CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La cita con las urnas del pasado 6 de junio, si bien para el asediado y hostigado sistema electoral mexicano arroja un saldo no sólo positivo, sino saludable en términos de eficiencia para la mayoría de sus instituciones (además del ahorcamiento presupuestal), tiene un signo ominoso y de grave preocupación: la coexistencia con la violencia del crimen organizado, del narcotráfico y de la delincuencia común. Otro elemento adicional en el escenario es la violencia delincuencial que vota o intimida, distorsionando la participación política y que, cuando menos desde las pasadas elecciones intermedias (2015), ha adquirido carta de naturalización en nuestro contexto de “convivencia” democrática.

Felicidad presidencial y “Pax Narca”

Las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador –quien enrareció y entorpeció ilegalmente la contienda electoral del país con todos los recursos del poder a su alcance– sobre su satisfacción general con los resultados electorales no son una anécdota de sus conferencias mañaneras, sino una verdadera confesión que debe tener consecuencias jurídicas en un estado de derecho: reconocer desde la alta investidura de gobierno un “buen” comportamiento delincuencial (con base en simplificaciones numéricas de homicidios) confirma un pacto no escrito con organizaciones criminales en el que las fuerzas de seguridad, militares y civiles, son copartícipes o cómplices al renunciar a sus obligaciones constitucionales.

La novedad de este esquema, a diferencia de la Pax Narca del pasado, es que no era posible deducir un pacto general, sino acuerdos regionales y/o estatales entre diversos actores (federales, estatales y municipales) y de distinta naturaleza (civil y/o militar), según fuese el grado de influencia en las acciones o misiones de contención o represión definida en la estrategia de seguridad, tanto en el nivel nacional como en las jurisdicciones locales. Esta dispersión y diversidad de autoridades y alcances operativos hacía difícil establecer en forma directa el contorno exacto de los arreglos de la narcopolítica mexicana. Sólo se deducían a partir de datos relativos sobre los “ataques” o acciones punitivas que se enfocaban hacia ciertas organizaciones o grupos. Las hipótesis en este sentido no se explicaban por completo con base en datos insuficientes de detenciones de figuras intermedias o de algunos capos de cárteles, y tampoco por las omisiones de los supuestos criminales favorecidos por el poder.

Seguridad e “Inteligencia”, la caja negra de la 4T

Uno de los graves retrocesos en los cambios institucionales en la seguridad nacional del país fue la degradación administrativo-política del Cisen (Centro de Información y Seguridad Nacional), en hacerlo apéndice militar-policial (junto con la naciente Guardia Nacional) como CNI (Centro Nacional de Inteligencia), adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Anteriormente, con la irrupción e influencia creciente de la narcopolítica (reconocida oficialmente en la segunda mitad de la década anterior), el Cisen reforzó una práctica de involucramiento de carácter preventivo en los procesos electorales tanto en el ámbito federal como en las elecciones locales. Fungía como articulador de estrategias de grupos de coordinación (federal y estatales, según fuese el caso) interinstitucional tanto con organismos civiles y militares de seguridad, administración de justicia y electorales (incluyendo los jurisdiccionales), con el objetivo de establecer actividades conjuntas y específicas para asegurar la celebración de comicios (la denominación cuyo origen data desde finales de los años noventa apuntaba hacia la coordinación federal propiamente dicha y el nombre de cada entidad –p.ej., “grupo Oaxaca”– y que desde 2012 simplemente fueron conocidos como grupos de “coordinación local en materia de seguridad”). Con el gobierno de la 4T se deforma y modifica el enfoque y tratamiento de esta estrategia desde la creación del CNI (que no mereció reformulación normativa y sigue regulándose con un marco legal que no le corresponde en términos estratégicos y de seguridad nacional). Si bien antes de 2018 el esquema se manejaba en los límites regulatorios de las instituciones y organismos involucrados, pero con un manejo tal que permitiese que las definiciones y decisiones técnico-administrativas no se burocratizaran, en el presente proceso se convirtió en una caja negra donde los militares (Sedena-Marina y Guardia Nacional) actuaron con secrecía y sin tomar en cuenta las dinámicas y visiones de las instituciones civiles involucradas. Se ha optado por un esquema compartimentalizado en el que sólo las estructuras de seguridad militar (Sedena-CNI, fiscalías y policías locales prácticamente no figuran) establecen demandas de información a instituciones civiles mediante un interlocutor designado. Las autoridades políticas de orden interno a nivel federal y local se han reducido a simples intermediarios o mandaderos de los militares.

