CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–No es el fondo sino la forma lo que estuvo jodidamente mal hecho. El proceso para votar la reforma electoral, aprobada la madrugada del martes pasado, es una de las peores arbitrariedades cometidas por el oficialismo.

Por la mañana del martes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acudió a San Lázaro para presentar un rosario de modificaciones en materia electoral, según su opinión, en todo compatibles con la Constitución.

Sin embargo, como si se tratara de un documento vergonzoso, se entregó con prácticamente nada de tiempo a las y los legisladores –propios y ajenos– para que lo estudiaran y debatieran antes de votarle.

En beisbol la bola rápida se festeja, pero en estos asuntos es un desafío a la confianza presente y también futura. No sólo se actuó con dolo al romper con la práctica de transparencia legislativa que implica publicar las iniciativas en la Gaceta Parlamentaria antes de discutirlas, sino que también se evitó que el texto fuese analizado en comisiones.

Esta es la primera reforma electoral, desde 1977, donde el partido en el poder hace como si la oposición no existiera. No importa que detrás de los votos obtenidos por los partidos adversarios al régimen haya más de 23 millones de personas. Es a esa ciudadanía –que decidió equilibrar el poder del presidente en las urnas en 2021– a quien el oficialismo dio la espalda aprobando la iniciativa presidencial durante la madrugada del miércoles 7.

A toro pasado tendrá que hacerse el análisis, sobre todo porque en breve la Cámara Alta revisará la minuta enviada desde San Lázaro.

Esta iniciativa, aseguran sus padrinos, tiene el propósito de generar ahorros a favor de la hacienda pública. Se afirma en la exposición de motivos que, con las reformas planteadas, el Estado mexicano va a ahorrarse 3 mil 605 millones de pesos.

¿Será? No hay respuesta, porque la exposición de motivos omite explicar cómo fue que sus hacedores llegaron a esa conclusión y también porque las y los representantes populares no tuvieron derecho a debatir esos números.

Aquí algunas de las propuestas para abatir costos dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF).

Se propone, primero, que solamente 260 de los 300 distritos cuenten con una estructura responsable de organizar las elecciones a ras de tierra. ¿Por qué 260 y no 280? ¿Qué criterios van a seguirse para definir cuáles serán las poblaciones beneficiadas? No sabemos.

Actualmente cada distrito cuenta con una junta permanente a la que pertenecen cinco integrantes del servicio profesional del INE cuyas tareas van desde seleccionar a las personas funcionarias de casilla, pasando por su capacitación, por la instalación de urnas, el conteo del voto y el desahogo de las primeras denuncias y quejas.

Pues la iniciativa madrugadora propone que la mayor parte del tiempo esas juntas estén integradas por una sola persona, quien ocupará el cargo de vocal ejecutiva a nivel distrital.

En términos de ahorro es innegable que, en vez de pagar el sueldo de mil 500 personas –durante los periodos no electorales–, el INE sólo tendría que sostener una nómina para 260.

¿Se ponen en riesgo los comicios por esta decisión? Tampoco lo sabemos porque a nadie pareció importante argumentar ni atender los contraargumentos.

Hay otras propuestas que se sostienen sobre su propio pie. Por ejemplo, la idea de acortar, como sucede en muchos otros países, el tiempo que toma el proceso electoral. También destaca la desa­parición del programa de resultados preliminares, mejor conocido por sus siglas como PREP, así como –previsiblemente– el conteo rápido del INE.

Aunque en principio esta propuesta podría sonar preocupante, porque llevamos muchas elecciones utilizando ambos instrumentos, la iniciativa va acompañada de otra que vale por sus propios méritos: que el conteo oficial de los votos comience a hacerse, a nivel distrital, el mismo día de los comicios, a partir de las 18:00 horas, en vez de hacerlo, como se ha hecho durante muchos años, el miércoles inmediato a la elección. Adelantar el conteo no agrega costos y, por el contrario, al eliminar el PREP y el conteo rápido sí habría economías que presumir.

Otra medida es la reducción de direcciones ejecutivas con las que actualmente cuenta el INE. Se propuso fusionar áreas que hoy se encuentran separadas, por ejemplo la Dirección Ejecutiva de Capacitación y la Dirección Ejecutiva de Organización.

En efecto, se propone que una sola instancia se haga cargo de ambas tareas, las cuales son, ciertamente, gigantes. Igual se quiere hacer con las direcciones de Administración y del Servicio Profesional: coserlas dentro de un mismo cuerpo. 

Otra vez, habría sido interesante analizar con lupa si esta fusión, que no debería incluir correr personal, es una buena idea. Ojalá y el Senado debata sobre este tema.

Respecto al TEPJF, la reforma plantea desaparecer la sala especializada en aplicar sanciones cautelares mientras están ocurriendo las campañas. En adelante esta tarea se entregaría a la sala superior y a las salas regionales.

¿Es esto una buena idea? Habría sido interesante escuchar la voz de las y los magistrados de ese tribunal antes de someter a votación la iniciativa. Lo que se está proponiendo implicaría que la sala superior conociera demasiado temprano sobre las infracciones electorales, lo cual les restaría estatura para tomar decisiones como última instancia.

Sin un análisis acucioso y a la vez plural, no es posible valorar los méritos de esta iniciativa, que sin duda también los tiene. No obstante, al haber actuado con alevosía, sus creadores cargaron de desconfianza el texto, incluso antes de que llegue al Senado.

La iniciativa tiene otros elementos, como reconocer la libertad de los funcionarios públicos para que intervengan con su propia su voz durante las campañas políticas, lo mismo que la prohibición a los árbitros para que saquen tarjeta roja y expulsen del juego a los candidatos tramposos, o la limitación al tribunal para que, salvo excepciones, intervenga en temas internos de los partidos políticos.

Si la forma es fondo, esta reforma merece ser derrocada en el Senado; pero si el fondo se sostiene por sí mismo, las y los senadores podrían remediar la ausencia de deliberación que quedaron debiendo sus colegas de la Cámara Baja.

De lo contrario la desconfianza de hoy se reproducirá con virulencia en el futuro, debilitando el sistema electoral mexicano. 

Este análisis forma parte del número 2406 de la edición impresa de Proceso, publicado el 11 de diciembre de 2022, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.