Uno de los problemas más dolorosos generado por la espiral de violencia en el país en los últimos años son los pueblos desplazados. Se trata de un tema que el gobierno federal y los poderes legislativos no se quieren ocupar pese a que hay más de 350 mil personas que han abandonado sus hogares obligados por lo grupos del crimen organizado que utilizan todas las tácticas, incluyendo drones con bombas, para obligarlos a dejar sus tierras.
Hace unos meses un grupo de reporteros de Proceso, apoyados por Connectas, realizaron una serie de reportajes que daban cuenta de este grave problema que aqueja a decenas de comunidades en diversas regiones donde el crimen organizado es autoridad y gobierno.
Pese a los graves riesgos que conlleva este tipo de trabajos de investigación periodística los reporteros de esta revista se adentraron en las comunidades de Guerrero, Chiapas, Sinaloa, Zacatecas, Chihuahua y Michoacán para documentar la situación de los pueblos desplazados, pueblos cuyas familias completas dejan todo tras de sí bajo el yugo de los grupos criminales.
En dicha investigación se dio cuenta del abandono de estas familias por parte de todos los niveles de gobierno, incluyendo al gobierno federal y al Poder Legislativo que tiene pendiente la aprobación de una ley sobre pueblos desplazados de manera forzada en la cual se plantea que sean reconocidos para que se les asigne un presupuesto especial de apoyo.
Reporteros y colaboradores de Proceso recogieron testimonios de los habitantes, hablaron con quienes se han resistido a salir y con los que no vieron otra manera de sobrevivir que salir y dejarlo todo, para convertirse en víctimas de Desplazamiento Forzado Interno (DFI), situación que vulnera varios derechos humanos, pero fundamentalmente el que tienen las personas a residir donde decidan y al libre tránsito.
El desplazamiento forzado interno originalmente se detectó en los setenta, ocasionado principalmente por intolerancia religiosa, conflictos comunales, disputa de tierras y recursos naturales. En los noventa, a las causas se añadieron la creciente inseguridad y otros conflictos como el surgido con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas.
Pero de manera marcada a partir de 2006, con la implementación de una estrategia de combate directo del gobierno federal a los grupos del narcotráfico en el sexenio del presidente Felipe Calderón, la violencia se intensificó y, con ello, el desplazamiento forzado interno se convirtió en uno de sus impactos y consecuencias en regiones del país. 

Desde entonces, organizaciones no gubernamentales e instancias nacionales e internacionales han documentado el fenómeno y han advertido al gobierno mexicano, mediante recomendaciones e informes, que debe tomar medidas, reconocer y atender el desplazamiento forzado interno.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) realiza un monitoreo permanente del desplazamiento vía el acompañamiento de casos, análisis estadísticos y un seguimiento hemerográfico del fenómeno en todo el país desde 2007. Un corte de esta organización a octubre de 2023 calculó que había alrededor de 386 mil personas desplazadas de manera forzada en México que representa casi la mitad de la población del estado de Colima.  

Antes, el 12 de noviembre de 2021, cuando la Consejo Nacional de Población (Conapo) publicó el diagnóstico nacional sobre la situación del desplazamiento forzado interno en México. Basado en un censo aplicado en 2020, cuando una entidad oficial reconoció por primera vez como factor de migración a nivel nacional la inseguridad delictiva o violencia, se registró que 251 mil 513 personas se mudaron a otro municipio a causa de la violencia criminal y la inseguridad, entre 2015 y 2020.
El desplazamiento forzado es un reflejo duro de la evolución de un conflicto armado, significa que la gente es expulsada de su tierra y esto es un indicador típico de situaciones de guerra, en las cuales hay un control territorial por parte de organizaciones armadas o por combates entre grupos armados con ejércitos, explicó el experto en acompañamiento psicosocial de víctimas de la violencia Carlos Martín Beristáin, en entrevista para Proceso.
El psicólogo y médico vasco refirió que entre 1994 y 1995, con la situación de Colombia, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó los primeros documentos de trabajo basados en los principios rectores del desplazamiento forzado, que deberían estar ya aplicados en el caso mexicano porque es parte de ese derecho internacional que se ha construido a partir de la experiencia de países en conflicto.
Sin embargo, no se ha atendido este problema, y aunque ha habido propuestas de reformas y de ley federal por legisladores de varios partidos desde 1998 hasta 2020, no hay un reconocimiento tácito del factor del crimen organizado o el narcotráfico como origen del desplazamiento interno forzado.
Sin reconocimiento, ni ley, sin presupuesto para atenderlos, los pueblos deambulan como una sombra por diversas regiones del país. Son fantasmas sin derechos que no existen en el discurso oficial.