CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La mayoría calificada proyectada de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión (con el Senado a un paso de alcanzarla), resuelta por el INE y seguramente confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha generado reacciones dispares: desánimo en una minoría y júbilo en la mayoría. Para quienes, como yo, han leído tanto el derecho como el contexto, la situación era previsible y aquí oportunamente lo he escrito. Al mismo tiempo, la aprobación en comisiones de la desaparición de siete organismos constitucionales autónomos ya sea por buenas o malas razones (esto es lo menos relevante), nos obliga a reflexionar, aunque sé que pensar, una actividad básica en otros tiempos, se ha vuelto una tarea sinuosa y compleja, incluso para personas con un alto nivel intelectual y amplias prendas cognitivas. Muchos de ellos parecen estar en un duelo profundo y se han declarado en huelga racional y pragmática. Creo que hay una oportunidad, no una debacle. ¿Qué debemos hacer a partir de este momento? Veamos.

Primero. En este punto parece evidente que el camino del todo o nada seguido por los detractores radicales del nuevo régimen —que ha estado en vigor desde 2018 y que ahora busca traducirse en norma jurídica vigente mediante la reforma constitucional— no sólo no ha rendido los frutos esperados por sus promotores; antes bien, ha movilizado a las facciones más radicales de la 4T. Las declaraciones del embajador de Estados Unidos y de los líderes de los organismos empresariales no han derivado en una ruptura —ni siquiera en la amenaza— de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos, México y Canadá. Tampoco los principales empresarios han manifestado públicamente su oposición a seguir invirtiendo en el país, y mucho menos han considerado abandonar México en busca de oportunidades en otras latitudes. Las fuerzas armadas han actuado con la debida institucionalidad, y la gran mayoría de la población (con razón o sin ella, lo cual es secundario; lo importante es el hecho en sí) apoya a la 4T. Morena y sus aliados, además, no solamente han ganado la Presidencia de la República, sino que gobiernan tres cuartas partes de los estados de la República. Esa cuarta parte restante ha cultivado en su mayoría relaciones favorables con la 4T para mantenerse en el poder, dada la simple razón de que el Presupuesto de Egresos de la Federación es autorizado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y las atribuciones federales en los estados son inmensas. Atrás quedaron las ocurrencias de algunos gobiernos estatales de separarse de la coordinación fiscal con la Federación, surgidas momentáneamente en 2019 por ignorancia. Según los principales expertos en economía, el único estado que podría subsistir sin la Federación es Tamaulipas, donde gobierna Morena. Eso es lo que hay, y sobre esa realidad debemos actuar, nos guste o no.

Segundo. Tuve la oportunidad, en el año 2000, de participar en un esfuerzo colectivo para transformar la opacidad, que era la regla general, en transparencia como paradigma mediante la ley. El contexto era distinto al actual. A través de un esfuerzo colectivo, logramos entre muchos aprobar la primera ley de transparencia y acceso a la información pública en México en 2003 (237 años después de la primera en el mundo, en Suecia, como parte integrante de su Constitución). La naturaleza humana sigue siendo la misma: no es posible llegar a acuerdos esenciales si no existe el reconocimiento de cómo transitar y coincidir en la diferencia. Si no hay un presupuesto de respeto y civilidad para generar una confianza mínima y acercar posiciones en función de los aportes pragmáticos que cada una de las partes en disputa puede ofrecer. La polarización —iniciada, sin duda, por el presidente López Obrador, pero que atrapó y exacerbó a sus adversarios, quienes respondieron con adjetivos cada vez más intensos, creando una espiral sucesiva— ha nublado la razón, ha preferido sacrificar el interés público por la satisfacción efímera de la catarsis (en la esperanza de que algún día la historia haga "justicia" a esos afanes en un futuro incierto) y ha generado provocación y radicalización en la 4T. René Bejarano (a quien admiro como un gran estratega) me lo comentó en mi programa de coyuntura "Hablando derecho" en Etcétera (Marco Levario me dio el espacio con plena y absoluta libertad, a pesar de nuestras abismales diferencias, por lo que aprecio y reconozco infinitamente ese gesto), sobre la importancia de llegar a acuerdos razonables. Lo mismo reiteró, una y otra vez, Ricardo Monreal (quien es una de las mentes más lúcidas de la 4T) al cuestionar las habilidades de estadista de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como interlocutora.

Tercero. Estoy convencido —no por la amenaza absurda de incumplir el T-MEC o tratados internacionales— de que las facultades de, por lo menos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (el único caso donde el T-MEC se refiere en su articulado a un organismo con independencia en sus decisiones porque existen tanto en Estados Unidos como en Canadá, aunque obviamente no como organismos constitucionales autónomos), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Comisión Federal de Competencia Económica, deberían mantener autonomía legal y, por supuesto, independencia técnica, debidamente ajustados al principio de austeridad y con sueldos idénticos a los de la Administración Pública Federal (que deberían ser organismos descentralizados, lo que, aclaro, no tiene por qué tener impacto presupuestal alguno). Creo que la comisionada del INAI, Julieta del Río, quien ha debido navegar contracorriente en el organismo del que forma parte, podría ser una excelente aliada en la organización de estos organismos deseables, en virtud de su formación académica en administración, su experiencia en el combate a la corrupción y su evidente compromiso con el interés público. Asimismo, insisto en que debemos aprovechar al personal especializado y operativo que ya existe en esos organismos y que, en gran medida, está al margen de la política partidista y representa un activo importantísimo que no debemos desperdiciar. Me niego a participar en la política maniquea. Es nuestra responsabilidad asumir la tarea con los mejores intereses del país en mente, utilizando las herramientas que ofrece esta circunstancia, pero sin abandonar la plaza, caer en una parálisis racional, sufrir una depresión colectiva o pensar que todo está perdido.

Pd. El próximo jueves en nuestra Facultad de Derecho de la UNAM se presentará la imperdible obra Violencia digital y fake news: un atentado a la dignidad de la persona (Tirant lo Blanch, 2024) de la ameritada jurista Gisela Pérez Fuentes a las 9:00 hrs. en el auditorio Gabino Fraga, con los comentarios de l@s doctor@s Hilda Nucci, Karla Cantoral y Antonio Piccato.

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