CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En el escrito de la demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya contra el Estado de Ecuador, el gobierno mexicano no solo acusó al gobierno de Daniel Noboa de “invadir” la embajada de México en Quito para “abducir” al exvicepresidente Jorge Glas, sino también de “intervenir y escuchar comunicaciones privadas” del personal diplomático, como parte de su campaña de “hostigamiento y acoso constante” contra la misión.

En un escrito de 19 cuartillas la Cancillería mexicana pidió a la CIJ que reconozca que el gobierno de Noboa violó el derecho internacional, ordene a Quito una “reparación total a México por el daño causado”, emita medidas cautelares para garantizar que la policía no hurgará en los archivos diplomáticos, y suspenda –o excluya-- a Ecuador de la ONU hasta que emita una disculpa pública, “reconociendo sus violaciones a los principios y las normas fundamentales del derecho internacional”.

Con esta medida, el Estado mexicano busca que la CIJ “marque un precedente declarando que un Estado o una nación que actúe como Ecuador en el presente caso será expulsado de las Naciones Unidas en última instancia”.

El gobierno alegó que, al ordenar el ataque en lugar de buscar “otros medios pacíficos disponibles”, Ecuador rompió “seriamente” el orden legal internacional –la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas--, y podría desembocar en “un precedente peligroso en el cumplimiento de las obligaciones más básicas de los Estados”.

La relatoría de hechos omitió mencionar las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia del 3 de abril, en la que atribuyó la derrota de Lucia González –la candidata presidencial cercana a Rafael Correa-- al asesinato de su rival Fernando Villavicencio, un periodista que había documentado casos de corrupción en el gobierno de Correa. Estas declaraciones fueron condenadas por el gobierno de Ecuador como una intromisión de López Obrador en sus asuntos internos, y en respuesta declaró a la embajadora Raquel Serur Smeke como persona non grata.

Esta parte de la historia no aparece en la demanda que presentó México: en el escrito, la Cancillería se limitó en decir que “en cuestión de un par de días (4 y 5 de abril), la situación y las acciones tomadas por Ecuador escalaron de manera drástica, tomando medidas coercitivas unilaterales que mostraron poca o nula disposición para avanzar hacia una solución pacífica por la vía de las negociaciones”.

Blanco de órdenes de aprehensión por delitos de corrupción cometidos cuando era vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas ingresó en la embajada de México en Quito el 17 de diciembre de 2023; solicitó formalmente el asilo el 20 de diciembre, y actualizó su petición el 26 de diciembre y el 3 de enero; el político afirma que es víctima de persecución política.

Desde que el político penetró en el recinto diplomático, el gobierno de Noboa desplegó un operativo policiaco y militar para impedir un intento de fuga, al que la Cancillería mexicana se refirió como una campaña de “hostigamiento”. Este operativo, abundó la institución, incluía un “vehículo militar táctico” estacionado afuera de la embajada, que presuntamente “intervenía las comunicaciones celulares”, o el seguimiento físico al personal mexicano.

Así, el pasado 4 de abril, Roberto Canseco, el jefe de la Misión diplomática –en ausencia de la embajadora Serur--, fue seguido en su vehículo cuando salió del recinto, y al día siguiente le sucedió lo mismo a Eva Martha Balbuena Reyes, jefa de administración de la embajada.

De acuerdo con la versión del gobierno mexicano, durante semanas el equipo de la Cancillería analizó los argumentos de Glas y los casos judiciales en su contra para determinar si era válido otorgarle el asilo; por mientras, se garantizó la seguridad de Glas en la embajada.

Durante ese lapso, los canales diplomáticos estuvieron activos. Alicia Bárcena se reunió con su homóloga ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, el 16 de enero, y el siguiente 8 de febrero, una reunión de seguimiento tuvo lugar entre Sommerfeld y Laura Elena Carrillo, la subsecretaria para América Latina.

La Cancillería ecuatoriana, por su parte, envió una nota diplomática el 17 de febrero para preguntar si Glas seguía en las instalaciones de la embajada, y 12 días después pidió permiso para el ingreso de policías en el recinto diplomático para detener al político. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) le respondió con una negativa el siguiente 4 de marzo.