CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Morena y la 4T consideraron que de todos los candidatos que aspiraron a gobernar el estado de Guerrero, quien representa sus valores y principios es Félix Salgado Macedonio, actualmente senador con licencia. Sus méritos: fue quien más grito y amenazó. Dejó en el camino, entre otros y por ahora, a Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, que era el puntero entre los que aspiraban al cargo.

Mal andan las cosas en Morena y en la 4T cuando un presunto violador merece el calificativo de ser el mejor; y, de ganar la elección, que asuma la responsabilidad de gobernar una de las entidades con el mayor número de rezagos y problemas.

A querer o no, debemos reconocer que, contrariamente a lo que todos suponíamos, sí hay lugares más bajos y pestilentes que aquellos en que habíamos caído con los gobiernos priistas.

Todo anda mal. El Ministerio Público, que se entiende que es un órgano autónomo, con el fin de quedar bien con quien él considera como próximo gobernador del estado, más que buscar elementos para cumplir con su deber de investigar delitos y de perseguir a sus autores, se ha convertido en defensor del presunto violador. Lo ha hecho de dos maneras: una, al no llamar al acusado a declarar, como es su obligación; y la otra, al declarar prescrita una de las acciones penales. Sólo falta que entregue a Salgado Macedonio, en un marco dorado, con una amplia disculpa por la tardanza, el documento por virtud del cual se le exculpa de toda responsabilidad, pasada, presente y futura.

El Ministerio Público ha declarado, en violación de la ley, que uno de los delitos de violación por el que se acusa a Salgado Macedonio ya prescribió. Al hacerlo, además de actuar en forma indebida, procedió de manera precipitada. Paso a explicarme:

El artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su parte relativa, dispone: “Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeñe algunos de los encargos a que hace referencia el artículo 111”.

Los cargos de senador y otros que Salgado Macedonio ha desempeñado de 2000 a 2021 son algunos de los mencionados en ese precepto.

El principio es reiterado por la Constitución Política del Estado de Guerrero en su artículo 196, apartado 9: “La responsabilidad penal será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en el Código Penal del Estado de Guerrero. Los plazos de prescripción se interrumpen mientras el servidor público se encuentre en el ejercicio de su encargo”.

El artículo 195, fracción VIII, inciso V de la Constitución Política del estado de Guerrero, dispone que los presidentes municipales, durante el ejercicio de sus cargos, gozan de inmunidad.

Ese es el marco constitucional, tanto general como local. Veamos el marco secundario:

El artículo 178 del Código Penal para el estado de Guerrero dispone que a quien cometa el delito de violación se le aplicará una pena que va de 12 a 24 años de prisión.

El mismo Código Penal, en su artículo 179, por lo que toca a la violación equiparada, y en ella está comprendida aquella que se realiza con una persona menor de 15 años o con alguien que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, prevé una pena de 10 a 40 años de prisión.

En el primer caso, de conformidad con el artículo 115 del mismo Código Penal, el término medio es de 18 años de cárcel. En el segundo caso, de 25 años.

En ese contexto, la prescripción no corrió durante el tiempo en que el señor Salgado Macedonio ocupó alguno de los cargos por virtud de los cuales gozó de inmunidad: presidente municipal de Acapulco, Guerrero, de 2005 a 2008; y senador de 2018 a 2020; de inicio, sin tomar en cuenta otros cargos que ha desempeñado, podemos decir que la prescripción no corrió cuando menos durante cinco años.

El Ministerio Público, evidentemente, no tomó en consideración los preceptos constitucionales ni los cargos que Salgado Macedonio ha ocupado y por virtud de los cuales gozó de inmunidad y que impidieron que la prescripción corriera. Insisto, la prescripción de los delitos que se le atribuyen no ha operado.

Por otra parte, el Ministerio Público no ha llamado a Salgado Macedonio a declarar respecto de lo que se le acusa. Lo puede hacer por razón de que, por haber pedido licencia al cargo de senador de la República, no goza de inmunidad.

Salgado Macedonio ha hecho del silencio su estrategia para ponerse a salvo de las acusaciones y acceder a la gubernatura. No ha negado ni aceptado la autoría de los ilícitos de los que se le acusa. Los líderes de Morena, por su parte, han admitido como válida esa conducta y, lo que es más, han defendido a su candidato.

