CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al presidente López Obrador se le advirtió que no debía reducir los tiempos fiscales durante la pandemia. Ahora el gobierno de la Cuarta Transformación necesita de esos espacios en radio y televisión para comunicar las medidas emergentes ante el alarmante aumento de contagios por covid-19, pero sobre todo para “acallar” a los partidos que ya preparan los cuestionamientos a las políticas sanitarias y económicas del gobierno.

El 23 de abril el presidente AMLO publicó el decreto que redujo 40% el tiempo fiscal a los concesionarios de radio y televisión, por considerarlo excesivo. Lo hizo en plena pandemia, cuando en el país había mil 126 fallecidos por el coronavirus.

La reducción ocurrió exactamente un mes después de que el Consejo de Salubridad General reconoció que la epidemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 requería de atención prioritaria, actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia, incluida una estrategia de comunicación social.

El viernes 18, ocho meses después de la torpe decisión presidencial, en un momento aún más acuciante de la pandemia (más de 117 mil defunciones), el coordinador general de Comunicación Social y vocero del gobierno de la República, Jesús Ramírez, solicitó la “invaluable colabo­ración” para que el Instituto Nacional Electoral destinara los tiempos que por mandato constitucional le corresponde administrar durante el proceso electoral, “para la atención de la situación de emergencia”.

Desde la Asociación Mexicana de Derecho a la Información se advirtió que la decisión del Ejecutivo federal ocurría en el peor momento para México: “Cuando el Estado requiere de su máxima capacidad para difundir mensajes de salubridad general y cuando la sociedad demanda información oportuna, veraz, objetiva, clara e imparcial sobre la pandemia”.

La carta dirigida a Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, dice que “en este momento resulta de vital importancia reforzar las acciones de comunicación para advertir a la población en general sobre las medidas emergentes y extraordinarias que deben llevarse a cabo ante el incremento de casos asociados a las bajas temperaturas en gran parte del territorio nacional”. Pero ya se sabía que eso iba a ocurrir.

En abril se denunció que el decreto que redujo los tiempos fiscales en radio y TV violaba el derecho a la información de la sociedad sobre asuntos de interés público, como la emergencia sanitaria.

El Ejecutivo federal redujo el impuesto en especie que deben pagar los concesionarios privados: 38.88% para TV y 40% en radio. El tiempo fiscal pasó de 18 a 11 minutos en televisión y de 35 a 21 minutos en radio. Con ello afectó en plena pandemia las campañas de comunicación social de secretarías como Salud, Educación o Economía, tan relevantes durante la contingencia.

La reducción no sólo fue a los tiempos del Ejecutivo federal, también para los tiempos de comunicación social de los poderes Legislativo, Judicial y de los organismos autónomos, trasgrediendo la separación de poderes y la autonomía de esas instituciones.

Del total del tiempo fiscal, 40% corresponde al Ejecutivo federal, 30% al Poder Legislativo, 10% al Poder Judicial y 20% al conjunto de los entes autónomos, como el INE y los partidos. De forma inopinada, AMLO les redujo a todos 40%.

Cínicamente, la misiva de Jesús Ramírez solicita que el INE intervenga para que los partidos políticos renuncien a sus tiempos en radio y TV para atender la emergencia sanitaria.

La solicitud es una trampa política: quiere contraponer a la autoridad electoral y los partidos con la sociedad. Busca exhibirlos para que –como cuando Morena no renunció a sus espacios en radio y TV durante el terremoto de 2017, porque se acercaban las elecciones presidenciales– asuman el costo político de no ceder sus prerrogativas en radiodifusión para que el gobierno comunique mensajes de prevención, contingencia y mitigación de la pandemia, como si más comunicación fuera igual a mejores mensajes.

Cuando AMLO anunció que devolvería los tiempos fiscales dijo que un “gobierno que mantiene comunicación con el pueblo no necesita de la propaganda”. En un nuevo peor momento de la pandemia y en pleno proceso electoral, la 4T requiere de toda la propaganda posible para apuntalarse.

La 4T y Morena saben que los partidos de oposición van a cuestionar el errático manejo de la pandemia y las desastrosas consecuencias sociales y económicas del segundo confinamiento en la Ciudad de México y otras entidades del país, rumbo a la renovación de la Cámara de Dipu­tados y diversos cargos en 2021.

Y es que el decreto presidencial no sólo buscaba congraciarse con los industriales de la radiodifusión. También traía un trasfondo político.

Menos tiempo a disposición del INE durante los procesos electorales significa reducir considerablemente los espacios en radio y televisión de las autoridades electorales (constantemente cuestionada por la 4T), partidos, precandidato(a)s y candidato(a)s para informar asuntos de democracia electoral y para conocer proyectos, temas y propuestas de partidos y candidaturas, lo cual afecta el derecho a la información de la ciudadanía, uno de los pilares de la democracia.

Tras conocerse la carta de Jesús Ramírez, el consejero electoral Ciro Murayama reiteró los perjuicios de la decisión presidencial de disminuir los tiempos fiscales en radio y televisión en abril, porque “afectaría las campañas para informar sobre covid-19”. El 7 de mayo el INE promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra del decreto presidencial que le condona el impuesto en especie a los concesionarios de la radiodifusión.

La carta del coordinador general de Comunicación Social es una confesión pública del error cometido por el presidente AMLO de reducir los tiempos fiscales; es evidente la afectación al derecho a la información de la sociedad en medio de una contingencia sanitaria. También es una demostración de que el gobierno está nervioso y piensa que puede acallar a los partidos políticos y a sus candidatos solicitando que cedan sus tiempos en radio y TV. Lo anterior evidencia el mal manejo comunicacional de la emergencia por covid-19 y un desprecio por la democracia.­ l

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