Ciudad de México (Proceso).-- Ya está por iniciar la temporada presupuestal y, con ella, se están concretando las amenazas del presidente de la República de reducir el presupuesto del Poder Judicial Federal[1].

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció la semana pasada que los diputados están preparando un recorte de entre 15 mil y 25 mil millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial Federal, al considerar que existen “gastos innecesarios” y que se debe poner un alto a sus “excesos”. El anuncio recibió el respaldo del presidente en su mañanera de este miércoles 23.

Este monto representaría un recorte de entre 19.1% y 31.8% en comparación con el presupuesto de 78 mil 544 millones de pesos que le fue asignado para este año.

Casualmente, este monto también equivale a los 21 mil millones de pesos de los diferentes fideicomisos y fondos con los que cuenta el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales han estado en la mira del Presidente desde hace meses. En mayo pasado, planteó proponer una reforma para desaparecerlos y entregar los recursos bajo la forma de becas destinadas a estudiantes de familias pobres.

De hecho, ni en esta discusión presupuestal ni con una reforma legislativa, la mayoría legislativa puede “tocar” esos fideicomisos, pues pertenecen a otro poder y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que el Poder Judicial goza de “autonomía presupuestaria” (art. 5), algo que confirmó la Suprema Corte en una resolución, donde determinó que este principio tiene fundamento en el artículo 17 constitucional, ya que establece “la obligación del legislador federal y local de garantizar la independencia de los tribunales”. Es más, esta misma ley también establece que en caso de extinguirse un fideicomiso del Poder Judicial, los recursos públicos remanentes deberán entregarse a su tesorería (art. 12)[2].

Por ello, el deseo del presidente de extinguir los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación y traspasar sus recursos al Ejecutivo tendría que pasar, en dado caso, por una reforma constitucional, la cual requeriría de una mayoría calificada que Morena no tiene en este momento, pero que el presidente esperar recuperar en las elecciones del próximo año. De hecho, incluso así, una reforma que iría en el sentido de extinguir los fideicomisos del Poder Judicial o prohibirlos podría ser impugnada por contradecir otros principios constitucionales.

Por ello, sorprende que al referirse a los gastos excesivos del Judicial, el diputado Mier haya mencionado específicamente los 3 mil millones de pesos de un fideicomiso para “reparaciones de domicilios particulares de ministros y jueces de distrito”.

Al respecto, es importante hacer algunas aclaraciones. Efectivamente, el Consejo de la Judicatura Federal cuenta con un Fideicomiso, el 80693, destinado al “mantenimiento de casas habitación de Magistrados y Jueces”, pero a finales de junio de 2023, éste presentaba un saldo de 76 millones de pesos. Por otra parte, no se trata de un fideicomiso constituido por recursos públicos, sino por aportaciones privadas que realizan los jueces y magistrados a partir de deducciones a su nómina y el mantenimiento no se realiza a casas que pertenecen a los funcionarios sino a casas que pertenecen al Poder Judicial y que ocupan estos funcionarios.

Parece, entonces, que el diputado Mier no está bien informado sobre los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Poco le importa, pues, al fin y al cabo, lo que propone no es un trabajo de precisión, con prudentes tijerazos, sino una poda a machetazos limpios.

En realidad, sabe que estos fideicomisos están fuera del alcance del Legislativo en este momento. Más bien, parece que la jugada de Morena consiste en amputar el presupuesto del Poder Judicial por un monto tan importante que le obligue a extinguir algunos, si no todos, sus fideicomisos para seguir operando el próximo año.

Si esto de por sí es motivo suficiente de preocupación, existe otro elemento que genera todavía más alarma. Dentro de los gastos que no corresponden al objetivo que tiene el Poder Judicial de garantizar la administración de justicia, el diputado Mier identificó los recursos que se destinan a la seguridad de las personas juzgadoras (ministras/os, magistradas/os y juezas/ces), específicamente escoltas y vehículos blindados.

En el programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, desde el inicio del año estamos trabajando en un estudio sobre este tema, el cual decidimos desarrollar después del homicidio en diciembre del año pasado en Zacatecas de un juez estatal y del asesinato en 2020 de un juez federal y su esposa en Colima. Más allá de estos casos extremos, la mayoría de las personas funcionarias judiciales que entrevistamos, tanto a nivel federal como a nivel estatal, manifestaron su preocupación por el contexto de inseguridad que vive el país, y en particular por las amenazas y situaciones de riesgo que enfrentan las personas juzgadoras y el personal notificador o ejecutor, no solamente por parte del crimen organizado, sino también de personal de las fiscalías.

