Elecciones 2021
... Ahora, a gobernar con la sombra del narco
La presencia del narcotráfico en vastas regiones del país es tal que las nuevas autoridades estatales y municipales que surjan de las votaciones de este domingo 6 no podrán soslayar un hecho: la gobernabilidad en sus respectivos territorios transita por la criba del crimen organizado.
Los analistas coinciden: los cárteles del narcotráfico participaron activamente en los actuales comicios para imponer o vetar candidatos a cargos estatales y municipales. Así, en vastas regiones del país las votaciones de este domingo 6 implican no sólo la reagrupación de fuerzas políticas, sino también criminales. En otros casos, las nuevas autoridades locales tendrán que lidiar –junto con la falta de recursos para ofrecer servicios, construir infraestructura o combatir la pobreza–, con los chantajes, los intentos de cooptación y la violencia abierta del crimen organizado.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La presencia de los cárteles del narcotráfico en vastas regiones del país es tal que las nuevas autoridades estatales y municipales que surjan de las votaciones de este domingo 6 no podrán soslayar un hecho: la gobernabilidad en sus respectivos territorios transita por la criba del crimen organizado.
Así lo advierten analistas consultados por Proceso, algunos de los cuales van más allá: no sólo ven a estas organizaciones como un factor de poder, sino que consideran que algunas entidades –como Jalisco– son ya “narcoestados”.
Las cifras de los políticos asesinados son indicativas: 89, de los cuales 35 eran precandidatos o candidatos. De estos últimos, 30 aspiraban a algún cargo municipal, el primer eslabón donde el crimen organizado busca influir imponiendo directores de la policía, de obras e infraestructura y de “alcoholes” (los que emiten registros para giros negros y casinos).
Los analistas consultados coinciden en que el tema de seguridad y la presencia del crimen organizado en los 15 estados donde se renovaron las gubernaturas y 20 mil cargos locales –entre síndicos, presidentes municipales, regidores y diputados locales–, será el primer desafío.
Los casos más impactantes de candidatos asesinados –pues se grabaron en el momento en que se cometía el crimen o cuando estaban cubiertos de sangre sobre el asfalto– fueron los de Alma Barragán, de Movimiento Ciudadano (MC) para la presidencia municipal de Moroleón, Guanajuato, zona controlada por el Cártel Jalisco Nueva Generación; y el asesinato de Abel Murrieta, aspirante del mismo partido al gobierno de Cajeme, Sonora, área controlada por Los Salazar, brazo armado del Cártel de Sinaloa y de la rama lidereada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.
El partido con más políticos muertos fue Morena con 11, seguido por PAN con seis, PRI con cinco, MC con cuatro, PRD con tres, PVEM con dos y Fuerza por México y Redes Sociales Progresista, con uno cada uno, más otro independiente.
Los estados con mayor número de candidatos asesinados fueron: Veracruz, ocho; Oaxaca, cuatro; Jalisco, Michoacán y Guanajuato, tres cada uno; Guerrero, Morelos y Quintana Roo, dos cada uno; mientras que Chiapas, Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, San Luis Potosí y Chihuahua registraron cada uno un deceso.
La lucha entre los cárteles por el control de plazas y el intento de cooptación por parte del crimen organizado serán dos retos que enfrentarán las nuevas autoridades locales. No es casualidad que los 30 asesinatos se centraron en cargos del primer nivel de gobierno: el municipio.
En un recuento y análisis elaborado por los corresponsales de Proceso sobre la presencia de grupos criminales en los 15 estados donde se renovaron gubernaturas y ayuntamientos, los cárteles de mayor presencia son: Jalisco Nueva Generación (CJNG), Santa Rosa de Lima (SRL), Los Zetas y Cártel de Sinaloa; con menor influencia: el Cartel del Golfo (CDG). Además de varios grupos con presencia local como Los Rojos en Morelos y Guerrero; o el grupo Sombra, una escisión del CDG en Veracruz; o el grupo del Bukanans, exjefe de la policía de Maltrata, Veracruz, quien se asentó en Puebla, en la llamada zona del Triángulo Rojo, lugar de intenso robo de combustible.
Esos grupos están registrados en reportes de agencias gubernamentales nacionales e internacionales; entre ellas, la DEA de Estados Unidos, la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León y la entidad privada de análisis Crisis Group. También en reportes de inteligencia del Ejército, de la Marina y del gobierno federal, entre éstos, la Evaluación Nacional de Riesgos y la Estrategia de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, que las autoridades federales presentaron en septiembre pasado.
