CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La serie de reportajes sobre Pandora Papers da cuenta de varios elementos que se deben extraer como conjunto de lecciones aprendidas, en aras de tomar medidas no sólo reactivas sino proactivas, más allá de la discusión de su legalidad formal o no.

Veamos.

Primero. Conviene señalar que hay consenso en el mundo en la premisa de que tener recursos personales en paraísos fiscales afecta la economía de los países, genera sospechas razonables sobre su procedencia, en virtud de la secrecía absoluta del secreto bancario y fiduciario, de la ausencia de la mínima transparencia y la falta de acuerdos o convenios para la colaboración de información relevante en esta materia. (Un estudio esencial sobre el tema se puede consultar en: https://tinyurl.com/w8bn88j4).

Los paraísos fiscales afectan el crecimiento económico, propician la desigualdad social y la asimetría económica, toda vez que quienes están en la cúspide de la pirámide económica pueden eludir (pagar menos de la totalidad de impuestos que debieran) o de plano no pagar impuestos, mientras que quienes se encuentran en la base y en los estratos medios de la estructura económica no tienen opción para no pagar los impuestos o hacerlo en menor medida (incluso en México, donde hay una absoluta opacidad sobre el destino puntual y detallado de los impuestos que cada mexicano paga) so pena de enfrentar serias sanciones. Sobra decir que sin esas garantías los paraísos fiscales perderían su atractivo.

Existen casos donde la posesión de recursos económicos en un paraíso fiscal no es un delito, ni siquiera un ilícito, pero el sentido común es implacable: ¿Cuál sería el incentivo para que una persona, mediante empresas formales abiertas en los países que son considerados paraísos fiscales, cumpla con la ley mexicana, si al hacerlo pagaría más impuestos no sólo al transferir dinero sino de manera permanente al informar sobre la evolución de sus ganancias y, peor aún, sin poder deducir impuesto alguno, porque no existe acuerdo con esos países para evitar la doble tributación? En efecto, la respuesta es en sentido negativo. Es posible que haya quien pueda cumplir con ese mandato, pero es improbable que ocurra. Y aquí no aplican las expresiones ofensivas para la inteligencia: “fue poquito”, “no sabía”, “fue por unos días”, “una mañana me despertó una luz de empatía popular y lo cancelé”, y un largo etcétera.

Segundo. En la agenda pública la discusión gira –y es preocupante– con un acento que llama la atención sobre las excepciones para que los beneficiarios finales de esta práctica en México aligeren la eventualidad de que incurran en delito o falta por semejante actividad. Por ahora, lo que se busca en medios, como resultado de los reportajes, es poner en la mesa que esa actividad se encuadra dentro de la norma jurídica y es una práctica internacional.

Salvo honrosas excepciones, la minimización de lo grave de este fenómeno refleja que los beneficiarios finales pertenecen a la esfera pública y privada con incidencia en medios de gran calado, donde la narrativa en este momento es justificar la legitimidad de esas acciones. No es una tarea sencilla salir a la opinión pública con semejante discurso, porque se encuentra desprovisto del mínimo asidero en algún convenio internacional, tratados bilaterales, organizaciones internacionales donde México sea parte o no, estudios con rigor o incluso superficiales, donde se reivindique el rostro humano y solidario de tener recursos personales aceptando sin conceder que sean legítimos y bien ganados. Es tanto como intentar convencer que es de noche y se vive en paz cuando las personas ven que es de día y perciben la comisión reiterada de delitos de alto impacto. La verosimilitud de esa narrativa se ve muy cuesta arriba. Podrán, ni duda cabe, demostrar con despliegue de inteligencia jurídica identificar los puntos ciegos del sistema jurídico mexicano, para salir avante, pero es casi imposible ganar la doble batalla, la jurídica y la de la ética pública, sobre todo si se trata de personajes de relevancia social a quienes sí les importa la percepción social y buscan que la imagen de que única y exclusivamente buscan su provecho personal, sin la mínima expresión de empatía con los mexicanos, no quede como tinta indeleble en la memoria colectiva.

En el sector privado, al menos en México (no en Suecia, donde está regulado ­exhaustivamente el control jurídico y social de las personas físicas y morales de derecho privado), esta última variable les tiene sin pendiente. El mejor escenario es no pagar impuestos y no tener una mala imagen pública, pero llegado el caso, como ahora con los datos revelados por estos importantísimos reportajes, es preferible sacrificar lo segundo para asegurar lo primero.

Tercero. Por lo que se refiere a los políticos o a personas (jurídicas o físicas) privadas que tienen relaciones con el ámbito público, estas revelaciones periodísticas generan muchas preguntas, entre ellas las siguientes, sólo en forma enunciativa: ¿Cómo sostener que tener recursos personales en paraísos fiscales se armoniza con el interés público y la adhesión al espíritu de la ley en México? ¿Cómo demostrar sin dejo de duda que, aceptando que sería ir contra su propio interés, enteraron en tiempo y forma al Sistema de Administración Tributaria de la existencia de una empresa en un paraíso fiscal, pagaron sus impuestos y periódicamente envían sus estados de cuentas para pagar impuestos en México sobre las ganancias obtenidas en aquél? ¿Cómo sostener que todos los estudios sobre los paraísos fiscales están equivocados y que, en realidad, la mejor opción para México reside en que los mexicanos (incluso organizándose para alcanzar los montos requeridos) transfieran sus recursos a paraísos fiscales? ¿Cómo apoyar fervientemente al sistema impositivo mexicano en público y al mismo tiempo tener su patrimonio, o parte de él, en paraísos fiscales? ¿Cómo demostrar, aunque sea con sofismas (mentiras disfrazadas de verdad), honestidad y desactivar la percepción de que actúan con simulación y una doble moral?

Y otras interrogantes generales: ¿Alguien podría creer que un beneficiario final mexicano articularía toda una campaña de medios para aligerar la magnitud de tener dinero en los paraísos fiscales si los Pandora Papers no se hubieran publicado? ¿No sería bueno que, en México, donde a diferencia del legítimo y constitucional principio de presunción de inocencia para los gobernados, existe la presunción, con más razón que sin ella, de corrupción en los gobernantes, se estableciera por ley la aplicación de exámenes de control de confianza por organismo autónomos especializados con procesos debidamente estandarizados (aquí ya traté el tema: https://tinyurl.com/kucaeyfw)? Ya hay un precedente en México, que es la excepción a la regla: Benjamín Robles Montoya, vicecoordinador del PT en la Cámara de Diputados, aprobó un verdadero examen de control de confianza (https://tinyurl.com/4m37kxpm). ¿Cuánta dosis de honestidad aguantan los mexicanos?  ¿O se seguirá al infinito practicando la regla de oro de que el único pecado que no se perdona es la falta de complicidad? 

@evillanuevamx

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