CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La reciente despenalización del aborto en Hidalgo es un claro ejemplo de cómo un derecho fundamental de las mujeres, que además es una medida de salud pública y justicia social, acaba siendo con frecuencia una moneda de cambio entre grupos políticos.

Desde finales de 2018, cuando entró en funciones la actual LXIV Legislatura del Congreso del estado de Hidalgo, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia, el diputado Víctor Osmind Guerrero Trejo (Morena), se interesó por conocer y analizar la situación en torno a la interrupción del embarazo en la entidad y buscó al Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). El objetivo del legislador era la elaboración de una iniciativa que propusiera la despenalización del aborto durante las primeras 12 semanas de la gestación, así como ampliar causales de exclusión de responsabilidad penal, reducir requisitos y eliminar limitaciones inconstitucionales para el acceso al aborto legal y seguro, aún vigentes en el Código Penal para el Estado de Hidalgo.

El proceso de discusión interna llevó a que en marzo de 2019 fuera presentada ante el pleno una iniciativa de reforma suscrita por los 17 diputados y diputadas de Morena, así como por una diputada del PRD y otra del PES. Sin embargo, el proyecto tenía deficiencias técnicas y legislativas, por lo que siete diputadas y diputados de Morena –que habían suscrito la iniciativa presentada en marzo– decidieron elaborar un nuevo proyecto. Esta segunda iniciativa incluía la mayoría de las sugerencias de GIRE, como unas adiciones a la Ley de Salud de la entidad para que los servicios de interrupción del embarazo fueran considerados servicios básicos de salud.

Así, en agosto de 2019, con dos iniciativas diferentes, pero que tenían el mismo objetivo de despenalizar, comenzó el proceso técnico de elaboración del proyecto de dictamen. Entre septiembre y noviembre de 2019 las comisiones unidas de Seguridad Ciudadana y Justicia y de Legislación y Puntos Constitucionales se reunieron en repetidas ocasiones para discutir y votar el proyecto de dictamen, elaborado en medio de un clima de crispación y ante la presión constante tanto de las feministas de la Marea Verde como de los grupos antiderechos y religiosos.

Lamentablemente, por diferentes motivos, las comisiones no discutieron formalmente el proyecto de dictamen, y en diciembre de 2019 el dictamen (ya aprobado por las comisiones unidas) no fue aprobado en el pleno del Congreso de Hidalgo.

El análisis de GIRE acerca de lo ocurrido plantea que el proyecto quedó en medio de una disputa política entre fracciones del grupo parlamentario de Morena. Los morenistas contaban con una mayoría absoluta de legisladores, y si no se hubieran dividido habrían podido aprobar el dictamen, junto con las tres diputadas que se habían pronunciado a favor: dos del PRI y una del PRD. Según GIRE, no fue una controversia o diferencia de opiniones en torno a la posible despenalización del aborto en la entidad lo que enfrentó a las y los legisladores, sino rencillas políticas internas.

Luego de distintos debates internos, el 30 de junio, en la sesión ordinaria del pleno del Congreso de Hidalgo, las diputadas y los diputados de Morena se unieron y aprobaron por mayoría absoluta de 16 votos la propuesta de reforma que ya había sido avalada por las comisiones unidas en noviembre de 2019, justo la misma que GIRE acompañó y asesoró. Pero en esta ocasión las dos diputadas del PRI y la del PRD cambiaron su voto, y lo hicieron en contra. No me sorprende que el PAN haya votado en contra, pero sí el voto de estas tres diputadas. Este giro muestra la manera en que muchas veces les diputades votan en contradicción con sus propias posiciones a partir de ciertos conflictos internos o intereses políticos.

Así, es posible ver que en 2019 les diputades morenistas dividieron su voto (los morenitas “puros” contra el Grupo Universidad), mientras que dos diputadas priistas y una perredista votaron a favor de lo que hoy hacen en contra. Da la impresión de que en la reciente votación, su voto en contra del aborto realmente fue en contra de Morena.

Ahora sólo falta que, también como una forma de oponerse a Morena, Omar Fayad, el gobernador priista de Hidalgo, recurriera a vetar esta reforma. Cuando se trabajó en el proyecto de ley en 2019, instancias importantes de su gobierno, como la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Salud, apoyaron claramente esta medida como un asunto de justicia y de salud pública. En la disputa sobre el aborto, el PRI ha tenido figuras progresistas, como María Elena Chapa, Dulce María Sauri, Lucero Saldaña, Rocío García Olmedo, que han luchado por la despenalización. Ojalá que el gobernador Fayad tenga claro que las personas embarazadas que necesitan abortar lo harán, poniendo en riesgo su salud y sus vidas, aunque esté penalizado. Despenalizarlo sirve para que todas puedan abortar sin riesgos, y no sólo aquellas que tienen recursos y pagan altas sumas en clínicas privadas. El acceso legal a un aborto es un asunto de justicia social y los políticos progresistas, de distintos partidos, han apoyado su despenalización, como hizo el PRI en 2007 en la Ciudad de México.