CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Tuvo sentido atraer el caso Wallace para que sea analizado con lupa por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dos ministras y dos ministros de la Primera Sala coincidieron en su relevancia.

El amparo presentado por Juana Hilda González Lomelí, una de las presuntas secuestradoras de Hugo Alberto León Miranda, hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace, contiene un argumento principal: desde el 12 de julio de 2005 hubo alguien que fabricó un guion ficticio para simular un secuestro y una muerte.

Meses después, el 8 de febrero de 2006, fue inventado otro relato, en todo distinto al anterior, excepto que éste también tenía como propósito simular el secuestro y la muerte de Hugo Alberto León.

La primera hipótesis criminal del caso Wallace, la que se fabricó el 12 de julio, no prosperó porque nada de lo que dijeron los familiares de la supuesta víctima pudo probarse. Isabel Miranda afirmó que un testigo vio entrar a su hijo a un edificio en la calle de Perugino, de la colonia Insurgentes Mixcoac, en la Ciudad de México; pero ese testigo jamás apareció.

Ella dijo también que dentro de ese inmueble un niño vio a Hugo Alberto subir al segundo piso, a las cuatro de la mañana, y que ahí fue herido con un arma de fuego. Luego lo habría visto abandonar, herido y chorreando sangre, aquel inmueble.

Sin embargo, Érick Figueroa Martínez, el niño mencionado por la señora Wallace, no durmió en el edificio de Perugino la madrugada del 12 de julio. Por tanto, no pudo haber sido testigo de cuanto se le adjudicó.

Además de estos hechos sumó incredulidad sobre el caso que Hugo Alberto hubiese realizado varias llamadas por celular durante los días posteriores y que también hubiera celebrado consumos con su tarjeta de crédito, por ejemplo, para contratar el servicio de citas por internet match.com.

Hoy se tiene noticia de que en febrero de 2007, es decir dos años después de la supuesta muerte, se comunicó con Claudia Muñoz, madre de la segunda hija de Hugo Alberto, quien desde hace 15 años reside en Estados Unidos. Esa llamada prueba que un año y siete meses después estaba vivo.

En noviembre de 2005 Isabel Miranda logró que el senador panista Federico Doring la reuniera con José Luis Santiago Vasconcelos, quien entonces ocupaba la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). En esa reunión amenazó con que, si las autoridades continuaban menospreciando su caso, ella utilizaría las estructuras de publicidad exterior, propiedad de su empresa Showposter, para denunciar la complicidad entre policías y secuestradores.

Aquella reunión obró magia. Revivió un caso que estaba rematadamente muerto. Durante diciembre de aquel año la autoridad ayudó a Isabel Miranda a localizar a la vecina que vivía en el edificio de Perugino donde supuestamente Hugo Alberto fue herido de bala.

El 10 de enero de 2006 Juana Hilda fue detenida en el lugar más imbécil donde podía haberse escondido una secuestradora: a escasos 500 metros de distancia de la oficina matriz de Showposter, donde Isabel Miranda despachaba.

Ella vivía con su pareja en un departamento en la calle Tenorios 91, ubicado a seis minutos a pie de Brujas número 1, donde ha estado durante años el centro de operaciones de la familia Wallace.

Afirma Isabel Miranda que la noche en que fue detenida Juana Hilda portaba una identificación falsa a nombre de Sandra Gutiérrez. Sin embargo, eso es falso. A la misma hora en que la policía la estaba aprehendiendo fuera de su domicilio, ese documento se encontraba a 18.5 kilómetros de distancia. Según el expediente, funcionarios de la SIEDO mostraron la supuesta licencia falsa al hermano de Juana Hilda, Armando Cruz, exactamente a la misma hora. Debido a la imposible ubiquidad del documento debe considerarse como cierto lo que ella sostuvo desde el principio: que jamás se identificó con dicha licencia ante la autoridad.

Sin embargo, ese fue el motivo por el que una juez dictó arraigo de 90 días en contra de ella, según su propio argumento, a pesar de que el resto de la evidencia que la PGR le presentó era bastante endeble.

Un mes de encierro y mucha presión psicológica –Juana Hilda dice que también sufrió tortura física– hicieron que aquella mujer ofreciera el testimonio que dio origen a la segunda hipótesis criminal, o más precisamente, que relatara el segundo guion de esta fabricación.

Ella dijo, y después fue grabada diciéndolo de nuevo, que fue al cine con Hugo Alberto, que luego lo llevó a su casa, que ahí cinco integrantes de la banda le cayeron encima al mismo tiempo, y que eso llevó a que la víctima sufriera un paro cardiaco y muriera.

Luego afirmó que le habrían tomado fotografías para adjuntarlas a un texto de rescate que los secuestradores enviarían más tarde a la familia y, por último, que, con una sierra comprada durante la madrugada en un Walmart, desmembraron el cuerpo.

Hay toneladas de pruebas que refutan esta historia: los vecinos que jamás escucharon nada, los restos que jamás se hallaron, el cateo que hizo la autoridad sólo cuatro días después en el departamento donde habría ocurrido la tragedia, la llamada telefónica desde el dispositivo de Hugo Alberto a su novia la noche posterior a su supuesta muerte y el encuentro que tuvo con una amiga, Laura Domínguez, en el que le contó que todo había sido una simulación.

Como la primera hipótesis criminal, la segunda debió también haberse derrumbado. Y, sin embargo, el poder económico de Isabel Miranda, que luego se volvió poder político, permitió que una sarta grande de mentiras, fácilmente detectable durante la lectura del expediente, fuese creída por la mayoría de los medios de comunicación, por la clase política entera y por los principales líderes de la sociedad civil.

Estamos ante una de las ficciones más grandes en la historia criminal mexicana. Un secuestro que no sucedió, una muerte que no ocurrió, y, sin embargo, hay cuatro personas sentenciadas por ello y otras dos que, 16 años después, continúan esperando sentencia.

Según mi propia investigación, se sumarían más de 30 víctimas, entre mujeres, hombres y niños, cuya vida se descarriló gravemente por obra de la invención Wallace.

Supongamos por un momento que todo lo que aquí narro fuese falso. Que el mío también fuese un guion de mentiras y que el trabajo periodístico que muchos han realizado antes, destacadamente Jorge Carrasco y Anabel Hernández, fuese también una tremenda falsedad.

¿A quién le hace daño que este expediente llegue a la Corte para despejar dudas y encontrar, por fin, verdad jurídica?

A la única persona que se ha opuesto rotundamente a que tal cosa ocurra: Isabel Miranda Torres.

Y es que si las dos primeras hipótesis criminales se revelaran inventadas, emergería una tercera donde ella, en vez de víctima, sería irremediablemente señalada como victimaria.

Este análisis forma parte del número 2378 de la edición impresa de Proceso, publicado el 29 de mayo de 2022, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.