El exfiscal general de Justicia del estado de Guerrero, el doctor Xavier Olea Peláez, declaró a Proceso (2306, página 34) que cuando él abandonó el cargo había dejado integrado el expediente listo para ser judicializado.

Ante esa declaración, el actual gobernador Héctor Astudillo, que es priista, salió en defensa del presunto violador, que es morenista y que, por lo mismo, es adversario político del candidato de su partido. Pretendió desvirtuar lo declarado por el exfiscal. Indignado aludió a la afición que éste tiene por el alcohol, pero no dijo nada respecto de la integración de la consignación relacionada con Salgado Macedonio.

Si de censurar inclinaciones o vicios se tratara, Héctor Astudillo, gobernador en funciones, tampoco aludió a la afición de Salgado Macedonio al mezcal.

No es un argumento válido el que el líder nacional de Morena afirme que Salgado Macedonio resultó triunfador en las encuestas que Morena llevó a cabo dentro del estado de Guerrero. Pasa por alto que la ciudadanía no fue advertida, al levantar la supuesta consulta, que sobre el ahora candidato existían algunas acusaciones por el delito de violación y que ellas aún se encontraban en trámite.

Las encuestas de Morena estuvieron amañadas o, en el mejor de los casos, fueron omisas en cuanto a informar de los antecedentes del que ahora es su candidato.

No sabemos si lo de Salgado Macedonio, en el fondo, sea una salida en falso; que estemos ante una maniobra de Morena para consolidar la candidatura de quien es su auténtico candidato. Me explico:

Estando las cosas políticas como están, existe la posibilidad de que, dada las antipatías que provoca la candidatura de Salgado Macedonio, la situación electoral se radicalice y que, por lo mismo, también en el estado de Guerrero se procure la triple alianza: PAN, PRI y PRD, respecto de un candidato; en ese supuesto nadie que esté en sus cabales sería capaz de apostar por el triunfo de Salgado Macedonio.

En el fondo existe la posibilidad de que lo que los líderes de Morena busquen sea provocar una reacción de la ciudadanía que lleve a reconsiderar la decisión tomada a favor de Salgado Macedonio y que la verdadera intención sea jugar con dados cargados a favor de quien siempre fue considerado como el candidato natural a la gubernatura: Pablo Amílcar Sandoval.

Con la salida en falso de la candidatura de Salgado Macedonio se pudieran estirar los tiempos hasta el límite, de tal manera que se le impida que se registre como candidato por otro partido. Es suficiente con que el presidente de Morena afirme que una nueva encuesta puso en evidencia su impopularidad y que, con toda la pena, le retiran la candidatura. Hacerlo pondría fin a los cuestionamientos que la mala elección le aparejó.

La otra posibilidad para obligar a Salgado Macedonio a renunciar a su candidatura es simple: que el Ministerio Público lo llame a declarar; él, con tal de no hacerlo, se vería forzado a renunciar a su licencia como senador y a reasumir su cargo. Al hacerlo, en automático quedaría imposibilitado como candidato.

No creo que los actuales dirigentes de Morena tengan tanta sagacidad e inteligencia política como para hacerlo. Esas jugadas sólo las hacían los priistas en sus buenos tiempos, cuando quienes manejaban las piezas eran viejos mañosos como Adolfo Ruiz Cortines, Fernando Gutiérrez Barrios o Jesús Reyes Heroles.

A los actuales líderes de Morena no les da para tanto; apenas les alcanza para mal cumplir las órdenes que reciben de su amo.

Las víctimas y la sociedad en general deben tomar en consideración que está la vía expedita del amparo para obligar al Ministerio Público a proceder contra Salgado Macedonio, para cuestionar la declaración de prescripción del delito y para exigir responsabilidad tanto al gobernador, por interferir en el funcionamiento de un ente autónomo, como lo debe ser el fiscal del estado, y contra éste por sus omisiones. La sociedad organizada debe impedir que llegue al cargo de gobernador un presunto violador de mujeres.

Si Félix Salgado sale adelante, con un Ministerio Público tan sumiso, pobre del estado de Guerrero. No quisiera estar en el lugar de las mujeres que lo acusaron de violación. No se la van a acabar.