A los cientos de personas espiadas por los militares

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–El pasado 9 de septiembre el Senado aprobó reformas legislativas que otorgan el control operativo, presupuestario y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena; es decir, la fuerza policial civil a nivel federal queda, a partir de ahora, en manos militares.

Esta decisión ha causado profundas preocupaciones a ciudadanos y organizaciones de derechos humanos por el riesgo que existe para la democracia y el estado de derecho que la seguridad quede en manos castrenses.

Durante décadas, los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han declarado que las Fuerzas Armadas sólo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso, y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes.

Los efectos de militarizar la seguridad pública son, dolorosamente, bien conocidos en la historia reciente de México. Desde los primeros esfuerzos de militarización, hace más de una década, las cifras dan cuenta de un aumento de las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas.

En México, según fuentes oficiales, existen 100 mil personas desaparecidas desde 1964. Al menos 95% de esas personas desaparecieron en los últimos 15 años (2006-2021). De 2006 a la fecha se registran más de 300 mil asesinatos, con 82 diarios y 11 feminicidios al día, en promedio, durante 2022. Con un índice de impunidad de alrededor de 98%, el panorama es desolador.

En 2018, con la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional, aparece por primera vez el temor fundado de la consolidación de la presencia de las fuerzas militares en la seguridad pública, que hasta ahora establecía a la Guardia como un organismo civil y con doctrina policial. Sin embargo, en la práctica, los transitorios les daban de facto presencia y poder.

Como consecuencia, desde 2019 y a la fecha una serie de reformas a leyes secundarias y la publicación de acuerdos presidenciales diluyeron los contrapesos a las actuaciones de las Fuerzas Armadas y fueron otorgándoles paso libre para atender la situación de país que la estrategia nacional de seguridad pública diagnosticó como un “estado de emergencia”.

Es en este contexto donde se destapan los documentos filtrados de la Sedena por el grupo de hackers Guacamaya. En miles de documentos se han podido identificar las tareas de vigilancia que el Ejército ha realizado no sólo a movimientos sociales, sino también a organizaciones de derechos humanos y a sus integrantes.

En Sin Embargo la periodista Dulce Olvera publicó el pasado 14 de octubre una nota sobre la vigilancia que se ha hecho hacia la organización Indignación y sus integrantes, así como de los pueblos y ejidos que se han amparado frente al proyecto llamado Tren Maya.

En dicha publicación se observa no sólo las tareas de vigilancia hacia el ejercicio pleno del derecho a defender derechos humanos, sino que también se hacen afirmaciones sobre las personas vigiladas que, en el contexto de la creciente militarización en el país y las consecuencias que esto puede generar, son de extrema preocupación.

En concreto, quiero referirme a mi colega Jorge Fernández Mendiburu, abogado litigante de la organización Indignación, quien ha dedicado su vida profesional a la defensa de los derechos humanos en casos complejos y paradigmáticos, como la matanza de Aguas Blancas, en Guerrero, así como la defensa de los campesinos ecologistas de la Sierra de Petatlán, en el mismo estado.

Jorge se ha especializado en la defensa del derecho al medio ambiente, acompañando a pueblos mayas y a comunidades ejidales de la península de Yucatán, tales como el caso de Homun, que junto con otras comunidades forma parte de la zona de recarga natural de agua del área natural protegida denominada Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de los Cenotes, que es la reserva hidrológica de aguas subterráneas más importante a nivel nacional. Desde 2016, las y los habitantes han resistido la instalación de una fábrica de 49 mil cerdos, la cual amenaza su territorio, su ecosistema y su modo de vida.

En la nota citada, donde se hace referencia a los demandantes como “opositores” a la construcción del Tren Maya y al abogado Jorge Fernández Mendiburu, se puede leer que ya “algunas autoridades lo consideran de la ‘izquierda romántica de los años sesenta’ y que, además de los intereses económicos que pudiera tener, actúa y se adhiere a los principios ambientalistas de la organización y no a sus convicciones”.

¿Qué implica que te cataloguen como parte de la “izquierda romántica de los sesenta”? ¿Que por ejercer tu profesión defendiendo derechos, seas vigilado por el Ejército? ¿Que ya otras autoridades te tengan bajo su radar? ¿Por qué nos vigilan a las defensoras y defensores de derechos humanos? ¿Por qué nos ubican como opositores y nos colocan a la par de grupos terroristas? ¿A qué huele esta vigilancia en el contexto de la avanzada militarización del país?

Huele a una escalada del autoritarismo que se justifica a sí mismo, sin dar resultados concretos, donde deberían poner sus esfuerzos de vigilancia, por ejemplo, en la investigación del crimen organizado, en las miles de desapariciones forzadas, en los 11 feminicidios diarios en promedio que tiene este país, en el creciente abuso del poder empresarial.

Jorge, además de colega abogado –a quien admiro y respeto por el trabajo profesional que realiza desde hace más de 20 años– también es mi amigo, y es justo en estos contextos donde la oscuridad amenaza los espacios de claridad que desde varias generaciones atrás luchadores y luchadoras sociales han arrancado al abuso del poder.

Es fundamental denunciar el avance militar en nuestra democracia y la vigilancia no justificada hacia las y los defensores de derechos humanos que, por cierto, son los que también han caminado con las y los que menos tienen en este país.

Sirva así esta reflexión para abrir el debate, para acompañarnos y no dejarnos solos. 

*Directora ejecutiva de Prodesc

Este análisis forma parte del número 2399 de la edición impresa de Proceso, publicado el 23 de octubre de 2022, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.