CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–Adolfo Gómez Gómez murió en su celda la madrugada del lunes 27 de julio de 2020. La Fiscalía General de Chiapas dijo que se trató de un suicidio, pero durante la necropsia se demostró que dentro de la prisión este indígena tzotzil de 57 años sufrió tortura. Esa habría sido la verdadera causa del deceso.

Andrés Manuel López Obrador declaró el lunes 29 de agosto de 2022 que ya no se practica tortura en México: “No somos iguales, eso ya se terminó (y) … les cuesta trabajo aceptarlo”.

Adolfo Gómez Gómez fue detenido el 15 de julio de 2020, junto con su esposa, Josefa Sánchez Gómez. Ambos vivían en la comunidad de Chigtón, municipio de Ixtapa, Chiapas. Fueron acusados por la fiscalía de su estado de ser los líderes de una red de trata dedicada a explotar menores.

Andrés Manuel López Obrador afirmó el miércoles 22 de julio de 2020 que se encontraron 20 niños secuestrados, víctimas de trata, en San Cristóbal de las Casas. “Se está actuando, ya hay detenidos, unas señoras se dedicaban a eso… me lo acaban de notificar”.

Adolfo Gómez Gómez fue acusado de secuestrar a Dylan Esaú Gómez Pérez, un menor que desapareció en el mercado de San Cristóbal el martes 30 de junio de 2020. Mes y medio después Dylan fue rescatado y devuelto a su madre. Para ese momento Adolfo Gómez llevaba 30 días muerto. La investigación concluyó que ni él ni su esposa tuvieron nada que ver con el plagio del menor.

Además de Adolfo Gómez y Josefa Sánchez, la Fiscalía General de Chiapas detuvo arbitraria e injustamente a otros familiares suyos y entregó a 23 menores al DIF. A los primeros los acusó de ser victimarios y a los segundos de ser víctimas de una misma red dedicada a la explotación humana. Todo fue una fabricación.

Dos años después, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación (51/2022) donde ordena reparar el daño cometido contra la familia Gómez Sánchez. Resulta que Adolfo Gómez, el hombre que murió por tortura, era abuelo de la mayoría de los 23 niños que vivían humildemente en la misma propiedad.

Nunca se trató de una red criminal, sino de una extensa familia indígena de la etnia tzotzil que, por desgracia para sus integrantes, no contaba con las actas de nacimiento de los menores.

La Fiscalía General de Chiapas niega todavía que el abuelo Adolfo haya sido asesinado dentro de la prisión. Insiste con que se suicidó. A pesar de las señales de golpes y violencia, el expediente se archivó y la autoridad decidió no ejercer acción penal contra quienes arrebataron la vida a este hombre en el interior del Centro de Reinserción Social para Sentenciados de Chiapas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador convalidó la versión fabricada contra la familia Gómez, cinco días antes de que el Estado mexicano arrancara la vida al abuelo tzotzil. Su credulidad lo llevó a subestimar la posibilidad de que, en este caso, como en tantos otros, los torturadores hubiesen forzado al abuelo imputado para que confesara un delito que jamás cometió.

Es rematadamente falso que en México no haya tortura. Es mentiroso también decir que ya no se fabrican delitos. Peor aún, es infame exigir complicidad para negar una realidad tan tremenda.

El caso de Adolfo Gómez Gómez es regla y no excepción. La Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública reportó el año pasado que entre 2019 y 2020 atendió 900 denuncias por actos de tortura y tratos crueles, presuntamente cometidos por autoridades federales y estatales.

De acuerdo con esta misma fuente, los centros penitenciarios son sitios privilegiados para ejercer crueldad. El centro federal de Miahuatlán, Oaxaca –bajo las órdenes de la secretaria federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez–, destaca como el peor. Hoy se acumulan denuncias presentadas por 262 personas privadas de la libertad, quienes afirman haber sido víctimas de aislamiento, golpes, falta de atención médica, desnudamiento forzoso, incomunicación e intoxicación por gases tóxicos. La inmensa mayoría de esas víctimas son de origen indígena.

Tras los muros del centro federal de Villa Aldama, Veracruz, 129 presuntas víctimas han presentado también denuncias por la comisión sistemática y generalizada de actos de tortura y maltrato físico. Le sigue en volumen de vejaciones el centro federal de Huimanguillo, Tabasco. Ahí están pendientes de desahogarse 33 casos relacionados con agresiones a la integridad física cometidas por el personal responsable de la custodia.

El nivel de brutalidad narrado en estos expedientes es en todo opuesto al país idílico defendido con frecuencia en las conferencias mañaneras.

Los centros penitenciarios locales no son mejores que los federales. La prisión femenil de Cieneguillas suma 158 casos de tortura y malos tratos, y detrás suyo vienen otros como el de Chiapas, donde fue asesinado el abuelo tzotzil.

En esta lista de expedientes no se incluyen los eventos de trato cruel e inhumano cometidos por las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, las policías estatales y municipales, o los ministerios públicos.

En su informe 2021 la Organización Mundial contra la Tortura informó que el fenómeno de la tortura creció en México durante los dos años de la pandemia de covid-19. Ese documento subraya que, entre las víctimas frecuentes, ha de considerarse a los migrantes que atraviesan el país rumbo a Estados Unidos.

Ese mismo año, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidos (CAT) refirió los constantes abusos detectados por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas, tanto civiles como militares. Entre los asuntos más relevantes detectados por este organismo estuvieron las acciones represivas contra manifestantes que participaron en las protestas de Jalisco en 2020.

“En múltiples incidentes se registró que las personas manifestantes fueron detenidas de manera arbitraria, incomunicadas y sometidas a tortura (incluida tortura sexual) y otros malos tratos”, advirtió el CAT.

Cuando el poder exige cerrar nuestros ojos frente a la tragedia, nuestros ojos tienen la obligación de mirar de frente al poder. El presidente falta deliberadamente a la verdad cuando dice que en México ya no se tortura. Los restos del abuelo tzotzil perdurarán para recordárselo.

Este análisis forma parte del número 2392 de la edición impresa de Proceso, publicado el 21 de agosto de 2022, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.