CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A raíz de sus declaraciones sobre Félix Salgado Macedonio, el pasado jueves 18, el presidente de la República colocó en el debate no sólo el tema del perfil de candidatos que son postulados, pese las acusaciones en su contra por violar los derechos de las mujeres, sino el uso de dicha tribuna como espacio para reproducir la violencia, dadas las posturas que mostró el Ejecutivo frente al tema.

Para quienes no hayan tenido la oportunidad de escuchar dicha conferencia, donde usó la frase “ya chole”, se las resumo: una reportera le pregunta a Andrés Manuel López Obrador qué diría a las mujeres que hicieron la campaña “Rompa el Pacto Patriarcal”, para que no se proteja a Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena al gobierno de Guerrero, señalado por ejercer violencia sexual contra algunas mujeres.

El presidente respondió a grandes rasgos que respeta a las mujeres, pero el tema corresponde al pueblo de Guerrero y a las autoridades competentes. Sugirió que los señalamientos pueden venir de rivales electorales de Salgado Macedonio y que una encuesta ayudaría a aclarar por qué tanta campaña y linchamiento mediático.

Las cosas –dijo-- debían llamarse por su nombre sin simulación y preguntarnos “de parte de quién, para qué todo esto, qué hay detrás (de esto), independientemente de que se trata de una demanda legítima y un asunto delicado”. Después habló de los fifís que se creen dueños de la verdad y son los que forman la opinión pública, y cerró: “entonces ya. Ya chole.”

Candidatos de perfil misógino, así como el uso del micrófono para denostar a las mujeres, no es un tema nuevo ni exclusivo de esta administración. El discurso patriarcal y machista desde el micrófono privilegiado, utilizado por los representantes de altos cargos en nuestro país, ha sido una constante. Difícil no acordarse, por ejemplo, cuando Patricio Martínez, exgobernador de Chihuahua, culpaba a las mujeres víctimas de feminicidio de su propia muerte, porque usaban minifalda o salían a horas inadecuadas.

Tampoco es nuevo que los partidos elijan a personas que han sido acusadas de violar los derechos humanos de las mujeres. Por allá de 2006, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) propuso como candidato a senador de Chihuahua a Víctor Emilio Anchondo, en los tiempos que por cierto Andrés Manuel era candidato a la Presidencia por el PRD en la llamada “Alianza por el bien de todos”, y después el PRI propuso a Patricio Martínez como candidato a senador.

Para quien no recuerde a estos personajes, ambos eran señalados por grupos de víctimas, ONG y la CNDH por violaciones a derechos humanos en casos de feminicidio, cuando fueron respectivamente gobernador y secretario de Gobierno en el tiempo en que se localizaron ocho restos humanos en el Campo Algodonero de Ciudad Juárez, con una investigación absolutamente pervertida y las madres obligadas a recibir los restos, sin la certeza de que pertenecieran a sus hijas. Entonces se detuvo y torturó a dos “chivos expiatorios” que después fueron puestos en libertad por falta de pruebas. En este caso, a pesar de que integrantes del PRD, organizaciones y víctimas se opusieron a tales candidaturas, los “señores del poder” ignoraron estas voces. Valía más el candidato.

Existe una decisión desde los partidos políticos de privilegiar acuerdos y votos, a pesar del perfil del candidato. Para los partidos no existe limitación ética alguna si lo que buscan es el poder. El presidente sugirió que es derecho del pueblo guerrerense tener un candidato como Félix Salgado Macedonio.

Habría que preguntarle ¿a qué pueblo se refiere? Siendo Guerrero un estado con un altísimo nivel de violencia y que, según lo reportado en los informes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, “cuenta con una Alerta de Violencia de Género decretada desde el 22 de junio de 2017 en sus ocho municipios y otra decretada el pasado 5 de junio por agravio comparado ante el incumplimiento del estado en la protección de la vida, integridad y seguridad de las mujeres”. Volvemos a preguntar: ¿a qué pueblo se refiere el presidente? ¿El pueblo de las mujeres violentadas o el pueblo de los agresores impunes?

