Poder Judicial
Recuento de una catástrofe: la bancarrota del Poder Judicial de Veracruz
¿Mala gestión? ¿Corrupción? ¿Ambos? Existen varias versiones sobre la causa del problema, que, además, se acompaña de un conflicto en las más altas esferas de la institución. He aquí la cadena de hechos y sospechas que condujo a un desastre tan grande que incluye el cierre de 29 juzgados.
CIUDAD DE MÈXICO (apro).- El Poder Judicial de Veracruz se encuentra en quiebra. Con un déficit presupuestal de 500 millones de pesos, no cuenta con los recursos necesarios para pagar el sueldo a todos sus empleados y solventar los demás gastos operativos de aquí a final del año. Incluso el Presidente pidió la semana pasada una investigación al respecto.
¿Mala gestión? ¿Corrupción? ¿Ambos? Existen varias versiones sobre la causa del problema, que, además, se acompaña de un conflicto en las más altas esferas de la institución. He aquí la cadena de hechos y sospechas que condujo a un desastre tan grande que incluye el cierre de 29 juzgados: una amputación de la justicia.
Acusaciones cruzadas
La noticia de la bancarrota del Poder Judicial llega casi un año después de la remoción de Sofía Martínez Huerta de la cabeza de la institución. Fue destituida en octubre de 2020; apenas 10 meses antes había sido designada, en forma cuestionable.
La llegada de Martínez Huerta a la presidencia del Poder Judicial del estado fue polémica, porque en octubre de 2019 y sin provenir de la carrera judicial, fue nombrada magistrada por la Legislatura, a propuesta del gobernador Cuitláhuac García, y en diciembre de ese año fue elegida por el Pleno de los magistrados como presidenta. Su bien conocida relación de amistad con el secretario de Gobierno fue considerada como decisiva en este veloz ascenso, hasta el punto de que algunas magistradas del Tribunal Superior de Justicia consideraron que había sido un nombramiento por ‘dedazo’.
Poco después, la entonces presidenta fue acusada de nombrar a familiares y amigos para desempeñar cargos dentro del Poder Judicial, entre ellos su nuera Mayra Angélica Martínez Juárez como secretaria de Acuerdos, y un incondicional, Hernán García Sobrevilla, como director general de Administración, con quien habría actuado en complicidad para definir el destino de ciertos recursos, sin aprobación del Consejo de la Judicatura, contraviniendo el marco jurídico.
Incluso algunos integrantes del Consejo de la Judicatura denunciaron que la entonces presidenta les pidió firmar las actas de 13 sesiones extraordinarias del Consejo que nunca se realizaron, para aparentar que en estas sesiones se había autorizado el traspaso de aproximadamente 60 millones de pesos del Tribunal al Consejo, según consta en una observación que se hizo al acta de entrega-recepción del director general de Administración, cuando éste fue destituido. Es importante notar que tras su destitución al poco tiempo García Sobrevilla fue nombrado para otro puesto clave, el de contralor del Poder Judicial, es decir, el encargado de investigar posibles irregularidades y actos indebidos.
Poco después, Martínez Huerta fue sustituida por Isabel Inés Romero Cruz, en otra polémica sesión del Pleno de magistrados, quienes además instaron al Congreso a iniciar una auditoría por malversación de fondos, y anunciaron que denunciarían penalmente a García Sobrevilla y otros dos funcionarios cercanos. Martínez Huerta denunció que su supuestamente ilegal destitución e inhabilitación como magistrada se dio a raíz de que ella suspendiera los pagos mensuales por 17 millones de pesos a distintas empresas que estaban llevando a cabo la construcción de 21Ciudades Judiciales (edificios para albergar oficinas y juzgados del poder judicial), después de detectar anomalías en el costo de dichos proyectos, que se habrían triplicado. Para entonces, la buena relación con el Ejecutivo al parecer ya estaba rota, pues también declaró que el gobernador estaba enterado de la situación y que existía un pacto para no investigar al anterior presidente, Edel Álvarez Peña.
Romero Cruz reanudó los pagos pendientes a las empresas a cargo de la construcción de las Ciudades Judiciales, quienes recibieron cerca de 187 millones de pesos por los 11 meses durante los cuales su pago se suspendió, lo que posiblemente explica el ‘boquete’ que ahora tiene en dificultades al Poder Judicial. Sin embargo, hace unas semanas, decidió solicitar una renegociación de los contratos para la construcción de estos edificios.
Es interesante mencionar que algunas irregularidades habían sido observadas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz en 2020, al efectuar la revisión a la Deuda Pública y Obligaciones de la autorización, contratación, construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de las Ciudades Judiciales realizadas por el Poder Judicial del estado para el ejercicio 2018. En su conclusión presume una probable falta administrativa, y da vista a la contraloría interna del Poder Judicial para que realice la investigación correspondiente en contra de los probables responsables. Desafortunadamente, nunca se supo de los resultados de tal investigación, ni si se realizó una denuncia penal.
Otra de las posibles explicaciones para el déficit del Poder Judicial de Veracruz es que su presupuesto ha venido disminuyendo en los últimos años. De hecho, pese a que la Constitución local marca que el Poder Judicial debe recibir el 2% del presupuesto estatal, nunca ha llegado a esa proporción, ni siquiera con la reforma laboral en puerta y el consecuente aumento de la carga de trabajo, ya que para 2021 se le asignó tan sólo el equivalente al 1.26% del presupuesto general del estado. Por cierto: poco después de ser nombrada presidenta, Martínez Huerta declaró que buscaría que se respetara la garantía presupuestal prevista en la Constitución.
