CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–De nueva cuenta el hijo menor del presidente Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ernesto, se ha convertido en víctima inocente del fuego cruzado, afortunadamente todavía a nivel verbal, entre la 4T y sus detractores. Como es conocido, la inquina fue por su aspecto físico al estar pasado de peso. Hay elementos más allá del sentido común que ponen de relieve lo que está pasando en el país, digno de análisis. Veamos.

Primero. No hay que ir muy lejos para sustentar cómo al joven Jesús Ernesto se le ha causado un agravio en sus derechos a la dignidad personal, a su honor, a su propia imagen y a su vida privada. Peor todavía, a los 15 años el o la joven están en pleno proceso de formación y maduración, razones por las cuales son especialmente sensibles frente a cuestionamientos con una amplia difusión, fuera de toda consideración del impacto que puede tener en el menor, que no tiene por qué pagar lo que hace o deja de hacer su padre.

El artículo 4º constitucional, en su penúltimo párrafo, dispone: “El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos”. La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece las bases de la política pública en materia de protección a los menores, y los códigos civiles, federal y locales (y los penales, en su caso) disponen los mecanismos de defensa, en donde existe el hilo conductor del principio superior de la niñez.

De esta suerte, someter al escarnio a un niño por lo que hace o deja de hacer su padre es una conducta ajena a la ley. No existe, debe quedar claro, “portación de padre prohibido”. La madre de Jesús Ernesto podría reivindicar los derechos que le han sido lesionados y que, además, no encuentran justificación jurídica alguna en el sistema legal mediante una demanda por la vía civil, a diferencia de otros casos donde podría invocarse la libertad de expresión que, como debe saberse, no es absoluta y en estos casos tiene límites muy claros. Los agravios, la vía y la eventual solución jurídica no tienen duda.

Segundo. Lo que es de llamar la atención es que los detractores del presidente de la República justifiquen o expliquen por qué es válido o tiene elementos que, según esta narrativa, harían menos agraviante este ataque al joven. Nadie en su sano juicio podría condenar que un padre salga en legítima defensa de su menor hijo, aunque sea el titular del Ejecutivo Federal. No resulta ocioso recordar que el menor no ha sido electo para cargo popular alguno y carece de cualquier injerencia en la toma de decisiones presidenciales. Desde el punto de vista jurídico esas explicaciones buscan matizar lo que no tiene matiz alguno: un menor ha sido afectado en sus derechos humanos. No existe ley ni precedente jurisprudencial alguno que permita u otorgue una salida jurídica a semejante conducta infligida en agravio del hijo del presidente.

Y a la luz de la ética, el asunto se vuelve todavía más insostenible. Hay conductas que pueden ser legales, pero no éticas porque las normas jurídicas regulan el mínimo minimorum de la convivencia social. La ética va más allá del derecho y, por ello, incluye conductas que, aunque pudieran estar dentro o no reguladas por la ley, no son aceptadas por la deontología que tiene como objetivo enriquecer la calidad de vida de la comunidad.

Tercero. Es irrelevante para este efecto si el presidente López Obrador inauguró o no el discurso que polariza. El tema es que las diferencias con la 4T y el propio primer mandatario deberían tener una forma de respuesta racional, si no se quiere practicar la civilidad y la ética como norma de conducta. Las oposiciones al presidente deberían mostrar que sus asideros antes que políticos, ideológicos o económicos, se encuentran apegados a derecho. De no ser así, ¿cuál es la diferencia que ofrecen al discurso público las oposiciones cuando, sin un ejercicio lógico de ponderación, justifican la violación de la ley como forma de comunicar sus disensos con quien hoy gobierna? ¿La diferencia entre las quejas, con razón o sin ella, en muchos temas no pasa por el respeto de los valores básicos de la comunidad, uno de ellos el principio superior de la niñez? ¿Quién no defendería a su hijo por conductas propias, correctas o no, si el mandato público es finito y las consecuencias en los hijos podrían afectar su sano e ideal desarrollo por un asunto que les es totalmente ajeno? ¿No es un acto de discriminación respetar en abstracto todos los derechos humanos, salvo cuando se trata del hijo menor del presidente? ¿No es de llamar la atención que quienes deberían pronunciarse por la igualdad de la ley en este caso concreto, simple y sencillamente guarden silencio? ¿Si se acepta, sin conceder, que el contrario viola la ley, entonces significa que la respuesta es un llamado a que todos violemos el sistema legal y no utilicemos los mecanismos que el sistema jurídico proporciona? Se debe hacer una profunda reflexión sobre qué sociedad queremos y revisar si la doble moral y la simulación deben seguir siendo pilares de la conducta pública y privada de la sociedad.

Es lamentable que sólo Morena y sus aliados salgan en defensa de Jesús Ernesto y no la sociedad toda o, por lo menos, aquellas porciones que tienen los elementos de información y de juicio para saber que ese ataque contra el joven es contrario a la ley y no debe admitirse, sea quien sea.  

Este análisis forma parte del número 2383 de la edición impresa de Proceso, publicado el 03 de julio de 2022, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.