Pero lo más interesante es que desde 2019, es decir, antes de los funestos acontecimientos que recordamos, el propio Poder Judicial de la Federación, bajo el liderazgo del ministro Arturo Zaldívar, había incluido, entre sus prioridades presupuestales para el año siguiente, el tema de la seguridad de los jueces y magistrados, al solicitar 756.8 millones de pesos, “recursos necesarios para garantizar su seguridad, y con ello, la autonomía de sus determinaciones”. 

En ese momento, si bien se redujo ligeramente el presupuesto del Poder Judicial de la Federación en comparación con el solicitado, no hubo voces en Morena para cuestionar esta partida presupuestal en particular. ¿Por qué, entonces, cuatro años después, Morena se contradice y considera que garantizar la seguridad de las personas juzgadoras es un gasto innecesario, que no corresponde a la función del Poder Judicial?.

Parece que la gran diferencia entre 2019 y hoy es que quien preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal ya no es aliado del presidente, como lo ha dejado claro el titular del Ejecutivo en sus múltiples críticas hacia la presidenta del Poder Judicial Federal, la ministra Norma Piña, mismas que han fomentado el surgimiento de amenazas a su vida.

Ciertamente, cuando el ministro Záldivar, quien se declaró afín al proyecto del presidente de la República, estaba a la cabeza del Poder Judicial Federal, las propuestas de presupuesto sufrieron algunos recortes, pero éstos fueron mínimos en comparación con el hoyo que Morena pretende cavar hoy en las finanzas de la institución. De hecho, el mismo Zaldívar presumía que esta cercanía le había permitido evitar que el presidente concretara sus amenazas de reducir los sueldos de los ministros, magistrados y jueces federales.

Ahora que el ministro Zaldívar fue sustituido por la ministra Piña y que la Corte ha empezado a resolver asuntos que presumiblemente éste guardaba en el cajón de la Secretaría General de Acuerdos de la Corte, queda clara la intención del presidente y de su mayoría legislativa de buscar revancha y ahogar al Poder Judicial de la Federación presupuestalmente, en un intento por doblegar la independencia judicial y deshacerse de un contrapeso necesario en todo sistema democrático.

Por ello, es más urgente que nunca consolidar la autonomía presupuestaria del Poder Judicial de la Federación. A nivel estatal, varios poderes judiciales cuentan con garantías presupuestales en su Constitución o ley orgánica que consisten en asegurarles cierto porcentaje del presupuesto estatal o la no disminución de su presupuesto con respecto al año anterior, como lo propuso la senadora Xóchitl Gálvez hace unos días. Si bien encontramos que estas garantías no necesariamente se materializan en los hechos, es indudable que es mejor para un poder judicial tenerlas que no contar con ellas, ya que pueden ser una base para presentar recursos judiciales ante posibles recortes injustificados.

Ahora, en el caso de la Corte, queda la duda de qué pasaría si ésta presentara una impugnación a un ejercicio de aprobación del presupuesto, pues se volvería juez y parte. Pero, sin ir tan lejos, podríamos esperar que estas garantías pudieran tener un efecto disuasivo sobre los legisladores federales para evitar que puedan repetirse indebidas presiones presupuestales y a la independencia judicial como las que se perfilan.

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*Laurence Pantin (@lpantin) es coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa. Agradece las aportaciones y sugerencias de Alejandra Quezada y Ramiro Suárez.

[1] El pasado 9 de mayo, un día después de que los ministros de la Suprema Corte invalidarán la primera parte del plan B electoral, el presidente reprochó –una vez más– que los ministros “ganan tres veces más que el presidente” y que “tienen fideicomisos que no transparentan por 20 mil millones de pesos”, pero sobre todo anunció que en la aprobación presupuestal los diputados podrían poner en cuestión estas prerrogativas.

[2] Tampoco la Ley Federal de Austeridad Republicana puede justificar un recorte de esta naturaleza al presupuesto del Poder Judicial Federal ni una injerencia del Ejecutivo o del Legislativo en sus fideicomisos, pues ésta prevé explícitamente que sus disposiciones sólo son aplicables para la administración pública federal.