Medidas desesperadas que empeoran todo
Frente a la emergencia, el Poder Judicial anunció dos medidas, que pueden atentar al derecho de acceso a la justicia y poner en peligro la independencia judicial: la desaparición de juzgados y la reducción ‘voluntaria’ de los sueldos de magistradas y magistrados.
El pasado 30 de junio, el Poder Judicial del estado anunció el cierre de 29 juzgados, la mayoría microrregionales, con lo que espera hacer frente a la crisis financiera y generar un ahorro de 22 millones de pesos. De acuerdo con declaraciones del propio gobernador del estado y de la actual presidenta del Poder Judicial, esta decisión fue el resultado de una revisión de la eficiencia de dichos juzgados, además de estudios técnicos y financieros frente a la implementación de la justicia laboral.
En dicho análisis, se esperaría que se hubiera estudiado a profundidad la demanda del servicio, las cargas de trabajo, el rezago y la distribución de recursos. Sin embargo, no es posible saberlo ya que éste no se ha hecho público. Al contrario, esta medida deja entrever una serie de problemáticas que vale la pena analizar.
En primer lugar, los 29 juzgados que se decidieron eliminar del mapa[1] no parecían ser innecesarios. Los juzgados microrregionales fueron implementados en 2018 durante la administración del entonces presidente del Poder Judicial, Edel Álvarez Peña, con el objetivo de atender la demanda de justicia en zonas rurales e indígenas.
El anuncio de su desaparición generó diversas reacciones. Algunos abogados[2] amenazaron con interponer amparos colectivos, presentaron una queja en la comisión estatal de Derechos Humanos y se manifestaron frente al palacio de gobierno pidiendo que no se cerraran los juzgados. Argumentaron que esto provocaría que se pasaran los asuntos a otros juzgados, desencadenando una mayor carga de trabajo, rezago, demora en los tiempos de resolución y aumento en el costo para los usuarios que ahora tendrán que trasladarse a otras regiones.
En línea con esto, la colectiva feminista Equifonía advirtió que la decisión impactará en el acceso a la justicia de grupos vulnerables, especialmente de mujeres que viven en situación de violencia, ya que 11 de los juzgados que desaparecerán se encuentran en municipios que tienen Alerta de Violencia de Género, donde se requieren más espacios de denuncia y acceso a la justicia, no menos.
Por otra parte, la decisión de reducir ‘voluntariamente’ hasta el 30% del sueldo de magistradas y magistrados no ha sido recibida de la mejor manera, y ha dado lugar a una serie de declaraciones que podrían sugerir una fractura al interior del Poder Judicial. La magistrada Concepción Flores Saviaga, una de las afectadas, declaró que la actual presidenta no ha defendido la autonomía del Poder Judicial y debe renunciar. Además, denunció que la actual directora general de Administración no cuenta con la experiencia que se requiere para ocupar el puesto.
Pero la magistrada no es la única que se ha pronunciado al respecto. Hace unas semanas, el gobernador de Veracruz reprochó a los magistrados no haber aceptado la reducción de su salario, y declaró que “ya le tenían que parar”, argumentando que de acuerdo con la Ley de Austeridad no deberían ganar más que él y cuestionó si era justo que recibieran más de 400 mil pesos al mes.
La presión del gobernador sobre los magistrados no es correcta, pues los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura de la ONU establecen la obligación del Estado de asegurar la independencia de los juzgadores, así como la garantía de una remuneración adecuada.
Este episodio es preocupante, por donde sea que se observe. Sobre todo, ilustra algunos de los límites del diseño institucional de los poderes judiciales. Contar con contralorías designadas por el presidente, el Pleno del Consejo de la Judicatura o el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, y no por un actor externo al Poder Judicial, impide que se implementen de manera adecuada controles regulares sobre el ejercicio del presupuesto.
En este contexto, es difícil argumentar a favor de que los poderes judiciales obtengan mayores recursos, los cuales, sin embargo, muchas veces necesitan para mejorar la impartición de justicia. Por ello, como ya lo hemos comentado, es indispensable que las contralorías de los poderes judiciales pasen a ser nombradas por actores externos a estos poderes. Parece un detalle, pero la historia del Poder Judicial de Veracruz pudo ser distinta si hubiera contado con un contralor independiente.
Laurence Pantin (@lpantin) es coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, del cual Alejandra Quezada (@quezada_as) y Sandra Escamilla (@sandritaeceron) son investigadoras. Las autoras agradecen la revisión de Pablo García.
[1] Los juzgados que cerraron son: Acayucan, Álamo Temapache (microrregional), Coatepec
Coatzacoalcos, Córdoba, Cosamaloapan, Coyutla (microrregional), Isla (microrregional), Jalacingo, La Antigua (microrregional), Las Choapas (microrregional), Misantla, Naolinco (microrregional), Nogales (microrregional), Orizaba, Pánuco, Papantla, Perote (microrregional), Poza Rica, Pueblo Viejo (microrregional), San Andrés Tuxtla, Tezonapa (microrregional), Tuxpan, Uxpanapa (microrregional), Veracruz, Xalapa.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/13/estados/se-oponen-al-cierre-de-29-juzgados-en-veracruz/
