Apenas reciba la banda presidencial el primero de septiembre, Claudia Sheinbaum tendrá enormes problemas y retos heredados por los anteriores presidentes, incluyendo a Andrés Manuel López Obrador: la injusticia y violencia que han generado miles de muertes, desapariciones, desplazamientos de pueblos y ejecuciones extrajudiciales.

El problema no es nuevo, pero se ha ido acrecentando con el paso de los sexenios. Si bien el inicio de la espiral de violencia empezó durante el gobierno de Vicente Fox, en el que hubo 60 mil 280 asesinatos, y en la gestión de Felipe Calderón aumentó el doble con 120 mil 463 crímenes, para el gobierno de Enrique Peña siguió ampliándose hasta llegar a los 156 mil 066 homicidios.

Pero este crecimiento se disparó de manera impresionante, al grado de que en el sexenio de López Obrador, es decir, en el gobierno de la 4T, se registraron los mayores niveles de violencia para un sexenio. Al terminar su sexenio alcanzará las 190 mil personas asesinadas.

De ese tamaño es el reto del próximo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, quien tendrá como principal colaborador en la materia a Omar García Harfuch, cuyas credenciales en seguridad pública en la Ciudad de México dejaron mucho que desear.

En un repaso de los hechos en el tema del aumento de la violencia podríamos ubicar su arranque en el año 2000, cuando nos sorprendió a los mexicanos la caída del partido hegemónico que había gobernado casi de manera absoluta el país durante todo el siglo XX. El candidato presidencial del PAN, Vicente Fox, ganó la elección derrotando al priista Francisco Labastida y al perredista Cuauhtémoc Cárdenas, dando paso a la esperanza de la transición a la democracia, que nunca se concretó.

La derrota del PRI trajo consigo el resquebrajamiento de una estructura de gobierno forjada por décadas y de alianzas con grupos de poder que, al ya no existir, generaron vacíos de poder que pronto fueron llenados por nuevos actores que hoy en día siguen vigentes: gobernadores convertidos en virreyes, empresas de medios de comunicación capaces de incidir en las decisiones del gobierno y los grupos del crimen organizado que de manera vertiginosa fueron controlando partes del territorio nacional coludiéndose con autoridades de gobierno, policiacas y militares.

Mientras estos nuevos grupos de poder entraban en acción junto con los viejos, entre ellos los partidos políticos, repartiéndose el control de los tres niveles de gobierno, la violencia y la injusticia social fueron aumentando hasta llegar en algunos casos a situaciones de ingobernabilidad.

Si hacemos un recuento de los homicidios ocurridos en los últimos tres sexenios de gobierno tenemos una cifra 526 mil 809 mexicanos asesinados, una cantidad que rebasa el último periodo de violencia nacional que fue la Guerra Cristera, ocurrida entre 1926-1929, en la cual habrían muerto 250 mil personas, según un artículo publicado por la CNDH.

Es decir que estamos frente a la época de mayor violencia social en el último siglo.

De manera contraria a esta espiral de violencia que no cede en su crecimiento y que se expresa también en más de 100 mil desaparecidos, tenemos que la justicia es un hoyo negro en el universo de las demandas sociales, por el cual se pierden denuncias, juicios y sentencias.

En su informe mundial de 2023 la organización Human Rights Watch señala que “cerca del 90% de los delitos nunca se denuncian, una tercera parte de los delitos denunciados nunca se investigan y menos de 16% de las investigaciones se “resuelven” (en la justicia, por mediación o con alguna forma de resarcimiento), lo cual implica que las autoridades resolvieron poco más del 1% de todos los delitos cometidos en 2021.

Frente a esta situación de crisis de gobierno, inseguridad y justicia se han generado dos respuestas de la sociedad: las autodefensas y los linchamientos.

El 24 de febrero de 2013, en los pueblos de Tepalcatepec y La Ruana, ubicados en la región de Tierra Caliente, Michoacán, surgieron los primeros grupos de autodefensas armados y con una organización paramilitar que fue utilizada por el gobierno de Enrique Peña Nieto para combatir a la Familia Michoacana, que ya tenían bajo su control 70% de los municipios del estado.

Cansados de las extorsiones, asesinatos, desapariciones y, sobre todo, de que se llevaran a sus esposas e hijas, los rancheros de la región se rebelaron con las armas de alto poder que les proporcionó el Ejército y durante un año lograron lo que las fuerzas militares y policiacas no habían podido, quitarle a los Caballeros Templarios las riendas del gobierno.

En otras entidades del país siguieron el ejemplo y a mediados de 2014 ya había 50 grupos de autodefensas en 16 estados el país. El 14 de mayo de ese año el doctor José Manuel Mireles, fundador de las autodefensas michoacanas, lanzó la propuesta de crear un Frente Nacional de Autofedensas que a la postre no prosperó. Sin embargo, siguieron apareciendo, en diversas parte del país, grupos civiles armados enfrentándose al crimen organizado, ante el hartazgo de la falta de respuesta de los tres niveles de gobierno.

Dicho hartazgo trajo consigo otro fenómeno social: los linchamientos.

En el artículo “Acerca de los linchamientos (y el vigilantismo): reflexiones sobre la violencia en México”, publicado en el número 237 de la revista El cotidiano de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco, los especialistas Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz Ávila, investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), señalan que en el periodo 2016-2022 este tipo de quebrantamiento social registró mil 423 casos en la modalidad de linchamiento y 196 en grado de tentativa, para un total de mil 619.

Autodefensas y linchamientos son dos de las expresiones más fuertes y violentas que los grupos sociales más afectados han tomado ante la violencia e injusticia que sufre el país en las últimas décadas.

Es evidente que hay una necesidad urgente y apremiante en todo el país por tener mejores condiciones de paz con justicia y dignidad. Condiciones que no se van a alcanzar si se mantienen la misma estrategia de militarización establecida desde el 2006 y no se resuelven las demandas sociales de terminar con este largo periodo de violencia e injusticia.

Por cierto... los cien compromisos hechos por la presidenta electa Claudia Sheinbaum aparece el apartado de Paz, Seguridad y Justicia, en los cuales se siguen las mismas líneas de AMLO con los resultados que hoy sufrimos: reformar el Poder Judicial, fortalecer la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los programas sociales.