MADRID (EUROPA PRESS).– Un tribunal de Ecuador declaró este viernes "ilegal y arbitraria" la detención del exvicepresidente Jorge Glas en la Embajada de México en Quito, si bien le negó la libertad al tener condenas pendientes por cumplir en prisión.

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), formado por los jueces Mónica Heredia, Liz Barrera y Adrián Rojas, determinó que se llevó a cabo la incursión en la legación diplomática mexicana sin que existiera una solicitud de allanamiento en virtud del artículo 480 del Código Penal ecuatoriano.

En concreto, el tribunal indicó que “carece de sustento jurídico" el argumento esgrimido por los demandados, que justificaron la detención en base a los decretos promulgados por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sobre el estado de excepción y el conflicto armado interno, según recogió el diario El Universo.

La justicia también decidió que Glas permanezca recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, ubicada en Guayaquil, después de que solicitara un 'habeas corpus' en el que pedía anular su detención y ordenar al Estado ecuatoriano el retorno del exvicepresidente a la Embajada o a un tercer país que le diese asilo.

La Policía de Ecuador ingresó el fin de semana en la Embajada mexicana en Quito, donde se alojaba el exvicepresidente desde hacía semanas alegando temor por su seguridad. México había confirmado poco antes de la operación policial que brindaría asilo político a Glas.

El propio exvicepresidente afirmó en la víspera, durante una conversación con su abogada, Sonia Gabriela Vera, que había iniciado una huelga de hambre en La Roca en protesta por su arresto y que durante la incursión de las fuerzas de seguridad ecuatorianas recibió "una paliza".

Glas ingresó en el hospital el lunes por la tarde por un episodio de descompensación fruto de no haber comido en varias horas. De acuerdo con un comunicado del servicio nacional de prisiones de Ecuador, tras ser sometido a unos exámenes médicos, presentaba "parámetros de salud aceptables y dentro del rango de normalidad, por lo que puede recibir el alta médica correspondiente".

Las autoridades de Ecuador acusan a Glas de un supuesto delito de malversación de caudales públicos por los trabajos de reconstrucción de la provincia de Manabí tras el paso de un fuerte terremoto en el año 2016, que dejó más de 670 muertos.