Definitivamente en algo tiene razón el presidente: la democracia es un valor. En este sentido, la democracia debería ser realmente ejercida para que los candidatos de los partidos no nazcan desde el dedazo y la cúpula partidista de poder, sino mediante elecciones democráticas organizadas por el Instituto Nacional Electoral. Los partidos deben repensar sus mecanismos de elección al interior y los perfiles de sus candidatos. En este momento esto no es una obligación que derive de ninguna ley, sino de una obligación ética, de un deber mínimo de congruencia y responsabilidad frente a miles de mujeres víctimas de violencia en México.

Violencia además impune, que hace que candidatos que puedan ser responsable, se beneficien de la inoperancia y corrupción de las fiscalías. Ahí, en este tema en concreto, tienen todos los partidos una deuda con todas las mujeres.

Por otra parte, el discurso misógino del presidente defendiendo a su candidato se suma a un patrón de una narrativa patriarcal construida por muchas administraciones del pasado, y aquí caben varias preguntas: ¿Qué hacemos con este tipo de discursos que claramente son un atentado en contra de los derechos de las mujeres? ¿Es válido que quienes tienen un micrófono privilegiado a partir de su cargo público o usando medios públicos lancen mensajes que en el fondo son mensajes de violencia contra las mujeres, y que más allá del reproche público de unas y unos cuantos, no pase nada o los agresores sean incluso premiados? ¿Existe o debiera existir algún mecanicismo para frenar estos discursos y para sancionar mensajes que violan derechos humanos de las mujeres? ¿A quién le toca decirle al presidente que esto no es válido? ¿A qué autoridad le toca investigar, prevenir y sancionar la violencia que se ejerce desde el micrófono de un servidor público?

Tantos años, tantas leyes, tantos protocolos en materia de violencia de género no pueden quedar como inservibles para sancionar los discursos violadores de los derechos humanos de las mujeres, cuando vienen de servidores públicos. ¿Dónde está la Conavim, el Inmujeres y la CNDH? ¿Piensan acaso como el fiscal general de la República?: si no tengo denuncia y pruebas, no puedo actuar.  

“¿Por qué todo esto?”, cuestionaba el presidente. Porque estamos hartas, porque no soportamos un segundo más ningún tipo de violencia, incluso aquella que usted ejerce con su discurso que niega, que denosta y que se burla con un “ya chole”.

“¿Y de parte de quién?”, cuestionaba AMLO: de parte de las mujeres que usted no quiere escuchar o han sido silenciadas en su cargo público, de parte de los miles de mujeres a las que se les debe justicia en este país, de las que no lograron salvarse de la violencia feminicida, de las que tal vez hicieron una llamada al 911, pero nunca hubo una respuesta efectiva que las pudiera rescatar. De parte de miles de madres que viven violencia institucional cuando buscan justicia; de aquellas que se levantan temprano todas las mañanas, incluso ahora durante la pandemia, como las Madres Unidas por Nuestros Hijos, las Sabuesos Guerreras o Las Rastreadoras, para ir a buscar entre los montes y cañadas, rastros de sus hijos e hijas desaparecidos, y aquellas de otros colectivos de Veracruz, Coahuila y otros estados de la República, que no cesan su búsqueda desde todas las formas posibles. De parte de las que no quiere ver, y de las que a leguas se ve que le molesta hablar, porque interrumpen su plan electoral, sus intereses y los de su partido.

“¿Qué hay detrás?”: millones de mujeres señor presidente, muchas de esas usted las vio marchar el 8 de marzo del año pasado y muchas otras que cada vez toman más conciencia de que para derribar el patriarcado y para quitar el micrófono al machismo hay que derribar el discurso de odio, de indiferencia y el discurso opresor. Y eso pasa por tener mayor conciencia cuando ejercemos nuestro voto. Nosotras, el pueblo, nosotras, las mujeres. A las que usted no ve ni escucha.

*Directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho