CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La sociedad mexicana padece graves desigualdades. Pese a los avances alcanzados en los últimos años existe aún una brecha por cerrar. En el propósito de alcanzar esa meta la justicia juega un papel fundamental. De hecho, sin bienestar no hay justicia y sin justicia no hay bienestar. Se trata de dos variables dependientes, una está en función de la otra.

La justicia, en su dimensión distributiva, se expresa en la medida en que un pueblo vive en condiciones de bienestar, si la prosperidad alcanza a todos, si se goza de libertades e impera la democracia. Ello supone una economía productiva, que genere empleo bien pagado y prestaciones que satisfagan las principales necesidades sociales.

A estas condiciones se añade un ambiente democrático en el que se garanticen los derechos humanos de todas las personas en condiciones igualitarias: de acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, al medio ambiente sano, a la igualdad de género, a la no discriminación y todos aquellos que son componentes de un Estado Social de Bienestar y de Derecho. En estas dos últimas palabras: “de Derecho”, está la clave del vínculo del bienestar con la justicia, porque el derecho humano de acceso a la justicia es la garantía del cumplimiento y vigencia efectiva de todos los demás derechos.

En ese contexto, podríamos hablar de la necesidad de un auténtico Estado Social de Bienestar y de Derechos —le agregaría ahora el plural— cuya viabilidad depende de un Poder Judicial eficiente, honesto y con un profundo sentido social. Orientado a impartir una justicia humanista, que ponga en el centro a las personas y su dignidad, priorizando la atención de los sectores más vulnerables, que proteja a las víctimas y en general, propicie una prosperidad compartida, de la que gocen todas y todos.

El acceso igualitario a la justicia tiene que ser un elemento del sistema judicial. Para ello debe operar una defensa jurídica gratuita que llegue a las poblaciones más vulnerables, donde no hay recursos ni posibilidad de contratar una defensa adecuada. Este tipo de acceso exige además una justicia de puertas abiertas, no más jueces encerrados en la soledad de una oficina, ajenos a la realidad de las personas justiciables.

Se trata de que la justicia sea un derecho, no un privilegio; de que se cumpla la Constitución, cuyo artículo 17 establece que la justicia debe ser pronta, expedita e imparcial, es decir, impartida por jueces que no respondan a consignas económicas ni a presiones sociales o políticas.

Se trata de una concepción de la justicia que vaya de la mano con el bienestar popular.