CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante los últimos días, paralelamente a la intensa información sobre los momentos que atraviesa la vida política en Estados Unidos, se gestó en medios de comunicación y análisis de instituciones académicas de ese país la opinión de que existe un ambiente de confrontación entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

Las señales son múltiples: la tardanza en felicitar a Biden; ofrecer asilo político a Julian Asange, considerado un peligroso enemigo por la clase política estadunidense; no condenar los hechos de violencia en Washington DC, que culminaron con el asalto al Capitolio; expedir leyes para controlar y limitar a las agencias de seguridad estadunidenses que operan en México.

Ahora bien, lo que mayormente aceleró la confrontación fue la exoneración, por parte del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, del exsecretario de la Defensa general Salvador Cienfuegos. Asimismo, los duros ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la falta de profesionalismo y seriedad de las acusaciones fabricadas por la DEA. En artículo de primera plana, The New York Times (15/01) afirmó: “La administración de Biden tendrá el reto de reconstruir una relación que ha llegado a su punto más bajo en lo relativo al tráfico de drogas”.

Las circunstancias anteriores invitan a preguntarse ¿cuál es el motivo de ese ánimo de confrontación por parte de López Obrador? Y ¿cuáles son los costos para el país a mediano y largo plazos?

En el terreno de la seguridad, la exoneración de Cienfuegos ha merecido diversas interpretaciones. Para muchos, se trata, esencialmente, de mantener la línea de apoyo a los militares que se han convertido en los actores sobresalientes de la política de la llamada 4T. La cantidad de beneficios que se han otorgado a la armada y la Marina, aunado a la ampliación de sus atribuciones, que van de construir bancos o aeropuertos a responsabilizarse de la aplicación de la vacuna, pasando por la contención de migrantes en la frontera, los ha convertido en la pieza central de las políticas de López Obrador. En ese contexto se ubica la decisión de proteger la imagen de uno de los miembros más influyentes del Ejército, independientemente de las heridas que provoque en los acuerdos de cooperación existentes con Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado.

En opinión de otros, la narrativa nacionalista y defensiva, amparada siempre en la evocación reiterada de los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, está relacionada con las elecciones del 6 de junio. Es fácil levantar en México un sentimiento de orgullo defendiendo la soberanía frente al poderoso vecino del norte. En la historia de los discursos oficiales, referirse a medidas que subrayan una respuesta valiente frente a Estados Unidos siempre levanta aplausos.

Es curioso advertir que, durante los años de Trump, AMLO revirtió esa tendencia. De manera sorpresiva para el discurso de un gobierno considerado de izquierda, ignoró el violento antimexicanismo de Trump promoviendo, a cambio, que los asistentes a mítines en zonas rurales o urbanas lo aplaudieran cuando se pronunciaba a favor de llevar buena amistad con el polémico presidente de Estados Unidos.

Lo que se obtuvo a cambio no fue demasiado. El T-MEC ya estaba negociado cuando AMLO llegó al poder a finales de 2018. Las políticas migratorias estuvieron muy lejos de ser constructivas. Lo único que puede ser visto como ganancia en la relación con Trump fue la cordialidad en el trato personal, el no pronunciarse sobre decisiones de política interna y redirigir el odio antiinmigrante hacia los centroamericanos, sin por ello reducir su animosidad en general hacia los migrantes en Estados Unidos.

En las últimas semanas la narrativa ha cambiado. El nacionalismo defensivo ha tomado lugar importante en las mañaneras de AMLO, alentado por los problemas que se ven venir con Estados Unidos en áreas como son, entre otras, las medidas contra inversionistas extranjeros en el ámbito de la energía; el rechazo a las energías alternativas y la consiguiente desatención a los problemas de cambio climático; el no cumplimiento de las cláusulas en materia laboral establecidas en el T-MEC.

Cabe entonces preguntarse, por una parte, si ese nuevo discurso es útil para asegurar votos a favor de Morena en la contienda electoral que se avecina. (Una respuesta tentativa se podría encontrar en el entusiasmo por el México nacionalista que se manifiesta en las redes sociales).

Por otra parte, se impone una reflexión sobre las consecuencias que una época de confrontación con Estados Unidos, en años de enormes problemas nacionales y globales por la pandemia y sus efectos económicos, tendrá para el futuro del país.

Más allá de las ganancias que se obtengan en el entendimiento con los militares y la buena disposición hacia candidatos de Morena en las elecciones, no hay duda que se pagará un alto costo si no se procede a tender puentes con el gobierno de Biden. Los tiempos son cortos. El presidente entrante tiene dos años para consolidar su gobierno, antes de entrar a las elecciones intermedias que posiblemente le arrebaten la frágil mayoría en el Congreso. De no actuar ahora se perderá un tiempo precioso.

Un buen ejemplo de las tareas donde se abren posibilidades de cooperación significativa es migración. Se acaba de dar a conocer la creación de un puesto nuevo en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) cuyo objetivo es atender los problemas de la frontera sur de Estados Unidos. Para ello ha sido designada Roberta Jacobson, experimentada diplomática que fue embajadora en México (2016-2018). Colocar esa frontera como tema específico de atención por el NSC es, en sí mismo, un mensaje importante.

La decisión forma parte del compromiso de Biden de trazar una ruta muy distinta a la de su antecesor en materia de asilo y migración. El tema involucra necesariamente a los migrantes centroamericanos y, por ende, a la compleja situación existente en los países del llamado Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador). La presencia de una conocedora de México, como Jacobson, facilita enormemente la posibilidad de una acción coordinada. No es una tarea que logre resultados inmediatos. Lo importante es construir la estructura binacional, sabedores de que la meta de tener una frontera estable y un movimiento migratorio seguro y ordenado no podrá lograrse sin un trabajo coordinado entre México y Estados Unidos, con estructuras diplomáticas y administrativas muy profesionales y actuando a largo plazo.

En resumen, no construir puentes con Estados Unidos, sustentados en la diversidad, la inclusión y el respeto a los derechos humanos, es contrario a los intereses de México. Sin embargo, la pregunta cuya respuesta está pendiente es si contamos con el capital humano dispuesto a emprender la tarea de fijar objetivos y estrategias para la relación con Estados Unidos. Por lo pronto, sólo advertimos una enorme debilidad institucional para dialogar con el gobierno de Biden, acompañada de un discurso mal sustentado de confrontación.