CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–Lo acontecido en un albergue para migrantes en Ciudad Juárez, donde 40 personas murieron, encerradas bajo una llave que nadie quiso abrir, no es un caso aislado. Es un ejemplo de la situación existente en diversos albergues en las fronteras sur y norte de México. Lo ocurrido obliga a repensar las políticas hacia el fenómeno migratorio de parte de los gobiernos de México y Estados Unidos. Hacerlo obliga a detectar las circunstancias que han contribuido a situaciones tan dramáticas, atribuir responsabilidades y señalar los cambios que deben llevarse a cabo para evitar la repetición de hechos tan condenables.

El de los migrantes que atraviesan México para llegar a los Estados Unidos no es un fenómeno nuevo. Algunas de sus expresiones más visibles ocurrieron a comienzos de los años ochenta del siglo pasado cuando decenas de miles de refugiados guatemaltecos llegaron a México huyendo de la represión y la violencia en sus lugares de origen. El asunto se manejó entonces con bastante acierto por parte del gobierno mexicano y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que proporcionaron asilo, tierras y formas de trabajo. Paralelamente, la corriente de migrantes centroamericanos proveniente de los llamados países del Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) ha sido una constante, con alzas y bajas notables desde comienzos del presente siglo. De ello quedan testimonios muy valiosos en el cine y la literatura. Lo que ha acontecido sobre el tren conocido como La Bestia, o los dramáticos personajes fielmente descritos en los escritos de Valeria Luiselli hablan, mejor que muchas estadísticas, del drama de quienes atraviesan México en búsqueda del “sueño americano”.

No existe ninguna información convincente que permita sostener que los migrante centroamericanos no puedan ser asimilados, con mayor o menor éxito, por la poderosa economía estadunidense. Quienes han cruzado en búsqueda de una vida mejor no pueden vanagloriarse de una situación plena de bienestar, pero sobreviven en trabajos que frecuentemente no quieren llevar a cabo los trabajadores estadunidenses, como jardineros, empacadores de carne, constructores, cocineros, cuidadores de niños o ancianos, etcétera. Su presencia es común en barrios marginales de las grandes ciudades, como Los Ángeles, Nueva York o Chicago. Forman parte del mosaico de minorías que constituye parte esencial de la sociedad multiétnica que en otras épocas fue motivo de orgullo para los Estados Unidos.

El fenómeno cobró otras dimensiones con la llegada al poder de Trump y su empeño en catalogar a los migrantes como peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Su narrativa racista, xenófoba y abiertamente antinmigrante, alimentada por sus principales colaboradores, prendió entre sus admiradores y se extendió hasta dejar una fuerte huella en el imaginario colectivo, no sólo de los republicanos más radicales, sino también en grupos demócratas que ven con desconfianza la competencia que presenta la mano de obra migrante.

Con tales sentimientos como telón de fondo, se gestó la propuesta de contener en México a los migrantes centroamericanos mediante el proyecto “Quédate en México”, formulado meses antes de la llegada al poder del gobierno de López Obrador. La historia es conocida: los chantajes para que el nuevo gobierno aceptara que los migrantes permanecieran en México esperando saber si su solicitud de asilo era aceptada; la escalada de presiones que llevó a la amenaza de imponer gravámenes a las exportaciones mexicanas si no se aceptaba convertir a México en “tercer país seguro”; la petición de desplegar a la recién creada Guardia Nacional mexicana en las fronteras sur y norte a fin de disminuir de manera notoria el número de migrantes que llegaban a tratar de entrar a Estados Unidos; la aceptación, en fin, de hacer de las zonas fronterizas bombas de tiempo en las que la proliferación de albergues inapropiados, rebasados, en condiciones infrahumanas, asediados por el crimen organizado y sujetos a todo tipo de extorsiones, es la norma.

Tal es la situación en la que ha desembocado una política violadora de los más elementales derechos humanos, comenzando por el derecho a la vida, como es evidente en las muertes de Ciudad Juárez o las fosas clandestinas de San Luis Potosí.

Desde luego, otros elementos han contribuido al rápido deterioro del problema de los migrantes. Entre ellos sobresalen el deterioro de las situaciones de violencia y los problemas de sequía que han azotado a los países del Triángulo del Norte; la corrupción y rapacidad de sus gobernantes; el gran fracaso de las políticas de México y Estados Unidos que pretenden combatir los problemas que dan origen a la migración. Finalmente, aunque no de menor importancia, las transformaciones en la composición y el volumen del flujo migratorio.

Lo último ha sido notorio los últimos dos años, cuando a mexicanos y centroamericanos se han unido venezolanos, cubanos, haitianos e incluso europeos que huyen de la guerra en Ucrania. Semejante situación ocurre en momentos en que los procesos electorales en Estados Unidos acentúan la lucha implacable de los miembros del Partido Republicano contra la migración procedente de la frontera sur.

Los tiempos políticos son, pues, poco favorables para cambiar, como sería urgente, el enfoque por parte de los gobiernos de México y Estados Unidos hacia la migración. Es una labor de largo plazo que requiere de la aportación de un grupo binacional de expertos independientes que pueden imaginar el camino para considerar a los migrantes como la fuente de mano de obra que tanto se necesita en la nueva etapa de política económica en que ha entrado Estados Unidos.

Es imposible, sin embargo, que el gobierno mexicano no reaccione de inmediato al problema de deshumanización en que se encuentran los migrantes en tránsito. Los cambios en el Instituto Nacional de Migración, la clara asignación de responsabilidades a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, los presupuestos adecuados para dignificar los albergues y el trato humano a los migrantes, son tareas que no pueden esperar. Lo contrario contribuiría al desprestigio y falta de autoridad moral que acompañe la herencia del gobierno de López Obrador. 

Este análisis forma parte del número 2424 de la edición impresa de Proceso, publicado el 16 de abril de 2023, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.