CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La reforma electoral ya está en curso. No es un proyecto. Es una serie de hechos. El Congreso ha aprobado el CURP biométrico como sistema único de identificación obligatoria. A partir de octubre, sustituirá paulatinamente a la credencial para votar. Con eso se activa una transformación silenciosa, pero profunda. El problema no es la oposición. Votará en contra como se esperaba. El verdadero reto está en los aliados. Y en mantener unido lo que puede romperse desde adentro. Veamos.

Primero. El CURP biométrico será la llave para todo. No solo para votar. Para comprar, vender, tramitar, trabajar, viajar, cobrar, pagar. Lo usará el gobierno, los bancos, los hospitales, las escuelas, las empresas. Ya no será posible vivir fuera del sistema. Toda persona pública o privada deberá exigirlo por ley. No importa que invada la privacidad. No hay contrapesos. No hay vigilancia real. El órgano autónomo que protegía los datos desapareció. No hay institución que revise lo que se hace con esa información. Todo queda en manos del Ejecutivo. Y la única garantía es un discurso: que quienes operan el sistema actuarán con ética. Esa fe, acaso, funciona como narrativa interna. Útil para reforzar a los convencidos. Pero no para quienes tienen pensamiento crítico. Incluso si son minoría, no se callan. Exigen reglas. No promesas. Quieren límites. No discursos. Asumir que basta con pedir confianza solo profundiza la desconfianza. No todo el país cree. Y una parte del país exige pruebas, no palabras. El nuevo INE tendrá existencia legal, pero no constitucional. Seguirá operando, pero con menos poder. Se le acotará presupuesto, estructura y funciones. El padrón electoral se mantendrá a su cargo formalmente, aunque en los hechos dependerá de la Secretaría de Gobernación. Para guardar las formas, se conservarán funciones mínimas. Pero el núcleo estará en otra parte.

Segundo. Los tribunales electorales estatales serán seguramente absorbidos por el TEPJF. Se elimina duplicidad. No cambia la función, pero sí la estructura. Se ajustan sueldos conforme al artículo 127 constitucional. Se compacta. Se disciplina. Se integra en una lógica nacional unificada. La reducción del número de diputaciones está sobre la mesa. No está cerrada. Pero sí perfilada. No es una cuestión técnica. Es una ecuación política. PT y PVEM dependen de la representación proporcional. Si se reduce sin cuidado, se extinguen.

No votarán su eliminación sin algo concreto a cambio. La política no se mueve con discursos. Se mueve con incentivos. Los aliados exigen garantías: distritos seguros, candidaturas comunes, cargos ejecutivos, acceso a medios, fórmulas que aseguren vida útil.

Se pueden sumar compensaciones jurídicas. Reglas para mantener el registro. Flexibilidad local. Redistribución de espacios. O, en caso extremo, presión legal y mediática. Todo dentro del marco de derecho. Pero con firmeza. No se puede dudar. La oposición ya está fuera de la ecuación. Su rechazo es previsible. La mayoría calificada se define con dos siglas: PT y PVEM. Sin ellos, no hay reforma. Con ellos, todo puede avanzar. Por eso el punto central no es técnico, ni ideológico. Es táctico. Y se juega en corto.

Tercero. Hay límites que no se pueden cruzar. No por ética. No por pluralismo. No por respeto a la democracia. Decir eso sería una ofensa a la inteligencia ciudadana. Lo que no pasa, no pasa porque los aliados no se dejarán borrar. No se puede pedir a un partido que vote contra sí mismo. Nadie lo hace. Eliminar toda representación proporcional en la Cámara de Diputados no es viable. Pedirlo al PVEM y al PT es pedirles que firmen su sentencia de muerte. No va a suceder. No hay condiciones internas. No hay fórmulas de salvación en ese escenario. De ahí las precisas palabras de Ricardo Monreal. Tampoco se puede hacer pasar la inacción como virtud. La narrativa oficial deberá cuidarse. Si se dice que no se avanza “por respeto a la pluralidad”, se pierde credibilidad. Nadie cree que los frenos son por amor al debate. Decirlo solo agrava la polarización. La ciudadanía crítica —aunque minoritaria— rechaza las explicaciones falsas. Lo exige todo claro. Y sin adornos.

La reforma no necesita aprobación de la oposición. Necesita solidez interna. No requiere aplausos. Requiere lealtad. Pactada, blindada y eficaz. Nada de esto es abstracto. Todo es cálculo. O se logra con incentivos o se detiene por resistencia. Y lo que no se da por voluntad, se impone con reglas. Quien manda, decide. Pero quien decide sin pactar, rompe.

La ética sin instituciones es discurso vacío. Y la confianza ciega solo la otorgan los ya convencidos. El resto exige garantías. No palabras. Reglas. No promesas. Poder no es tener mayoría. Es saber qué hacer con ella. Sin ruido. Sin errores. Y, si ellos fuera posible, con responsabilidad.

@evillanuevamx

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