CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por virtud de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 20 de diciembre de 2019, se introdujo, a nivel nacional, la figura de la revocación del mandato. Ella ya aparecía, sin pena ni gloria, en algunas constituciones locales.

Ahora, en la modalidad de culto a la personalidad, se pretende organizar una revocación de mandato al gusto de quien ejerce el poder y que lo hace plenamente, aunque no sabia y previsoramente. La pregunta que circula más bien es de ratificación del mandato que de revocación. Eso no se vale.

La reforma a la Constitución General responde, por qué no, a lo que es característico de la Cuarta Transformación: verborrea y más verborrea. No se limitó a establecer la institución; fue más allá: entró en detalles que son propios de una ley reglamentaria. Por esa razón, salvo una que otra particularidad, que podía haber sido suplida por el Instituto Nacional Electoral, era susceptible de ser aplicada por sí, sin necesidad de una ley reglamentaria.

Los autores de la reforma, en forma por demás torpe, aunque en el artículo primero transitorio previeron que la reforma entraría en vigor el mismo día de su publicación, supeditaron su aplicación a la expedición de una ley reglamentaria; ellos, por su soberbia, cometieron dos torpeza más: una, suponer que su llegada al poder sería permanente y que siempre tendrían el control del Congreso de la Unión; la otra, establecer un plazo de ciento ochenta días, contados a partir de la publicación de la reforma constitucional, dentro del cual el mismo Congreso de la Unión debió haber expedido la ley reglamentaria. No lo hicieron.

La soberbia es mala consejera. AMLO y Morena partieron del supuesto de que en las elecciones federales de 2018 habían recibido un cheque en blanco o un bono vitalicio de confianza y aprobación. Nunca previeron que, en 2021, por un descuido, perderían el control de la Comisión Permanente y por el veredicto de la ciudadanía, la mayoría en la Cámara de Diputados. De ahí las prisas por que se apruebe la ley reglamentaria.

Los “morenos” gastaron su “pólvora en infiernitos”, durante los años de 2018 a 2021, cuando pudieron hacerlo, no presentaron y aprobaron la ley reglamentaria, que les permitiría tomar aire con vistas a ganar las elecciones locales de 2022 y, con ello, asegurar la victoria de la candidata de su partido a la presidencia de la república. Un voto de confianza a favor de AMLO, como el que ahora se pretende alcanzar con la pregunta que se proyecta someter a la consideración de la ciudadanía, hubiera dado un buen respiro a Morena y contribuido a ganar crédito dentro de los electores. No hubo tal.

Políticamente era esa ley y no las de fomento y protección del maíz nativo, infraestructura de la calidad, fomento a la confianza ciudadana, austeridad republicana y otras, la que era urgente expedir para retener el poder a mediano plazo. Morena y, en especial AMLO, no supieron establecer prioridades políticas y actuar en función de ellas. “Solitos se chamaquearon”. Bien dice el refrán: “El que es tonto ni de Dios goza”.

Si para septiembre la Ley reglamentaria no es aprobada, se puede tener la seguridad de que no lo será cuando menos en este año. Ello implicará que no habrá consulta respecto a la revocación del mandato el que entra.

Pobre de don Ricardo Monreal; él, “sin deberla ni tenerla”, va a tener que pagar los platos rotos por la imprevisión de AMLO. “No se la va a acabar”. Se le va a echar encima su jefe. El consuelo que le va a quedar es que, si llega a la candidatura, será en contra de la voluntad de AMLO, del que hasta ahora sólo ha recibido desprecios y malos modos.

Para el caso de que en lo que resta del mes de agosto el Congreso de la Unión estudiara y aprobara la Ley reglamentaria de la fracción IX del artículo 35 constitucional, no todo estaría despejado. Como abogado del Diablo, así con mayúscula, es decir como patrocinador de alguno de los partidos políticos o de algún ente político, yo plantearía ente las autoridades competentes la teoría o el punto de vista de que una vez que transcurrió el plazo de ciento ochenta días previsto en el artículo segundo transitorio, el Poder Legislativo perdió la facultad que tenía para hacerlo y que se requiere de la expedición de un nuevo artículo transitorio, en el que se le vuelva a conceder la facultad para hacerlo y para que pueda emitir la ley reglamentaria.

La opinión, aunque parece descabellada, no lo es. Alguna consecuencia jurídica debe tener la omisión de parte del Congreso de la Unión. El tema no se reduce a un problema de responsabilidad que, aunque la hay, no es exigible; sería un absurdo que los mismos legisladores se exigieran a sí mismos responsabilidad.

Lo que sí es válido argumentar es que la consecuencia jurídica de la omisión legislativa es la pérdida de la facultad de legislar sobre el particular. En esos casos, la inacción del Congreso de la Unión es atentatoria del principio de seguridad jurídica: el hecho de que habiéndose fijado por el Constituyente un plazo al legislador ordinario para emitir la ley reglamentaria, éste no lo haya hecho, lleva a tener que considerar la pérdida de la facultad. En eso supuesto se debe considerar que caducó la facultad que tenía para hacerlo.

Cuando el Constituyente fija un plazo, lo hace por seguridad jurídica y por cuanto a que considera que, dentro de él, las circunstancias son las idóneas para hacerlo. Transcurrido que sea el plazo, ya no tiene razón de ser la facultad conferida. Podemos afirmar que caduca.

Llegado el caso, un cuestionamiento de la ley reglamentaria que se emita, podría quedar en veremos si por la vía de amparo o la controversia se solicita la suspensión. Más ahora que los jueces de distrito están concediéndolas a la menor provocación. Para fortuna de los mexicanos las suspensiones están en oferta.