El desempeño institucional de la nueva realidad de seguridad se expresó en la violencia política durante el proceso electoral: casi un millar de agresiones contra actores políticos, dos terceras parte de las víctimas en los estados eran opositores a los gobiernos locales (ver Sexto Informe de Violencia Política en México, Etellekt, 5 de junio 2021). Esto es producto de una compleja decisión centralizada a partir de una visión presidencial simplificadora que oscila entre la manifiesta (y confesa) incapacidad de garantizar la seguridad de todos los participantes en el proceso electoral –en especial los candidatos, pero se debe considerar tanto aspirantes y equipos de apoyo o de campaña– (Raymundo Riva Palacio, “Imposible evitar crímenes”, Estrictamente Personal, El Financiero, 18 de mayo) y la indolencia deliberada de las estructuras de seguridad que, a menos que haya un interés especial para actuar previniendo o conteniendo, adoptan una postura de dejar hacer y dejar pasar ante actos violentos y agresiones. Esto último fue evidente en aquellos casos donde eran visibles las pugnas internas de partidos (como Morena) ante la imposición de candidaturas. El avance del partido en el poder en gobiernos y congresos estatales quizá explique la satisfacción presidencial que debe analizarse a la luz de la interfase de la violencia y las actividades de los grupos criminales. El estudio casuístico que se impone debe considerar esta violencia junto con la que deriva de la delincuencia ordinaria y aquélla de rivalidades políticas (que pueden estar coludidas con el crimen organizado).

Seguridad escenográfica

En la víspera de la jornada electoral el gobierno anunciaba el despliegue operativo de 100 mil elementos de la Guardia Nacional en el país y que, con el resto de fuerzas de seguridad militar y civiles en los estados, se garantizaría el orden de los comicios. Los incidentes violentos de la jornada, si bien descritos en forma aislada y en términos cuantitativos se tienden a minimizar refiriendo como elemento de contraste la inusual participación electoral, están lejos de poder arrojar un saldo blanco. Un país estable y democrático pleno simplemente no tiene incidentes violentos.

No es el caso mexicano y debe llamarse la atención ante las omisiones o el desdén hacia esta realidad: se está considerando “normal” un contexto de violencia (cualquiera que sea su origen) como parte de nuestro entramado institucional en los comicios cuando, en realidad, la sintomatología apunta a una vulnerabilidad democrática propiamente dicha con efectos deslegitimadores en el mediano y largo plazos. Peor aún, de confirmarse la hipótesis de un arreglo implícito de gobernanza criminal (de la que ahora ya se habla en algunos círculos académicos), los hilos que soportan la estabilidad gubernamental son más que frágiles y pueden envolver al país en una conflictividad incontrolable azuzada por las diatribas e intolerancias presidenciales. El contexto violento del proceso electoral que está por concluir es, en realidad, un llamado de atención para reformular los términos de la gobernabilidad democrática del país con miras a las elecciones de 2024. No se sabe a ciencia cierta si “los que pertenecen a la delincuencia organizada” (que al parecer es la única que le importa al presidente) se seguirán “portando bien… en lo general”. Y la pregunta lógica es si el comportamiento es respecto de su gobierno y su persona.

Colofón

El teniente García, de la Guardia Nacional, bufó en contra del civil que estaba a su lado en la mesa por el cuestionamiento al funcionario (también civil) por incumplir el límite de un funcionario por institución participante en la coordinación para el seguimiento de incidentes de la jornada. Un subalterno lo acompañaba. Su “solución” fue el cambio de uniforme con las mismas insignias de la GN (el dúo iba con uniforme de campaña) y la palabra “proximidad”.

Los soldados de la GN no asumen la función policial de seguridad pública y les ofende identificarse con la figura de “policía”. El subalterno nunca se fue. Desprecian el orden civil y a los civiles.

Ensayo publicado el 13 de junio en la edición 2328 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.