CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-El pasado 5 de enero el gobierno de Estados Unidos anunció nuevas iniciativas migratorias dirigidas a reducir y regular el arribo de solicitantes de refugio y de migrantes a su frontera sur. Se trata de las medidas más importantes que ha tomado el gobierno de Biden en la materia, que impactan el destino de miles y miles de personas y, de paso, vuelven a ubicar a México en una posición alineada con las estrategias de contención implementadas por el país vecino.

Hace unas semanas, en octubre, Estados Unidos inició un programa de control migratorio dirigido al flujo de venezolanos que había crecido de manera muy pronunciada a partir del último trimestre del año 2021. De 6 mil 300 “encuentros” de la Patrulla Fronteriza con venezolanos en agosto de ese año, el número creció hasta un pico de 34 mil en septiembre de 2022.

La estrategia de contención esencialmente tuvo dos componentes: abrir una ventana regular para el ingreso de venezolanos a Estados Unidos y, al mismo tiempo, cerrar la puerta de manera categórica para el conjunto del flujo irregular. Solamente mediante un procedimiento vía remota (internet) y contando con algún patrocinador en ese país, los migrantes y refugiados venezolanos tendrían alguna oportunidad. Ya nadie más por el acceso terrestre en la frontera sur; ya nadie más que hubiera ingresado por México de forma irregular e incluso nadie más que hubiese cruzado por Panamá.

La “receta venezolana” es la que se hizo extensiva para cubanos, nicaragüenses y haitianos. Es cierto que el flujo de las dos primeras nacionalidades había crecido de manera impresionante los últimos meses. Hasta hace dos años el norte de Centroamérica predominaba como región de origen de migrantes y refugiados. Recientemente las estadísticas cambiaron sustancialmente: en noviembre de 2022 el número de cubanos arribando a la frontera sur de Estados Unidos fue superior al total sumado de nacionales de Guatemala, El Salvador y Honduras. Exactamente lo mismo sucedió con el flujo de personas procedentes de Nicaragua, que también superaron en número a los tres países centroamericanos sumados.

Para valorar la problemática social y humana, consideremos que las actuales emigraciones son un cuadro descriptivo de diversas crisis en los países de origen. Cuanto más amplio el flujo, especialmente de personas que requieren protección internacional, tanto más grave el escenario que obliga el desplazamiento desde su país de origen. En función de los datos últimos, las dictaduras latinoamericanas sobresalen como espacios de expulsión de población, lo cual es muy importante hacerlo notar y dejar de ser omisos en la crítica a los gobiernos autoritarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que imponen costos humanos altísimos a su población, considerando el número de emigrantes y refugiados.

Con la aceptación del gobierno de México, a partir de ahora Estados Unidos retornará de inmediato a las personas venezolanas, cubanas, nicaragüenses y haitianas que arriben a su frontera sur e incumplan con las nuevas disposiciones, que castigan el arribo terrestre irregular. Hasta 30 mil retornos por mes están previstos para ser enviados a las ciudades fronterizas mexicanas y, por lo pronto, el gobierno de AMLO no ha anunciado alguna medida de protección y de asistencia, como correspondería a los principios humanitarios que el gobierno pretende. Lo más probable es que los recursos gubernamentales para atender esta emergencia –y las que ya existen en las fronteras mexicanas– sean marginales o inexistentes. Tocará nuevamente a las organizaciones de la sociedad civil responder con los apoyos indispensables y en condiciones muy precarias.

Adicionalmente, tampoco es claro el estatus de permanencia en México de la población rechazada. ¿Se les dará algún documento que evite la amenaza de ser deportados y quedar en situación aún más vulnerable? Además, a las personas venezolanas, haitianas, cubanas o nicaragüenses que logren una cita en algún puerto fronterizo mediante el procedimiento de internet, ¿recibirán alguna protección jurídica de México para ingresar y transitar libremente por el país?

La contraparte positiva de la “receta venezolana”, ahora ampliada, establece el ingreso a Estados Unidos de hasta 30 mil personas mensualmente, de las nacionalidades indicadas, que cumplan el procedimiento por vía remota y reúnan otros requisitos, como disponer de un patrocinador en el lugar de destino. Este mecanismo, que sin duda tiene un componente muy valioso y de amplia escala, de suyo puede generar discriminación y negar el derecho a acceder a refugio a personas que no tengan capacidad para realizar el procedimiento o carezcan de algún patrocinador; aquí hay un filtro selectivo con amplias posibilidades de ser excluyente e injusto. Habrá que evaluar su desempeño en la práctica.

Desde la perspectiva del gobierno de Estados Unidos, las nuevas iniciativas migratorias efectivamente tienen la posibilidad de ser exitosas para reducir flujos, como ha sucedido con la población venezolana migrante que redujo drásticamente sus números. La movilidad irregular –que no es ilegal– ha sido convertida en un instrumento de exclusión mediante las nuevas disposiciones. No se trata del grosero y estridente muro de Trump, pero igual tiene la misma consecuencia: impedir el acceso irregular por la frontera sur de este país. Por lo pronto, la estrategia migratoria de Biden ha mostrado eficacia y, para su éxito, debe contar con la condescendencia del gobierno mexicano.

Finalmente, no deberá sorprender que este mecanismo de “abrir un poco” y “cerrar del todo” sea próximamente apuntado para los flujos migrantes del norte de Centroamérica y, además, para la migración y refugio de mexicanos. Debe recordarse que hoy somos la tercera parte del total de los “encuentros” registrados por la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Hemos vuelto a emigrar con gran ímpetu desde mediados de 2020 y seguramente continuará esta tendencia en el año 2023 y siguientes… a pesar de que el discurso gubernamental no lo registre.

* Profesor del PUED/UNAM. Excomisionado del INM.

Este análisis forma parte del número 2411 de la edición impresa de Proceso, publicado el 15 de enero de 2023, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.