CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El viernes 21 de este mes de mayo nos trajo dos novedades; están relacionadas con el Poder Judicial de la Federación. Ambas tienen elementos comunes: soberbia e ignorancia. Eso es lo que va con la 4T. 

Una visita desafortunada

El sábado pasado, el 22 de mayo, en el diario Reforma aparecieron dos notas: la primera, en su parte relativa, dice :

“CABILDEA AMLO reformas con Ministros

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció ayer que se reunió con tres ministros de la Corte para cabildear y defender sus reformas en materia energética, contra las que se han interpuesto amparos y dictado suspensiones.

Tras justificar sus encuentros como ‘colaboración entre poderes’, el tabasqueño confirmó que en el grupo de juzgadores que acudieron el jueves a Palacio Nacional se encuentra, de nuevo, el presidente de la Corte y de la Judicatura Arturo Zaldívar.

Detalló que en el encuentro privado participaron dos de los tres ministros que ha propuesto en lo que va de su gestión: Yasmín Esquivel y Luis González Alcántara…

En su conferencia matutina, López Obrador sostuvo que en el diálogo con los juzgadores colocó sobre la mesa las reformas en materia de energía eléctrica e hidrocarburos.

Al hablar del tema, el Presidente acusó a ‘otros ministros’ de rechazar una ley para la seguridad de las líneas de transmisión….” (Pag. 4).

Al reunirse con los ministros de la Corte, en su oficina o domicilio, pues el Palacio Nacional sirve para los dos fines, AMLO actuó torpemente y aquellos en demérito de sus funciones. El proceder de todos llegó a los límites penales. Como están de por medio las leyes que más le interesan, siguiendo su costumbre,  no meditó en el alcance de sus actos. No tuvo asesoría jurídica o, si la tuvo, no la atendió. Los ministros que se reunieron con él, como juristas, sí sabían que estaban realizando actos indebidos.

Por virtud de lo dispuesto por la Ley, debido a la visita y de lo que hablaron, los tres visitantes se tendrán que abstener de actuar como ministros instructores, de opinar y votar cuando se conozcan las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad o, eventualmente, de los amparos que se presenten con relación a las leyes que fueron objeto de su plática.

Después de su visita al presidente, sería un violatorio de la Ley que los ministros no se excusen. Si no lo hacen podrán ser recusados. Los jueces deben ser imparciales y parecer imparciales. Su visita los hace parecer que no lo son o no lo serán. 

AMLO debe recordar que en 2005 le formulé y entregué una denuncia penal en contra de los ministros de la Corte que asistieron a una cena con Fox, en los Pinos; en la reunión éste les pidió no dieran trámite a la controversia constitucional que yo había elaborado en su defensa y que obraba en la Corte. Reitero ahora lo que le dije en ese año: eso es un delito.

Con la visita y entrevista se atentó contra el principio de división de poderes y el imperativo de que las relaciones que se deben dar entre los poderes son únicamente las autorizadas por la Constitución.

Estamos ante una violación grave que implica la posibilidad de un juicio político. Algunos suponíamos que infringir la ley, los atentados contra la independencia de los jueces y los principios que regulan la separación se poderes, eran propios de los gobiernos emanados de la revolución o de los conservadores; que los “morenos” eran ajenos a lo que todavía hoy, con cierto dejo de burla, se llama la Cuarta Transformación.

Como lo he referido en otra colaboración, como abogado de AMLO, en 2005 sufrí la parcialidad de algunos ministros de la Corte. Supe que el presidente de ella, Mariano Azuela Guitrón, que conocía de la controversia constitucional que promoví en defensa del actual presidente de la República, asesoró al presidente Vicente Fox Quezada en el desafuero y el procedimiento para llevar a AMLO a la cárcel (Rubén Aguilar V y Jorge G. Castañeda, La diferencia, Grijalbo, página 283).

Ahora, con su acción indebida, como mal jugador de dominó, AMLO ahorcó sus “mulas”, se quedó sin juego y, por ello, va a perder. Inhabilitó a tres ministros que necesitaba para defender su 4T. Como desde 1994 desaparecieron los ministros supernumerarios, no habrá de dónde echar mano para suplir a los impedidos.

Declaraciones del secretario de Marina

La segunda nota, que apareció en primera plana del diario Reforma del mismo día, en su parte relativa dice::

“LANZA MARINA ‘MISIL A JUECES’

Enfundado en su uniforme verde olivo, y ante el Presidente de la República, el Secretario de Marina Rafael Ojeda, lanzó un ‘misil’ contra el Poder Judicial.

Al referirse al aseguramiento de 700 kilos de fentanilo  en Guaymas, Sonora, Ojeda arremetió contra los jueces. Dijo que le daban pena cómo actuaban frente a los delincuentes.

‘Parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial’, sentenció.”

El secretario de Marina formuló otras críticas. Ese servidor público debía saber que en un estado civilista, los militares están para obedecer órdenes, no para criticar a los otros poderes. El presidente de la República, por esas declaraciones, debería cesarlo o, en el mejor de los casos, hacerle una amonestación pública.

Como el secretario de marina habló delante del presidente, se debe entender que lo hizo con su anuencia o a petición de él. Esto es muy grave.

Insisto, en un estado civilista, en el que se respetan las instituciones públicas y se observan las leyes, los militares están para recibir órdenes de quien es su superior jerárquico, en el caso del secretario de Marina, del presidente de la República. No les está permitido enderezar críticas a sus superiores, a los integrantes de los otros poderes ni formular juicio respecto de las sentencias o resoluciones de los tribunales y jueces.

En contra de las sentencias y resoluciones de los jueces existen recursos; una vez que éstos se agotan o aquellas quedan firmes, aunque a las partes o a los terceros no les parezcan correctas, se tienen que acatar u obedecer.

No da firmeza a estado de derecho ni respeto a los jueces o magistrados, el acusarlos, con o sin razón, por las sentencias o resoluciones que emiten. Si hay elementos de prueba, lo que procede es acusarlos ante las instancias competentes. Mientras ello no se haga, se deben cumplir sus determinaciones, no censurar a sus autores.

La función de los jueces es aplicar la Ley en sus términos; los que conocen de la materia penal están para actuar imparcialmente y vigilar que en los casos de que conocen el ministerio público y la policía respeten los derechos y garantía que tanto la Constitución Política, como las convenciones y tratados internacionales reconocen a los procesados.  A nadie se debe acusar o difamar por cumplir con la Ley.

El secretario de Marina debería saber que, independientemente de su deber de obediencia y de respeto a la división de poderes, mientras tanto no exista una suspensión de derechos humanos y de garantías, decretada en los términos del artículo 29 constitucional, no puede realizar funciones de policía, investigar delitos o de perseguir a los responsables de ellos, se lo prohíbe el artículo 129 constitucional: “En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar …”

La responsabilidad de investigar delitos y de perseguir a sus autores, corresponde al ministerio público y a la policía que depende de él (Art. 21). El secretario de Marina, como militar, no lo puede hacer.

Si los particulares, en ejercicio de nuestro derecho de libre expresión, no debemos censurar a los jueces, muchos menos lo pueden hacer los militares. El secretario de Marina debía ser informado que existe un artículo 9 constitucional que prohíbe a los soldados el deliberar.

Esperemos que los ataques de la 4T al Poder Judicial Federal y a los jueces, pierdan fuerza o efectividad por razón del resultado de las elecciones del 6 de junio. Mientras tanto, como dice el dicho: “Ay reata no te revientes, que es el último jalón.”