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CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En una de sus múltiples ocurrencias, López Obrador hará que el 1 de agosto de este año se lleve a cabo una consulta popular para –según él y muchos que le han comprado el argumento– saber si esa abstracción llamada “pueblo” está de acuerdo en que se juzgue a los expresidentes.

Aunque el texto de la consulta dice otra cosa (“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”), su espíritu apunta a algo con lo que López Obrador se comprometió y no ha dejado de traicionar: una agenda profunda de justicia transicional.

En este sentido la pregunta, como señaló Jacobo Dayán (“Respondiendo a la pregunta del presidente”, Animal Político 1/06/2021), debería obligar a Andrés Manuel a cumplir sus compromisos públicos con las víctimas y crear una gran Comisión de la Verdad y un Mecanismo Extraordinario de Justicia acompañados por la comunidad internacional.

Desde hace mucho el Estado mexicano y sus partidos –lo sabe perfectamente López Obrador– están gravemente capturados por el crimen organizado y, por lo mismo, incapacitados para iluminar la verdad y hacer la justicia que clama el país. Lo dijeron claramente las urnas llenas de sangre del pasado 6 de junio. Lo dicen las masacres, desapariciones, secuestros, extorsiones y fosas que sexenio tras sexenio aumentan. Lo gritan el 35% del territorio nacional ocupado por grupos criminales, los casi absolutos niveles de impunidad y el ascenso a algunas gobernaturas, como la de San Luis Potosí, de gente claramente vinculada e identificada con esos grupos. Lo señalan la ausencia de registros confiables en relación con los desaparecidos, la falta de una base de datos nacional que contenga toda la información necesaria para su búsqueda, la incapacidad forense para enfrentar la dimensión del horror, la negativa de la Fiscalía General de la República a colaborar con la Comisión Nacional de Búsqueda y a entregar, como se le ha pedido mil veces, el censo de las fosas clandestinas y de cuerpos en espera de ser identificados. Lo reiteran el desmantelamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que permanece acéfala desde hace meses y el caos que la eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral ha generado en el sistema de reparación.

La experiencia internacional –señala Dayán, quien no sólo fue, junto conmigo y Sergio Aguayo, testigo directo de los compromisos públicos de Andrés Manuel con la justicia transicional, sino que, al lado de la actual Secretaría de Gobernación, se encargó de reunir las mesas de trabajo para crear los documentos que la hicieran posible– muestra que para acabar con la impunidad y descapturar al Estado de las células criminales que lo tienen sometido se requieren investigaciones independientes que aborden no casos –como pretende hacerlo AMLO al interpretar la pregunta de la consulta como un juicio a los expresidentes–, sino fenómenos en los que evidentemente están involucrados expresidentes, pero también gobernadores, presidentes municipales, policías y Fuerzas Armadas de las anteriores y de estas administraciones.

Si tomáramos en serio el espíritu de la pregunta de la consulta en relación con los compromisos públicos hechos por Andrés Manuel con las víctimas; si la prensa, en lugar de discutir la pertinencia de la consulta, la orientara hacia allá, podría ejercerse una presión para que la agenda de la justicia transicional se volviera prioritaria y empezara a construirse una verdadera política pública encaminada a descapturar al Estado, revertir la impunidad y hacer descender los índices de violencia.

La justicia transicional no es fácil ni sus resultados inmediatos. Está hecha de largos y profundos procesos que cuestan vidas, pero que tienen una dirección clara, un sentido de dignidad política, social y humana, y, según los países en los que se ha aplicado, un alto grado de efectividad.

De no orientar la pregunta de la consulta del 1 de agosto hacia allá y obligar con ello a Andrés Manuel a recuperar la memoria y  retomar la propuesta ciudadana que pactó con las víctimas y que decidió abandonar sin explicación alguna, pero sí con insultos y descalificaciones cuando fuimos con esos documentos en la mano hasta Palacio Nacional en busca de esa explicación, la consulta no sólo será un show más en el circo mediático en el que Andrés Manuel suele manchar su investidura. Nosotros mismos seremos parte de él y habremos perdido una gran oportunidad de salvar al país de la impunidad, la corrupción y la violencia que impone la lógica criminal.

No es el erratismo político de López Obrador el que debe marcar la agenda nacional. Somos nosotros quienes debemos recordarle y hacer valer los compromisos que durante su campaña asumió con la nación. Más allá de la idiotez que la produjo, la consulta del 1 de agosto es de esa índole, siempre y cuando seamos capaces de entender y orientar lo que en ella se juega en el orden de la verdad, la justicia y la paz.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los LeBarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México.