El país se desenvuelve en una agenda pública compleja de contradicciones y desafíos manifiestos. La falta de una ruta clara de diálogo efectivo y esperanzador en la discusión de la problemática social y la ausencia de sensibilidad política de los actores públicos son una muestra por demás palpable de lo que hoy sucede. En términos prácticos, influir en la toma decisiones acerca del rumbo del país se ha convertido en un peldaño de difícil acceso para los ciudadanos de a pie, cuyos derroteros parecen depender únicamente de la voluntad política del representante y del calendario que los rige.

Definitivamente México ya no es el país del año 2000, el que ansiaba concretar la primera transición democrática y la tan anhelada “alternancia gubernamental” que tantas décadas costó como ideario y punto de inflexión de la última parte del siglo XX. La base generacional, social, política y jurídica ha cambiado de manera significativa; el escenario que se prefiguraba hace 24 años con la expectativa del inicio del nuevo milenio simplemente ya no es el mismo.

Los retos de la economía global, la migración, el agravamiento de las problemáticas estructurales en materia de salud, seguridad y desarrollo social, así como el deterioro del orden constitucional y la efectividad de los derechos humanos –especialmente en las poblaciones más vulnerables– colocan a nuestro país ante un panorama incierto, quizá no ajeno al de otras naciones, pero que del mismo modo exige intervenciones urgentes y bajo un enfoque humanitario de largo plazo.

Este contexto se agudizó por un componente cultural que, a mi juicio, comienza a ser el síntoma más preocupante de la crisis nacional, la normalización del escenario: un país que cada lunes despierta con el reporte de más 200 muertes dolosas registradas sólo durante los fines de semana o con el promedio diario de 80 homicidios en todo el territorio nacional, el país de la inacción ante el desmantelamiento progresivo de los servicios públicos de salud pese a una emergencia sanitaria de incuantificable magnitud, hoy sin coberturas universales para la población, ni infraestructura hospitalaria accesible y digna para las zonas más rezagadas del territorio.

Es el México de los contrastes, donde la pobreza y desigualdad no ha logrado reducirse de manera significativa pese al clientelismo de los denominados programas del bienestar, diseñados con el estilo de gobierno característico del siglo pasado de generar réditos electorales. La realidad es que hoy 46 millones de mexicanos carecen de servicios básicos para su subsistencia y más de nueve millones se ubican en condiciones de pobreza extrema. 

Ello se traduce también en más de siete millones de niños entre cero a cinco años, quienes al momento en que se escriben estas líneas simplemente carecen de una vivienda digna, alimentación, servicios básicos de salud y sus familias no cuentan con ingresos ni posibilidades de acceso a empleos que permitan garantizarles estos derechos.

Los ejemplos que se mencionan no pretenden ilustrar, ni de cerca, el resto de las variables que componen la radiografía nacional. Lo cierto es que tal estado de cosas y su aceptación deberían ser motivo suficiente para detonar una respuesta ciudadana sin precedentes, que implique un golpe de timón pacífico, pero enérgico en aras de retomar las riendas del país.

Superar este escenario de normalización e indiferencia requerirá despertar la participación de los jóvenes, activar la voz de las universidades, promover nuevamente las condiciones para que las organizaciones sociales, religiosas, académicas, los artistas, medios de comunicación y gremios empresariales se involucren, todos, de manera activa y sin prejuicios, en la construcción de la agenda pública bajo un plano de subsidiariedad, nunca de competencia o exclusión entre sectores. Mucho menos bajo la infructuosa división entre lo público y privado.

Pero para que esto ocurra ciertamente tendríamos que encontrar un motivo que sea capaz de convocar y unificar al país desde su raíz. Una razón incuestionable, a la cual nadie pueda decir no, para en su lugar dar pie a puntos coincidentes y construir agendas ordenadas que marchen hacia la misma dirección.

Hay quienes estamos convencidos de que este punto de encuentro lo constituye la atención prioritaria de la primera infancia y niñez mexicana. Los beneficios sociales de esta decisión estratégica ya están ampliamente documentados en la literatura y diagnósticos situacionales en la materia (https://earlyinstitute.org/sipimexico/primera-infancia/). 

En mi opinión, como pocos temas, la atención prioritaria de la infancia, además de ser un mandato constitucional, nos ofrece la posibilidad de transversalizar y retomar desde el fondo la agenda estructural de políticas públicas en todos sus ámbitos: seguridad, educación, salud, pobreza, justicia, medio ambiente. 

¿Cómo pensar en una verdadera agenda de seguridad y justicia sin atender la violencia e impunidad contra la niñez? ¿Un sistema nacional de salud sin atención materno-infantil, medicinas, vacunas ni infraestructura hospitalaria para la primera infancia? ¿Un país sin servicios suficientes de educación inicial, guarderías ni centros de cuidado infantil? 

Más allá del discurso o de eslóganes políticos, no habrá transformación si no se coloca en el centro de todo programa o decisión de política pública al interés superior de la niñez. No habrá transformación si no le brindamos al país una razón justa para creer que es posible ordenar el rumbo del Estado, regresando la justicia y la sonrisa a millones de niños que hoy nos exigen cuidado y protección sin dilación. 

No habrá transformación si a esta política pública se le da la espalda y continúa, como hasta ahora, en la indiferencia.

* Abogado. Doctorando en Derecho por la Universidad Panamericana. Director Ejecutivo del think thank Early Institute

Twitter: @abrahammadero