Pactada o no, la detención de Ismael el Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, deja un hecho incontrovertible: la desconfianza de las autoridades de Estados Unidos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el rechazo a su máxima de “abrazos y no balazos”.

También evidencia la inoperancia de los servicios de inteligencia del Estado mexicano, ahora en manos de militares. Ni se enteraron, si hacemos caso a lo dicho el viernes último por la secretaria de Seguridad y próxima secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Si se trató de una detención acordada, las negociaciones y circunstancias de la entrega habrían sido entre Zambada y las agencias de seguridad de Estados Unidos, al margen de cualquier autoridad mexicana. 

Si, como dijo el abogado Frank Pérez al diario Los Angeles Times –que lo presentó como el defensor del narcotraficante– Zambada fue llevado a Texas contra su voluntad, peor todavía, pues estaríamos ante una operación extraterritorial por parte Estados Unidos. 

#Breaking: El Mayo's lawyer says he just entered a not guilty plea to all charges in El Paso federal court.

Attorney Frank Perez: “I have no comment except to state that he did not surrender voluntarily; he was brought against his will.”

Updated story coming soon @latimes…

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) July 26, 2024

Lo mismo aplica si fue llevado por engaño o traición, pues mostraría una maquinación orquestada en otro país para detener a un ciudadano mexicano para enjuiciarlo en su territorio sin pasar por el consentimiento de México, en franca violación del tratado de extradición entre los dos países y el derecho internacional.

En cualquier caso, la doble detención demuestra que no funcionaron los límites impuestos a la DEA tan cantados por López Obrador y por quien fuera su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, futuro secretario de Economía. El Departamento de Justicia es más que la DEA.

Por más que esta agencia se haya entrometido hasta la ignominia durante el gobierno de Calderón, reducir la agenda de narcotráfico con Estados Unidos a ponerle controles a la DEA y al discurso en defensa de la soberanía revela que la administración de López Obrador pretendió que su retórica –de los abrazos aplicada a los mexicanos– también le permitiría administrar la relación con Washington entregándole a ciertos narcotraficantes.

Cuando ocurrió la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, el general retirado Salvador Cienfuegos, en Los Ángeles, el presidente echó mano de ese discurso pese a que su gobierno sabía que la DEA estaba investigando al extitular de la Sedena. Esta vez, dice que se enteró después.

Asestado el golpazo, Estados Unidos recurrió a un discurso mordaz. En voz del embajador Ken Salazar, le agradeció a López Obrador que su gobierno haya entregado a la justicia estadunidense a Rafael Caro Quintero, Ovidio Guzmán López, otro hijo del Chapo, y a Néstor Pérez Salas, el Nini, jefe de seguridad de Los Chapitos. Para sobar el impacto, Salazar dijo que la detención era por el bien de los dos países.

Al cierre de su administración, López Obrador se lleva un descolón de Estados Unidos. Sin su intervención, el Departamento de Justicia tiene ahora a dos de los hombres que señala como parte de los responsables de la crisis de consumo de fentanilo que padece ese país.

Aunque de antemano el líder del cartel de Sinaloa se declaró inocente de las acusaciones de tráfico de fentanilo, lavado, secuestro, uso de arma de fuego y conspiración para asesinar, el caso apenas empieza.

Un escenario probable es que busque un arreglo con la justicia estadunidense, como lo hizo su hijo Vicente, quien después de declararse culpable de narcotráfico y pasar algunos años de prisión, ahora vive en libertad en Estados Unidos como testigo colaborador. 

A sus 74 años, Zambada tiene mucho que decir sobre la relación que mantuvo durante décadas con autoridades civiles y militares de todos los signos políticos, de antes y de ahora.