CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La participación del presidente López Obrador en el Consejo de Seguridad de la ONU despertó enorme atención en la opinión pública nacional. Fue un tanto desconcertante su interés en asuntos internacionales de los que, tradicionalmente, está desconectado. Más aún, en los últimos días sus mañaneras han estado acompañadas de comentarios muy poco favorables a eventos internacionales, como la reunión del G20 en Roma y la Cop26 que transcurrió hasta el día 12 en Glasgow. Según su punto de vista, se trata de eventos innecesarios, costosos, plagados de hipocresía, que poco contribuyen a la solución de los problemas que los convocan.

Dados tales sentimientos, parece poco congruente acudir a una sesión del Consejo de Seguridad (CdS), que carece de un atractivo particular para el jefe del Ejecutivo. Cierto que, según el procedimiento de presidencia rotativa de ese órgano, en este mes de noviembre le corresponde presidir a México. Pero esto no le otorga ningún significado especial. La agenda ya está establecida, los participantes son los jefes de delegación; no asisten ministros de Relaciones Exteriores ni otros funcionarios nacionales de alto nivel. El intercambio con otros jefes de Estado, objetivo importante de algunos encuentros internacionales, no tiene lugar. Los principales interlocutores del discurso que pronunció López Obrador fueron el secretario general, António Guterres y, desde luego, los ciudadanos mexicanos que seguimos en vivo y con enorme curiosidad lo que iba a proponer.

A primera vista, la decisión de ir al CdS es un paso en la buena dirección. Puede ser la señal de un giro que lleve a López Obrador a tomar en cuenta lo que ocurre en el mundo para darle prioridad a retos importantes para el desarrollo nacional. En efecto, es necesario tomar conciencia de los efectos devastadores de la pandemia que no se acaba, del acelerado calentamiento de la Tierra y sus consecuencias para la intensidad de los desastres naturales o de los cambios tecnológicos que modifican la forma de vida a lo largo del mundo, pero cuyo control y conocimiento se nos escapan. Sin embargo, esos temas no forman parte de la lectura de los problemas nacionales que, a menos de manera pública, lleva a cabo el jefe del Ejecutivo.

Ahora bien, el discurso pronunciado por AMLO en la ONU no incorporó ninguna reflexión sobre el difícil momento que atraviesa la situación mundial. El meollo de su propuesta fue la creación de un Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar cuyo financiamiento provendría de tres fuentes: 4% de las fortunas de las mil personas más ricas del planeta; 4% de las mil corporaciones privadas que destacan por su valor en el mercado mundial, y 0.2% del PIB de cada país miembro del G20.

Tales fondos, que podrían alcanzar hasta 1 billón de dólares, estarían destinados a programas asistenciales, como pensiones para adultos mayores, becas para jóvenes y discapacitados o actividades productivas subsidiadas, como Sembrando Vida. Los recursos irían directamente a los pobres del mundo, sin intermediación alguna para evitar la corrupción. En resumen, se trata de universalizar los programas asistenciales de la 4T, acompañándolos de la narrativa de solidaridad y búsqueda de la felicidad a través del principio de “primero los pobres”.

Siguiendo su estilo personal, AMLO no pudo resistirse a la confrontación, reclamando al secretario general “que la ONU despierte de su letargo y salga de su rutina del formalismo; que se reforme y que denuncie y combata la corrupción en el mundo, que luche contra la desigualdad y el malestar social que cunden en el planeta con más decisión y liderazgo”. El reclamo fue injustificado en una sesión en la que el secretario general –uno de los dirigentes internacionales que mayormente se han esforzado por colocar la desigualdad al centro de la agenda de la ONU– pronunció un discurso en el que asumía, justamente, el liderazgo que solicita López Obrador.

Tocará a nuestro representante ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, llevar esa propuesta a la Asamblea General, donde será necesaria una extraordinaria labor diplomática para sacar adelante una resolución que, adecuada a las realidades de la ONU, rescate algunas ideas de la propuesta de AMLO y consiga un elevado número de votos a favor.

La participación de López Obrador en el Consejo de Seguridad de la ONU, iniciada ya la segunda mitad de su sexenio, es una buena ocasión para identificar éxitos y limitaciones de un gobierno pleno de enigmas sobre los fines que persigue y las metas que cumple. La utopía del Fondo del Bienestar ilustra bien la brecha entre narrativa y viabilidad, entre la bondad asistencialista y lo incierto de los logros a largo plazo para avanzar, más allá de la subsistencia, hacia niveles más altos de bienestar.

El mundo pospandemia se adentra en situaciones estructurales de desigualdad entre países y al interior de los países que están precipitando niveles crecientes de violencia y fracturas del tejido social que son cada vez más difíciles de remediar. Tales circunstancias abren muchas posibilidades a ilusiones mal sustentadas, a esperanzas que no lleguen a puerto, a promesas que no se puedan cumplir.

El presidente López Obrador tiene un enorme capital político. Es uno de los dirigentes que ha logrado mantener alta popularidad y la confianza de sus seguidores, a pesar de los efectos devastadores de la pandemia y a pesar de los múltiples problemas no resueltos que están en el horizonte de su país: violencia, retraso educativo, energía contaminante, entre otros. Su participación en el Consejo de Seguridad fue, al mismo tiempo, ejemplo del uso de una narrativa solidaria convincente para muchos de sus seguidores y una llamada de atención sobre la enorme incertidumbre sobre el destino de sus propuestas. Queda la mitad de un sexenio para saber hasta dónde llegan los resultados de su lucha por los pobres.  

Este análisis forma parte del número 2350 de la edición impresa de Proceso, publicado el 14 de noviembre de 2021, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.