CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las elecciones 2021 han sido unas de las más desconcertantes e inéditas en la historia reciente de los procesos electorales. La confrontación pública entre la 4T y el INE no tiene precedente. No existen antecedentes de que un presidente de la República descalifique de la manera en que AMLO lo hace con el INE y en especial con los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. El encono es recíproco. Éstos lo han tachado de manera provocadora como populista, han bajado a sus candidatos, lo han apercibido públicamente por intervenir indebidamente en el proceso electoral y hasta han lanzado amagos de arresto domiciliario por desacato. Ahora le imputan la posibilidad de una nulidad generalizada de los comicios.

En efecto, sería un retroceso consentir que la Presidencia de la República se erija como garante de las elecciones, pero tampoco es admisible que el INE se convierta en un contrapeso político. No es su función. Si bien cada proceso electoral es diferente, esta elección intermedia 2021 no guarda precedente.

La elección en tiempos de la pandemia covid-19 la hace ya diferente. Ningún proceso electoral se había desarrollado bajo la amenaza sanitaria y diversos organismos electorales en todo el país han resentido la pandemia. El coronavirus ha cobrado la vida de cuatro presidentes de Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y más de 100 servidores electorales. La capacitación a funcionarios de casilla se ha complicado, así como el reclutamiento de capacitadores y monitoristas.

Un segundo factor a tomar en cuenta es la atmósfera de extrema polarización política. Si bien en cada proceso se crispan los ánimos políticos, en particular el actual está marcado por el encono y la obcecación extrema. Las descalificaciones prevalecen a las propuestas, el escarnio a las ofertas políticas y los agravios a los ofrecimientos. Las campañas y spots se cimentan en los desaciertos del rival.

Es un lugar común criticar la falta de propuestas sólidas en la oferta política. Sin embargo, no deja de sorprender que muy pocos partidos y candidatos aborden cómo salir de la crisis sanitaria del covid-19 que ha azotado a México y, sobre todo, cómo afrontar sus consecuencias más lastimosas, como la crisis económica. Pareciera que las campañas se sustentan en la animadversión que no conoce veda. Con ánimo de revancha, nunca son tan peligrosos los políticos como cuando se vengan de los crímenes que ellos mismos han cometido.

Por otra parte, hay que advertir que los niveles de violencia se han incrementado respecto a otros comicios. Integralia reporta 170 atentados de violencia política, entre septiembre y finales de abril, con un saldo de 210 víctimas asesinadas de actores políticos vinculados con el proceso. Preocupa que 32 candidatos sean asesinados por el crimen organizado, que impone condiciones sobre sus territorios. Mal para el ciudadano común, aturdido por los rencores, malquerencias públicas y violencia artera contra candidatos que registran los medios. Sin duda, puede ser un factor que inhiba la participación.

Hay que reconocer que la 4T ha desilusionado a muchos de sus votantes. Desencanto de feministas, ambientalistas y de organizaciones de la sociedad civil. La retórica recurrente y obsesiva de AMLO inquieta y la militarización del país preocupa. Del otro lado, una oposición política desangelada, sin liderazgos, más bien anclada en el pasado. Y, paradójicamente, la oposición más plantada se ha alojado en una sociedad civil aristócrata cuyo emblema es Claudio X. González.

Otro rasgo extraordinario, como enunciamos al principio, es el choque de trenes entre el INE y la 4T. La confrontación es delicada pues desorienta al electorado, la opinión pública se polariza y la democracia se empobrece. Mientras unos colocan a Lorenzo Córdova como fortaleza de una democracia imperfecta, sus malquerientes piden su cabeza.

El presidente de la República ha anunciado una futura reforma electoral que vaticina la liquidación de la actual estructura. Incluso AMLO anticipa la incorporación del Instituto al Poder Judicial, como pasa en muchos países democráticos de Occidente. El presidente se queja de que el órgano electoral es el más caro del mundo y a partir de 2006 ha perdido certidumbre. En efecto, el principal insumo de los organismos electorales es la confianza y sus decisiones deben generar certeza entre los partidos políticos y en el electorado.

El desempeño de los consejeros y la estructura electoral deben ser discretos y profesionales para generar convencimiento de que existen condiciones equitativas y que los triunfos se deciden por la voluntad del voto popular. La memoria es corta, pero antes de 2018 el INE gozaba de un muy bajo nivel de aceptación. Su complacencia ante los embrollos de Coahuila y sobre todo ante el fraude en el Estado de México mellaron aún más su frágil credibilidad.

Hay muchas interrogantes sobre lo que la futura reforma debe abordar, por ejemplo, sostener dos estructuras electorales: una federal y otra local en cada entidad. La reforma electoral de 2014 arrebató a los llamados OPLES 60% de sus atribuciones. ¿Cabe tener dos estructuras electorales paralelas?

Las modificaciones deberían apuntar a simplificar el complejo andamiaje electoral, desconcentrar las excesivas atribuciones y adelgazar la obesa estructura burocrático electoral. Simplificar la barroca legislación electoral que ha dado pie a un pequeño ejército de abogados electorales que se sienten no sólo una nueva casta electoral, sino poseedores de las verdades ocultas y de los bizantinos procedimientos electorales. Repensar el rol del Consejo y de los consejeros. Desde cómo los designan hasta los millonarios montos que reciben.

El IFE, hoy INE, nace en la década de los noventa. Surge de la necesidad de arrebatar el monopolio del manejo electoral al gobierno priista autoritario y gandalla de la época. Se trasparentó el proceso, se ciudadanizó su estructura y se dio certeza a los votantes. Pero los tiempos han cambiado, es momento de hacer un corte de caja profundo y establecer un nuevo orden electoral. El calado de la reforma dependerá de cómo quede la correlación política procedente del 6 de junio de 2021. Más que venganzas y ajuste de cuentas, la futura reforma electoral deberá ser el reflejo del posicionamiento del voto y de un amplio consenso de los principales actores políticos del país.