CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–El zar de la salud mexicana, Hugo López-Gatell, introdujo de nuevo su lengua en una polémica polarizante. El subsecretario del gobierno federal responsable de la prevención y la promoción de la salud despotricó contra los consultorios médicos adyacentes a farmacias privadas (­Medafp).

“Lo deseable es que no existan”, repitió dos veces en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador el martes 16 de agosto. Y aunque reconoció que sería imposible “cancelarlos de tajo”, advirtió que en breve se les iba a regular de manera más estricta.

Como suele ocurrir cada vez que el zar de la salud se mete en honduras, la reacción contra sus declaraciones no se dejó esperar. “No entiendo lo malo… en Estados Unidos 40% de las consultas de primer contacto se resuelven en consultorios adyacentes a farmacias. En México tenemos montado esto ‘de manera rudimentaria’ y es en donde se atienden enfermedades que desprecia López-Gatell”, refirió al día siguiente el médico Javier Tello en el noticiario Así las Cosas conducido por Gabriela Warkentin y Javier Risco.

De acuerdo con esta misma fuente, los Medafp son producto de un sistema fallido de salud donde conseguir una cita toma días y cuando se logra, se requiere aguardar pacientemente en la sala de espera un promedio de seis horas, para que, “al salir, no haya medicamentos por el desabasto tan grande”.

Más allá de las filias y las fobias, esta polémica encendida por López-Gatell merece ser abordada con prudencia, porque no carece de méritos. Tiene razón el subsecretario cuando dice que los ­Medafp no están siendo supervisados respecto a la norma en vigor. También la tiene el doctor Tello cuando refiere que estos consultorios vecinos de las farmacias lograron un fuerte arraigo popular porque resuelven una necesidad que el sistema público ha desatendido mucho tiempo.

Dos ordenamientos distintos prohíben en México, explícitamente, que coincidan en un mismo espacio los Medafp y las farmacias que los contratan: el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica y la norma oficial que regula a los establecimientos de atención médica ambulatoria.

La lógica detrás de esta prohibición es evitar que la demanda de medicamentos sea dictada por la industria farmacéutica y no por las necesidades de las personas que los requieren.

Cuando los médicos son empleados de las farmacias, se abre grande la puerta para que a la hora de emitir una receta coloquen su lealtad del lado de su patrón y no del paciente. Éste es el conflicto de interés al que se refirió López-Gatell: médicos y farmacias no deben tener una relación de subordinación, porque de otra manera las personas salen perdiendo.

Quienes defienden a los Medafp mienten al decir que sus servicios son gratuitos o muy baratos porque el costo de la consulta se carga sobre el precio de los medicamentos indicados en la receta.

Hace poco más de 10 años los Medafp atendían dentro de esos establecimientos, pero a partir de la aparición de las dos normas antes citadas, ocurrió que, para mover a los médicos fuera de las farmacias se construyó un consultorio adyacente. En otras palabras, se colocó un muro falso para simular el cumplimiento con la ley.

Sin embargo, la dependencia laboral y por tanto la comunicación subordinada entre los médicos y sus patrones de la industria farmacéutica sobrevivieron.

Hay que recordar que los Medafp no comenzaron a operar en México por un generoso acto de altruismo sino por una estrategia bien pensada para mejorar la percepción popular sobre los medicamentos genéricos y, sobre todo, para combatir la preferencia de los doctores a propósito de las medicinas de patente.

Un actor principal de esta estrategia fue el magnate del sector, Víctor González Torres, mejor conocido como el Dr. Simi, quien consiguió durante los últimos años del siglo pasado y los primeros de este una enorme cantidad de permisos, otorgados por la Cofepris para vender medicamentos genéricos.

Entonces había desconfianza social hacia ese producto, acompañada de una actitud de desprecio por parte de la mayoría de los médicos tratantes, ciertamente consentidos por la industria farmacéutica dedicada a los fármacos con patente.

Para quebrar ese doble cerrojo es que la cadena Farmacias Similares empleó médicos para que atendieran dentro de sus instalaciones y –después de la ­prohibición para que despacharan junto al mostrador– desarrolló el modelo de los Medafp. El éxito del Dr. Simi fue tal, que otras cadenas, como las Farmacias del Ahorro (cuyos propietarios son parientes de Víctor González), siguieron el ejemplo.

La violación a la norma tiene obvias repercusiones en el bolsillo y probablemente también en el excesivo consumo de fármacos de los pacientes. La última edición de la encuesta nacional en materia de salud y alimentación (Ensanut) refiere que los clientes que son atendidos por los Medafp consumen tres veces más medicamentos en comparación con las personas que visitan otros consultorios.

Este dato confirma que los médicos empleados por las farmacias no cobran por la consulta, pero conducen a sus pacientes a consumir más fármacos de los que, en condiciones diferentes, les hubiera recetado otro galeno.

Si el sistema de salud pública fuese distinto al que padece el país, los Medafp serían marginales, pero no es el caso. Es, en efecto, delirante “cancelarlos de tajo”, pero al mismo tiempo debe atenderse la violación a la ley y más que todo el argumento que urge a una separación entre la agenda médica y el negocio farmacéutico.

La misma Ensanut, en su apartado de recomendaciones, sugiere que para evitar el problema de la sobreprescripción injustificada tendría que vigilarse mejor a los Medafp. Pero aún más importante, habrían los servicios de salud pública de parecerse en calidad y oportunidad a los que se ofrecen en estos consultorios adyacentes a las farmacias privadas.

Este análisis forma parte del número 2390 de la edición impresa de Proceso, publicado el 21 de agosto de 2022, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.