El conflicto diplomático entre México y Ecuador ha repercutido a través del mundo suscitando una cobertura mediática muy amplia. Esa situación despierta interrogantes sobre hasta dónde dicho conflicto puede afectar la vida interna de ambos países, los marcos normativos internacionales y, en general, el futuro de los problemas de seguridad y violencia que sacuden a la mayoría de los países latinoamericanos.

El motivo del enfrentamiento fue el allanamiento de la embajada de México en Ecuador por parte de fuerzas policiacas de ese país en búsqueda del exvicepresidente Jorge Glas, que estaba acusado de diversos delitos.

Glas se encontraba en la embajada en calidad de “huésped”, esperando la concesión de asilo, cuando la embajadora de México fue declarada persona non grata como respuesta a las declaraciones que hiciera el presidente López Obrador en su conocida “Mañanera” sobre la falta de legitimidad de las elecciones que llevaron a la presidencia al actual presidente Daniel Noboa. Antes de la salida de la embajadora se concedió el asilo a Glas.

El allanamiento de una embajada es un caso extremadamente grave, tomando en cuenta la importancia que concede la comunidad internacional a respetar las normas establecidas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, así como a Convención de Caracas sobre el mismo tema.

La violación de la integridad de recintos diplomáticos, considerados territorio de los Estados ahí representados, ha dejado recuerdos muy amargos. Uno de los casos más famosos durante el siglo XX fue la ocupación y toma como rehenes del personal de la embajada estadunidense en Irán. Semejante acción fue un momento de transición de la política de Estados Unidos hacia Irán y en general hacia el Medio Oriente, cuyas consecuencias se resienten todavía. Han dado el tono a un ambiente de temores y desconfianza que poco ha contribuido a la paz y la seguridad internacional en esa parte del mundo.

No es sorprendente la reacción generalizada de condena a la acción ecuatoriana contra la embajada de México en Quito. Casi la totalidad de Estados de América Latina y el Caribe, los países europeos, Canadá y Estados Unidos y numerosos organismos internacionales han condenado el hecho.

La acción diplomática se ha extendido. En efecto, se ha convocado al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que convoque a una reunión de cancilleres. Por otra parte, la presidenta en turno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) ha convocado a una reunión de los Estados miembros para pronunciarse sobre el allanamiento de la embajada de México en Ecuador.

Las reuniones anteriores conducen a la pregunta de qué puede hacerse, dentro de los marcos normativos existentes, para ir más allá de reiterar las condenas ya expresadas y proponer canales para la deseable normalización de las relaciones entre México y Ecuador. Desde luego que pueden añadirse considerandos más elaborados y significativos, pero se debe tomar en cuenta que en el caso de la CELAC se necesita de unanimidad para poder aprobar una resolución, y en el caso de la OEA el presidente López Obrador mantiene una enorme antipatía por su secretario general, y poco reconocimiento a las tareas de esa organización. Es poco probable, pues, que lo que ahí ocurra tenga significado, con excepción de la mala impresión que, en el caso de la OEA, puede dejar la posición inesperada de México.

La banalidad de las acciones en los organismos mencionados no significa que detrás del diferendo entre Ecuador y México no se encuentren problemas de fondo que merecen una seria reflexión. Sin embargo, el momento y el espacio para hacerlo no es ahora. México se encuentra en pleno proceso electoral, Noboa busca su reelección el año 2025. Es importante no contaminar las elecciones exaltando sentimientos nacionalistas que, echados a andar, podrían conducir a episodios de violencia muy desafortunados.

Los problemas más serios asociados al conflicto tienen que ver con temas sensibles sobre los que es difícil llegar a conclusiones en poco tiempo. Por ejemplo, sería necesario una definición más clara del otorgamiento de asilo para evitar que éste se determine sin cumplir requisitos básicos, como lo es la evidencia rigurosa de que no se trata de proteger a delincuentes.

De otra parte, es extremadamente difícil, aunque necesario, determinar cuándo se viola el principio de no intervención. Pronunciarse desde el Poder Ejecutivo sobre situaciones que corresponden a la jurisdicción interna de otro Estado ocurre, muy frecuentemente, por parte de grandes potencias; pregúntenle si no a Trump. Sin embargo, ello no justifica que otros países lo hagan sin que se reconozca que son actos de intervención.

Ahora bien, el problema que no se está abordando en el tratamiento del conflicto México-Ecuador es el de la violencia que de manera acelerada se ha apoderado de algunas regiones de Ecuador; Guayaquil es uno de los mejores ejemplos. La actividad de los cárteles, algunos de ellos asociados con cárteles mexicanos, ha dado lugar, a su vez, a una militarización acelerada, acompañada de violaciones de derechos humanos que recuerda vivamente lo que está ocurriendo en El Salvador.

Un último tema a considerar es la importancia para la diplomacia mexicana de proceder a llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia asumiendo, después, un bajo perfil desde Palacio Nacional y delegando declaraciones y tomas de posición a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desde ahí se deben abordar los problemas jurídicos, que seguramente surgirán en las etapas siguientes, con un alto profesionalismo que coloque el problema lejos de una escalada verbal que sería contraproducente, tanto para la conducción del proceso electoral como, más tarde, el manejo de la política exterior por parte del gobierno que resulte electo.