Ciudad de México (Proceso).-- La relación del Estado mexicano con las mexicanas y mexicanos que viven en el extranjero --la inmensa mayoría en los Estados Unidos-- guarda una penosa historia de marginación y, durante un largo período, de abierta exclusión que no termina por resolverse a pesar de importantes cambios en el último par de décadas. 

Desde la perspectiva de las instituciones gubernamentales --federales, estatales y municipales-- se trata todavía de una población esencialmente ajena a su horizonte social, distante en todos los sentidos, incomprendida y solamente apreciada con entusiasmo cuando las remesas familiares contribuyen a bienestar social y a la estabilidad macroeconómica del país.

En esa incomprensión institucional no solamente priva la injusticia, sino también prácticas de discriminación que están al borde de proporciones inmensas e insostenibles. Detrás de la incomprensión, además, se pierde del horizonte la valoración y potencia de la sociedad mexicana actual, integrada por cerca de 168 millones de personas, de las cuales aproximadamente 38 millones viven en el extranjero. 

¿Puede el Estado ignorar a esa cantidad de compatriotas que tienen plenos derechos, iguales a quienes nacimos o vivimos en el territorio? Desde la perspectiva constitucional no puede hacerlo; tampoco desde la perspectiva social, cultural, económica, política y de todas las funciones públicas, que evidentemente necesitan una adaptación frente a un escenario que no termina por ser visto ni apreciado en su excepcional plenitud.

Parte del actual distanciamiento se explica desde el siglo XIX, cuando México sufrió costosas invasiones de los Estados Unidos y de Francia. El liberalismo político de entonces consolidó un perfil anti extranjero que se reflejó en la Constitución de 1917 y en su definición de nacionalidad mexicana. El tono nacionalista sembró una semilla de rechazo a lo extranjero, que de paso afectó a nuestra población migrante y a su descendencia. Se sembraron desconfianzas y dudas sobre la nacionalidad, presentes de forma evidente en las discusiones del Congreso Constituyente de la época. Esa visión impidió, por ejemplo, la doble nacionalidad: si un mexicano adquiría otra nacionalidad, se perdía la propia. Esta disposición evidentemente marginó de la nacionalidad mexicana a la descendencia nacida en el extranjero.

Durante largo tiempo prevaleció esa exclusión radical, por mandato constitucional. Hasta el año 1997 cambiaron las cosas, haciendo posible la doble nacionalidad y el reconocimiento de nacionalidad para la primera generación nacida en el extranjero. En el año 2021, es decir recientemente, una segunda reforma constitucional posibilitó extender el reconocimiento de nacionalidad a las segundas y siguientes generaciones, prevaleciendo ahora la herencia de sangre mexicana como el criterio dominante. La Nación amplió notablemente el universo social de mexicanas y mexicanos, incluyendo a poblaciones que antes estaban fuera de su entorno.

Somos así cerca de 168 millones de personas las que integramos a la gran Nación mexicana. Se produjo en el año 2021 un cambio de alcance histórico, impresionante, portentoso… e ignorado. No hubo la gran fiesta, no ocurrió la gran celebración que merecía el histórico evento, ni siquiera porque conmemoramos el bicentenario de la consumación de la independencia. Nada hay más extraordinario en la historia nacional en décadas; pero ni siquiera mereció un breve comentario de las ¨mañaneras¨ presidenciales. 

Prevalece una marcada ignorancia de Estado, de los tres órdenes de gobierno. Debe corregirse. Por aquí deben empezar las ampliadas responsabilidades institucionales ante la nueva estructura nacional, por lo menos celebrando a la población mexicana en el extranjero. Lo más complejo es trazar la nueva agenda y construir la nueva relación, necesariamente diferenciada, diversa, asegurando en todo caso no incurrir en discriminaciones o en la continuada ignorancia. Buena parte del futuro de México se está definiendo por esa nueva agenda, de facto, que demanda una reformada relación, respetuosa y fortalecida, sin omitir que además ofrece grandes potencialidades.

La nueva agenda y nueva relación son una cuestión del Estado; le corresponde a todas y cada una de las instituciones y a todas y cada una de las funciones públicas. Ningún Estado define su relación y responsabilidades con solamente una parte de la población; sería absurdo, además de ilegal y discriminatorio.

La nueva relación del Estado con la población mexicana en el exterior es el cambio más profundo del siglo XXI. Es inevitable por tratarse de un enorme proceso social, pero también por tratarse de un mandato constitucional. La reforma constitucional del año 2021 tiene más de dos años de vigencia y prácticamente no nos hemos movido en la dirección instruida. Desde la perspectiva planteada es evidente que no se trata solamente de una misión de la Secretaría de Relaciones Exteriores --que sin duda debe asumir un rol de liderazgo-- pues sería reducir los gigantescos alcances de la nueva relación del Estado con la ampliada sociedad mexicana. La tarea es de Estado, en el sentido más extenso del término, incluyendo a los poderes federales y estatales (incluso a los municipios).

Hay tareas urgentes que deben realizarse de manera sistemática e intensa. Como informar sobre los parámetros vigentes de la nacionalidad mexicana entre la esfera gubernamental y entre la población mexicana en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos. Será necesaria además una estrategia enorme para la formalización de nacionalidad para primeras, segundas y sucesivas generaciones de mexicanas y mexicanos nacidos en el extranjero. Habrá quienes no tengan interés; habrá muchos más en las filas del entusiasmo nacional, por millones. Será necesario revisar las funciones gubernamentales que tengan mayor vinculación con la movilidad de estas poblaciones, entre uno y otro país, con los propósitos de inclusión y no discriminación. Igual de importante será hacer explícito el respeto, la valoración cultural, la apreciación de la diversidad de las comunidades mexicanas en el extranjero y su reconocimiento entre el todo cultural mexicano y de origen mexicano, incluyendo la diversidad de idiomas y sus modalidades.

México ya no es como lo pintan; ya no es lo que fue hace muy pocos años. Hay una reconstrucción obligada de la relación con los mexicanos en el extranjero, mediante una nueva agenda pública, lo cual es una tarea mucho mayor a cualquier gobierno. Es un proceso progresivo, nada simple, con grandes desafíos y sobre todo con potencialidades enormes. Pero hay que hacerlo, no podemos seguir mirando hacia el pasado mientras los vientos del futuro soplan huracanados frente a nosotros. 

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*Profesor del PUED/UNAM. Excomisionado del INM.