacan algunas temáticas específicas que merecen destacarse:

a) Perfeccionar la cartografía electoral judicial. La eficiencia y efectividad del voto dependen de una distribución geográfica adecuada. Aunque el diseño utilizado en esta elección fue razonable, dados los apremiantes tiempos constitucionales, es necesario replantear la conformación de los distritos judiciales electorales para que sean más lógicos, incluyentes y equilibrados.

b) Eliminar la tómbola. La tómbola limita el derecho de los aspirantes a las candidaturas. En la evaluación y selección de personas candidatas deben priorizarse métodos que garanticen perfiles profesionales. El azar no es un sistema óptimo para este fin. Debemos pensar en un sistema que valore los méritos mediante puntajes y elementos que diferencien la trayectoria de las personas.

c) Acciones afirmativas. Dado que no fue posible implementarlas en esta ocasión, para 2027 es indispensable crear acciones afirmativas que garanticen que jueces y magistrados pertenezcan a grupos históricamente excluidos o en situación de desventaja,

d) Consolidar un solo comité de evaluación. Deben eliminarse los comités de evaluación de los tres poderes para dejar uno solo, que utilice criterios únicos y una sola metodología para seleccionar candidaturas. En este proceso electoral se constató la complejidad de habilitar a tres comités, cada uno con sus propias y diferentes reglas de evaluación y selección.

e) Ajustar las reglas de campaña. Muchos aspirantes tuvieron dificultades para llegar a los votantes a través de redes sociales o propaganda en la vía pública. Sería valioso reflexionar sobre otros medios de difusión que, sobre todo, sean adecuados para un gran número de candidaturas y aseguren una estricta equidad.

Además, debemos considerar si 60 días es, o no, un periodo de campaña excesivamente largo, especialmente porque los topes de gasto son muy bajos y se ha prohibido todo tipo de financiamiento público o privado, salvo el personal.

f) Simplificar las boletas. El diseño de las boletas para emitir los votos fue muy complejo. Valdría la pena simplificarlas y hacerlas más comprensibles para el electorado. De hecho, este aspecto, en todo caso, va de la mano de la necesidad de pensar en un mecanismo electrónico de votación.

g) Implementar el voto electrónico. Es fundamental trabajar en un mejor diseño del sistema en términos de accesibilidad y eficiencia. Quizá sea momento de aceptar plenamente el voto electrónico, ya sea mediante urna o un sistema digital (voto por internet), o ambos. Esto facilitaría el cómputo, reduciría los costos y, sin duda, simplificaría la votación.

Podría implementarse el voto digital a través de una plataforma con tecnología asequible, segura y confiable, que permita recabar el sufragio ciudadano de forma automatizada y ofrecer resultados inmediatos y precisos.

Este método, además, permitiría incrementar el acceso a la votación y, por ende, fomentar una mayor participación ciudadana en este tipo de elecciones.

h) Lograr la participación de personas en situación de desventaja. Para el 2027 se deben generar las condiciones institucionales necesarias para permitir la participación de personas en prisión preventiva y de mexicanos residentes en el extranjero. Todavía hay tiempo para realizar los ajustes indispensables que permitan aumentar la base electoral con sentido inclusivo.

Desde luego, más allá de estas propuestas y otras que surjan en la deliberación pública, está presente la gran pregunta: ahora la ciudadanía ¿se sentirá verdaderamente representada por su Poder Judicial?

En mi opinión, debe pasar al menos una década para comprobar si la nueva forma de elegir al Poder Judicial fue la solución para mejorar nuestra justicia. Dependerá del trabajo que realice cada una de las personas juzgadoras electas y de que demuestren su independencia cotidiana.

En todo caso, de cara al proceso electoral de 2027, más allá de lo que depare la próxima reforma electoral, sus autoridades estarán de nuevo a la altura de las circunstancias. De ello puede estar plenamente segura la sociedad mexicana.

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*Magistrado Electoral del TEPJF