Utilizar la televisión para el aprendizaje a distancia es una estrategia anacrónica hoy forzada por la pandemia, pero sobre todo por la falta de acceso universal a la banda ancha e internet, por una escasa apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para la educación, la ausencia de plataformas digitales que promuevan la interacción maestro-alumno y la debilidad de los medios públicos. El ciclo escolar 2020-2021 se iniciará a distancia a partir del 24 de agosto “utilizando fundamentalmente la televisión”, dice el Acuerdo de la Secretaría de Educación Pública del pasado 3 de agosto. Las televisoras públicas y privadas estarán coordinadas para transmitir los contenidos oficiales producidos por la SEP, basados en los planes de estudio y los libros de texto. Televisa, TV Azteca, Imagen Televisión y Grupo Multimedios, las 36 televisoras públicas estatales, los canales Once, Ingenio TV y Canal 14 transmitirán los contenidos educativos de la SEP a 94% de la población mediante el programa de aprendizaje a distancia “Aprende en Casa II”. Donde no llegue la televisión, las clases se difundirán por radio en 22 lenguas indígenas. Las televisoras comerciales no transmitirán los contenidos de forma gratuita. La SEP pagará 15 pesos por cada uno de los 30 millones de alumnos inscritos al ciclo escolar: 450 millones de pesos. Esta cifra equivale a 22.67% del presupuesto programado de todos los medios públicos federales en 2020 (mil 984.5 millones de pesos).

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https://publicacionesdigitales.proceso.com.mx/library Ese dinero les hace mucha falta a los medios públicos, cuya función consiste precisamente en “promover la educación”. Una carta firmada por el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPREM) a Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, solicita una ampliación presupuestal para que “continúen operando” las señales de los medios públicos. El decreto de austeridad publicado el 23 de abril ordena una reducción de 75% en los gastos de operación, equivalente a 186 millones de pesos menos para los canales Once, 14, 22 y Radio Educación. El artículo 7-XI de la Ley del SPREM dice que uno de los principios rectores del Sistema es “procurar la más amplia audiencia y la máxima continuidad y cobertura geográfica y social”. Sin embargo, el 2 de diciembre de 2019 el SPREM renunció a siete concesiones de televisión abierta otorgadas por el IFT en 2016 con cobertura en Culiacán, Sinaloa; Gómez Palacio, Durango; Guaymas, Sonora; Matías Romero, Oaxaca; Pachuca, Hidalgo; Puerto Vallarta, Jalisco y Tehuacán, Puebla. También renunció a dos frecuencias de radio con cobertura en Matías Romero, Tehuacán y Coatzacoalcos. Los oficios de renuncia del SPREM al Instituto Federal de ­Telecomunicaciones (IFT) no explican las causas, pero éstas constan en el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2019 de la Junta de Gobierno del SPREM: “se determinó la inviabilidad de los aspectos tanto técnicos como presupuestarios necesarios para iniciar la operación de las frecuencias concesionadas en 2016, a lo que se añadió la baja captación de población a cubrir a través de dichas frecuencias, pues el proyecto de la actual administración del SPREM y de los medios públicos federales privilegia la compartición de infraestructura y no la fragmentación de los medios públicos, así como la expansión de la cobertura a zonas de alta densidad demográfica”. La explicación es una confesión del abandono de zonas con escasa población, como si la cobertura de los medios públicos obedeciera a criterios de mercado. El SPREM se creó para “asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades federativas a contenidos que promuevan (entre otras) la formación educativa”. El artículo 12 de la Ley del SPREM le permite “tramitar nuevas concesiones a efecto de contar con la cobertura territorial necesaria que le permita cumplir cabalmente con sus principios rectores”. A cambio, el SPREM decidió renunciar a nueve concesiones sin antes haber solicitado una prórroga que le permitiera conseguir los recursos presupuestarios para poner en operación las frecuencias. Los legisladores también han fallado. El artículo decimotercero de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, de 2013, dice que la Cámara de Diputados dotará de “suficiencia presupuestaria” al SPREM para su “buen funcionamiento”. Los concesionarios privados no debieran cobrar por la transmisión de los cursos de la SEP. El artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión dice que la programación que se difunda a través de radiodifusión deberá propiciar “el mejoramiento de los sistemas educativos”. La transmisión de los contenidos de la SEP durante la pandemia está siendo posible gracias al acceso sin pago de contraprestación a canales adicionales de multiprogramación para los concesionarios comerciales autorizados por el IFT. Aunque el regulador tiene la atribución de fijar el monto de las contraprestaciones por el acceso a la multiprogramación, el IFT decidió no cobrar por esos canales en sus lineamientos. La multiprogramación es posible gracias a la digitalización. Si la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) y el apagón analógico no se hubieran adelantado de 2021 a 2015 (a lo cual siempre se opusieron las televisoras), hoy no tendríamos ni televisión digital ni multiprogramación ni más espectro radioeléctrico para servicios móviles ni transmisión de contenidos educativos durante la emergencia sanitaria. Hoy Televisa y TV Azteca se benefician de la TDT pero antes se opusieron. La lección es clara: acelerar la digitalización sí trae beneficios para el país. Si los 10.1 millones de televisores digitales que se regalaron en 2015 (por los cuales se invirtieron 28.4 mil millones de pesos) hubieran estado equipados con acceso a internet y acompañados de un teclado, hoy ese mismo número de hogares tendrían una pantalla con acceso a contenidos educativos en línea. Quien produce los contenidos educativos de la SEP es la Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE). Esta instancia se fusionó con la Coordinación General @prende de la SEP para converger las TIC con contenidos educativos, el futuro de la enseñanza para niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, en 2019 y en 2020 se le redujo el presupuesto a 239.2 y 214.5 millones de pesos, respectivamente. Con menos dinero cada año la DGTVE tuvo que producir más contenidos para la TV durante la pandemia, pero la calidad y la eficacia pedagógica de los mismos ha sido cuestionada. La SEP es la única secretaría de Estado con una Agenda Digital Educativa (ADE) por mandato de la Ley General de Educación. La ADE “dirigirá los modelos, planes, programas, iniciativas, acciones y proyectos pedagógicos y didácticos que permitan el aprovechamiento de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital”. También dice que “se fortalecerán los sistemas de educación a distancia mediante el aprovechamiento de las multiplataformas digitales, la televisión educativa y las tecnologías de la información”, pero no se ha avanzado lo suficiente. A diferencia de la Telesecundaria, que se instituyó en 1968, actualmente la educación tanto presencial como a distancia pasa necesariamente por la infraestructura y la conectividad ubicua de banda ancha; la apropiación de tecnologías por parte de docentes y alumnos; la creación de plataformas, recursos educativos, contenidos de calidad y alfabetización digital. Pero esas son sólo las herramientas. Hay que repensar la escuela, el aula, la enseñanza-aprendizaje y los conocimientos en un mundo cada vez más digital y conectado. *El autor es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) Este texto forma parte del número 2284 de la edición impresa de Proceso, publicado el 9 de agosto de 2020, y cuya versión digitalizada puedes adquirir aquí