Ciudad de México (Proceso).-- El 26 de junio la alianza Va por México, conformada por los partidos PAN, PRI y PRD, dio a conocer el método de selección de su candidato presidencial, el cual definirá a la o el “responsable nacional de construir un Frente Amplio por México”. 

Dicho proceso –que culminará el 3 de septiembre-- es una respuesta a la ruta trazada por Morena en la designación de su aspirante presidencial bajo el eufemismo de “coordinador de la Defensa de la Transformación”.

Ambos procesos trasgreden la ley electoral. La normatividad electoral establece que las precampañas se realicen hasta la tercera semana de noviembre de este año. Morenistas y aliancistas opositores aprovechan lagunas legales para adelantar el calendario electoral poniendo en predicamentos al INE y al TEPJF. Las actividades actuales tanto de Morena y sus aliados como de la oposición aliancista son propias de una precampaña. Por tanto, son actos anticipados de precampaña y son acciones ilícitas. La ley prevé sanciones, según la gravedad o reiteración de la falta, que alcanzan desde la amonestación pública o una multa económica hasta perder el derecho a ser registrado como candidato.

Sin embargo, la ley aplica partir de septiembre, fecha en que da inicio el proceso electoral, no antes. Como aún no se declara formalmente el proceso hasta septiembre, no hay materia. Sin embargo, hay medidas cautelarse como la de no llamar al voto, ni para el aspirante ni para el partido. Quedan en vilo también el uso de recursos económicos. ¿Se realizará una fiscalización a modo o quedará en el limbo el origen y la aplicación de recursos?. 

A poco más de una semana algunas de las llamadas “corcholatas” han prodigado cuantiosos gastos en espectaculares, bardas, pendones y propaganda en camiones en todo el país. ¿Cuál es el origen del dinero?.

Estamos ante nuevas y viejas disyuntivas. Los partidos políticos se han especializado en establecer leyes electorales en cada reforma para después violarlas. Sin embargo, se evidencia que el pragmatismo político del poder debe tener límites. El poder no se conquista no importa cómo, no importa con quién y mucho menos no importa con cuánto. Morena con sus aliados y la oposición aliancista amparan una impostura electoral que daña al país. Quedan evidenciados los partidos y la elite política, siendo los actores que conducen los destinos de la nación ¿Así toman decisiones de gobernabilidad con gazapos y artificios? Surgen otras preguntas que desde hace años flotan en la esfera pública: ¿Cuál es la relación entre la ética y los valores con los principios de la política?. Ese ejercicio de poder muchas veces torcido por abusos son la antesala de la corrupción no sólo del poder sino de la sociedad. Qué pasa cuando las élites políticas carecen de ética, de valores, de visión y coraje para hacer conducir la sociedad. El desencanto emerge, lo societal pierde sentido y los ciudadanos pierden la paciencia. 

El uruguayo José Mujica lamenta el desvío de los principios éticos de la clase política en la región y la seducción por los privilegios y la corrupción por el dinero público. “El problema es que la actual generación de políticos ha arruinado la relación entre la ética, los valores sociales y el ejercicio de la representación política”. 

Enrique Dussel, filósofo argentino mexicano, experto en el tema, dice: “Padecemos una generación de políticos en México que carecen de calidad ética. Buscan enriquecerse y han naturalizado la corrupción al grado que se ha cosificado, desnaturalizando la sociedad”. 

Por tanto, relación entre ética y política ha sido tensa. Su desvío nos conduce a la impunidad y a la corrupción generalizada como un cáncer que hace metástasis en todos los rincones sociales. La corrupción es la antesala de la violencia y la inseguridad que hemos padecido hace lustros. Por ello, es importante no banalizar el actual debate electoral. Como sociedad no podemos legitimar que la élite política burle las normas ni se pase por el arco del triunfo las leyes electorales. 

Estamos ante el riesgo de una evidente pérdida de autoridad moral de los principales actores que conducen y simbolizan el rumbo de la nación. O ¿debemos aceptarlos con el mismo cinismo pragmático?. Sin acortar la responsabilidad del ciudadano, la élite política tiene negado menoscabar el orden socialmente establecido. Si es inoperante el artículo 226 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), sobre precampañas y sus tiempos electorales, instituida en 2007, pues hay que cambiarlo porque está rebasado o es obsoleto. Pero no truquear para adelantarse de manera alevosa sobre los contrincantes. Esto es provocar un claro desencuentro político y un diálogo de odio.

México es un país más plural y complejo, en donde la cultura común ya no es una variable absoluta. Se requiere fortalecer la ética política y mínimos valores comunes que faciliten la convivencia y la construcción social. De lo contrario, lo hemos visto en otros países, la decepción ciudadana puede llevarnos a fundamentalismos, sea de la ultraderecha como de populismos oportunistas. 

Toda decisión política tiene una dimensión normativa. Lo ético en la arena pública mandata un debate político de altura. La conquista y la conservación desenfrenada del poder tienen sus límites. La política debe recuperar la dimensión ética. Los valores deben permear no sólo la práctica de los políticos sino en la teoría política de los actores y en la educación. 

Vivimos cambios insospechados que se mueven bajo velocidades aceleradas. El reto por simple que parezca es empezar por respetar los principios rectores que la institución electoral ha venido construyendo afanosamente. Estos son: legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, autonomía, independencia, equidad y máxima publicidad (faltaría la equidad de género). No es un saludo a la bandera, son fundamentos que la experiencia electoral con esfuerzo ha cimentado.