CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–AMLO, durante los pocos o muchos años que le queden de vida, recordará el mes de abril de 2022. Sobre todo sus domingos. En todos le fue mal, salvo en el primero. El 10 la ciudadanía le desairó,­ y de fea manera, su llamada “consulta”; el 17, una minoría de diputados­ tuvo la osadía de rechazar su reforma eléctrica, a la que no había que quitarle ni una coma. Todo eso no es nada comparado con lo que salió a la luz pública y se supo el domingo 24. Su “amigo” Donald Trump lo echó de cabeza, lo ventaneó de feo modo; en pocas palabras: lo encueró en público. No me gustaría estar en su lugar.

Trump, en Ohio, durante un mitin, reveló que, por conducto del secretario de Relaciones Exteriores de México, ordenó a nuestro presidente de la República desplegar 28 mil soldados mexicanos para impermeabilizar la frontera común e impedir el paso de indocumentados centroamericanos a territorio norteamericano. Agregó que AMLO es “uno los políticos ‘socialistas’ con los que le gusta trabajar”. Nuestro AMLO, el nacionalista, el impoluto, el eterno rebelde, se sometió. “Nunca he visto a nadie doblarse así”, comentó Trump. (Reforma, lunes 25 de abril de 2022, primera plana) ¡Qué vergüenza!

Hasta el día de hoy (26 de abril), no ha habido un solo desmentido, pues no lo es la habitual verborrea que afecta la boca presidencial. No sé si lo habrá. A los mexicanos nos urge una explicación.

Me temo que AMLO, al acatar una orden del jefe de una potencia extranjera, violó la ley. No me atrevo a afirmarlo. Eso sólo lo puede determinar un juez o el Senado en funciones de jurado de sentencia. El artículo 123 del Código Penal Federal, dispone lo siguiente:

“Se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que cometa traición a la Patria en alguna de las formas siguientes:

“1.- Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero…”

Como soy abogado, sé que todo individuo tiene a su favor la presunción de inocencia. Este principio tiene validez universal y permanente, de él se beneficia, incluso, AMLO que, en forma reiterada, ha negado ese derecho a sus adversarios o a quienes se atreven a rechazar una reforma constitucional.

De conformidad con las leyes, puede ser considerado como presunto traidor a la Patria quien realice actos contra la independencia y soberanía de la Nación con la finalidad de someterla al gobierno de los Estados Unidos de América, como, al parecer, sucedió y que ahora lo sabemos por razón de una declaración pública que formuló Trump, quien fue presidente de esa nación. Pero para que alguien sea estimado culpable se requiere que haya una sentencia firme, emitida por una autoridad competente. Mientras eso no suceda, AMLO debe ser considerado inocente. Esto debería saberlo él.

Si bien una afirmación proveniente de Trump, por regla general, debiera ser tomada a la ligera, como muchas otras que hizo durante los cuatro años que duró su presencia en la Casa Blanca, la relacionada con México merece ser examinada con atención. Lo es por cuanto a que tuvo un reflejo en la política militar y migratoria de México.

Al parecer el gobierno de López Obrador, presidente de un país libre y soberano, recibió y acató órdenes de Trump; por virtud de ello, México movilizó elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional para sellar la frontera con los Estados Unidos e impedir el flujo de migrantes centroamericanos. Si ello es cierto, estamos ante un hecho muy grave. AMLO no puede seguir siendo presidente de la República. En casos similares, AMLO ya estaría acusando de traición a la patria a los responsables y, además, exigiendo su renuncia y enjuiciamiento.

En materias tan delicadas no conviene precipitarse ni actuar a la ligera. Me limito a insinuar que habrá que considerar cuál es el momento político oportuno para presentar y ratificar una denuncia de hechos ante la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados.

De conformidad con el artículo 108 constitucional, el presidente, durante el desempeño de su encargo, sólo puede ser acusado, entre otros delitos, por traición a la patria, que pudiera ser el caso. Es procedente la denuncia y el inicio del procedimiento acusatorio ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Los partidos de oposición tienen a AMLO en sus manos. Lo que deben decidir es en qué momento tronarle el cuello. Tendrán que ponderar fríamente cuándo presentar la denuncia, hacerla pública y darle curso con fines netamente políticos.

Habría que ofrecer declaración inicial de AMLO e insistir en que se presente personalmente a rendirla. Aunque se pudiera afirmar que, tratándose del presidente de la República, toda declaración debe ser desahogada en forma escrita, en el caso, por estar de por medio un juicio penal y una autoridad legislativa, en ejercicio de funciones prejurisdiccionales, debe insistirse en que se presente personalmente a declarar antes las subcomisiones, comisiones y el Pleno de la Cámara de Dipu­tados. Así lo dispone la Ley.

De ventilarse el proceso en la Cámara de Diputados, AMLO, a pesar de haber elementos para proceder en su contra, pudiera ser absuelto por un Senado, constituido en Jurado de Sentencia, atendiendo, sobre todo a razones políticas.

Para algunos, la responsabilidad presidencial pudiera ser clara. Políticamente conviene dar curso a la acusación cuando Morena haya designado a su candidato a la Presidencia de la República y se inicie la campaña electoral. Cuando AMLO haya perdido fuerza y el candidato oficial comience a olvidar compromisos políticos. Ese sería el momento político oportuno. El proceso debe seguirse antes de que se realice la elección.

Ese AMLO que se autodesigna “nacionalista” y defensor de la soberanía nacional, va a tener que inventar algo muy grande para superar la encuerada que le dieron y hacer que los mexicanos quiten la vista del lío en que se metió. Por ejemplo: nacionalizar el aire, el sol o, cuando menos, intentar meter a la cárcel a un expresidente de la República. No quisiera estar en su lugar. 

Este análisis forma parte del número 2373 de la edición impresa de Proceso, publicado el 24 de abril de 2022, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.